25 de julio de 2007
Por una medida que promovió Néstor
Kirchner hace 12 años, cuando era gobernador
de
Santa Cruz, el Estado
argentino cuenta desde hace casi un mes con una nueva
denuncia en
su contra en la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la Organización
de Estados Americanos (OEA).
En la última semana del mes pasado, el
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) acusó al país
por la falta de respuesta en el "caso Sosa". Así se conoce
la remoción irregular, concretada en 1995, del entonces
procurador general de Santa Cruz, Eduardo Emilio Sosa.
El desplazamiento del funcionario se
decidió por una ley provincial que desdobló en dos la
Procuración General. Sosa debió abandonar su cargo sin un
juicio político previo y, pese a que la Corte Suprema ordenó
su reposición, nunca recuperó su lugar.
En la presentación que hizo el CELS en
Washington se afirma que, por la falta de resolución del
caso Sosa, el Estado argentino violó diversos derechos
garantizados en la Convención Americana de Derechos Humanos.
Sobre el Estado nacional, en particular,
se dice que "violó los derechos a la protección judicial y a
contar con un recurso efectivo".
El CELS acusó a la provincia de violar
"los derechos y garantías" del ex funcionario y de mantener
"una situación que implica la afectación de la independencia
del Poder Judicial y de debilitamiento del Estado de
Derecho", según consta en el escrito firmado por Gastón
Schiller, director ejecutivo del organismo.
De acuerdo con el reglamento de la CIDH,
en las próximas se le correrá traslado de la demanda al
Estado argentino para que presente su descargo en un plazo
de dos meses. Después la comisión resolverá si admite o no
el caso. Este proceso no tiene plazo.
"Para nosotros éste es un caso
paradigmático de vulneración de la independencia judicial en
las provincias. Creemos que la intervención de la comisión
puede ayudar a consolidar la democracia en la Argentina",
dijo a LA NACIÓN Andrea Pochak,
directora del área jurídica del CELS.
Problema nacional
La presentación se suma a otras que hizo
el organismo ante la CIDH acerca del avance del poder
político sobre la Justicia en las provincias. En 2003,
denunció las destituciones irregulares de dos juezas de San
Luis, Adriana Gallo y Ana María Careaga. El caso ya está en
la Corte Interamericana, el superior a la CIDH. Antes, se
había quejó por la destitución de Luis Leiva como juez
federal de Mendoza. La comisión también tiene en estudio, en
otros temas, la falta de esclarecimiento del ataque a la
AMIA.
En la denuncia del CELS se reconstruye
con detalle el proceso judicial que atravesó Sosa. Apenas
fue destituido, el ex procurador cuestionó la decisión ante
el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz y ante
la Corte Suprema, que en 1998 (cuando Kirchner aún era
gobernador) ordenó la reposición de Sosa en su cargo. Pero
la provincia nunca acató el fallo.
Ante una nueva intimación de la Corte
Suprema, en abril de 2005, el TSJ resolvió indemnizar a Sosa
con 1.216.182 pesos. Pero el ex funcionario rechazó el pago
y volvió a reclamar ante la Corte el cumplimiento del fallo
de 1998. El máximo tribunal todavía no resolvió ese planteo.
"La implementación de la ley que tuvo por
efecto remover a quien fuera el procurador general de Santa
Cruz por un medio distinto del previsto por la Constitución
provincial -dice la denuncia del CELS- importó la
vulneración de la estabilidad en el cargo de un funcionario
judicial y el avance de los poderes políticos sobre el
Ministerio Público de Santa Cruz."
Gabriel Sued, de
la Redacción de LA NACIÓN. Reproducción
de su nota del día 24
de julio de 2007