El despido de un fiscal

25 de julio de 2007
 

Por una medida que promovió Néstor Kirchner hace 12 años, cuando era gobernador de Santa Cruz, el Estado argentino cuenta desde hace casi un mes con una nueva denuncia en su contra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
 

En la última semana del mes pasado, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) acusó al país por la falta de respuesta en el "caso Sosa". Así se conoce la remoción irregular, concretada en 1995, del entonces procurador general de Santa Cruz, Eduardo Emilio Sosa.
 

El desplazamiento del funcionario se decidió por una ley provincial que desdobló en dos la Procuración General. Sosa debió abandonar su cargo sin un juicio político previo y, pese a que la Corte Suprema ordenó su reposición, nunca recuperó su lugar.
 

En la presentación que hizo el CELS en Washington se afirma que, por la falta de resolución del caso Sosa, el Estado argentino violó diversos derechos garantizados en la Convención Americana de Derechos Humanos.
 

Sobre el Estado nacional, en particular, se dice que "violó los derechos a la protección judicial y a contar con un recurso efectivo".
 

El CELS acusó a la provincia de violar "los derechos y garantías" del ex funcionario y de mantener "una situación que implica la afectación de la independencia del Poder Judicial y de debilitamiento del Estado de Derecho", según consta en el escrito firmado por Gastón Schiller, director ejecutivo del organismo.
 

De acuerdo con el reglamento de la CIDH, en las próximas se le correrá traslado de la demanda al Estado argentino para que presente su descargo en un plazo de dos meses. Después la comisión resolverá si admite o no el caso. Este proceso no tiene plazo.
 

"Para nosotros éste es un caso paradigmático de vulneración de la independencia judicial en las provincias. Creemos que la intervención de la comisión puede ayudar a consolidar la democracia en la Argentina", dijo a LA NACIÓN Andrea Pochak, directora del área jurídica del CELS.
 

Problema nacional
 

La presentación se suma a otras que hizo el organismo ante la CIDH acerca del avance del poder político sobre la Justicia en las provincias. En 2003, denunció las destituciones irregulares de dos juezas de San Luis, Adriana Gallo y Ana María Careaga. El caso ya está en la Corte Interamericana, el superior a la CIDH. Antes, se había quejó por la destitución de Luis Leiva como juez federal de Mendoza. La comisión también tiene en estudio, en otros temas, la falta de esclarecimiento del ataque a la AMIA.
 

En la denuncia del CELS se reconstruye con detalle el proceso judicial que atravesó Sosa. Apenas fue destituido, el ex procurador cuestionó la decisión ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz y ante la Corte Suprema, que en 1998 (cuando Kirchner aún era gobernador) ordenó la reposición de Sosa en su cargo. Pero la provincia nunca acató el fallo.
 

Ante una nueva intimación de la Corte Suprema, en abril de 2005, el TSJ resolvió indemnizar a Sosa con 1.216.182 pesos. Pero el ex funcionario rechazó el pago y volvió a reclamar ante la Corte el cumplimiento del fallo de 1998. El máximo tribunal todavía no resolvió ese planteo.
 

"La implementación de la ley que tuvo por efecto remover a quien fuera el procurador general de Santa Cruz por un medio distinto del previsto por la Constitución provincial -dice la denuncia del CELS- importó la vulneración de la estabilidad en el cargo de un funcionario judicial y el avance de los poderes políticos sobre el Ministerio Público de Santa Cruz." Gabriel Sued, de la Redacción de LA NACIÓN. Reproducción de su nota del día 24 de julio de 2007