21 de Julio de 2008
 

El ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, cedió ante un reclamo de la Corte Suprema y derogó una controvertida resolución, que él mismo había dictado, que obligaba a las fuerzas de seguridad a informarlo antes de cumplir cualquier orden judicial.

El ministro dio marcha atrás ayer después de una tensa reunión con miembros de la Corte Suprema, que le plantearon su preocupación por la resolución 1084, denunciada por jueces y fiscales como una “injerencia indebida del Gobierno en el Poder Judicial”, y le reclamaron la creación de una policía judicial.

La directiva que ayer quedó sin efecto era del 29 de abril y colocaba un intermediario en la relación de los jueces con las fuerzas de seguridad (“auxiliares” de aquéllos, según la ley). Ese intermediario era el Gobierno. Toda orden de allanamiento, de secuestro de documentos o de traslado de un detenido debía ser notificada a Aníbal Fernández antes de ser ejecutada. Según los fundamentos de la resolución, el propósito era regular con mayor eficacia la relación entre la Justicia y las fuerzas de seguridad.

De inmediato, los jueces expresaron su desconfianza. “Es una manera de controlar que no se pueda investigar al poder político”, denunció el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Ricardo Recondo. “¿Cómo podría prosperar un allanamiento contra un funcionario si se le avisa antes al Gobierno?” Ayer, tras la derogación, Recondo elogió a Aníbal Fernández: “Esta es la flexibilidad que tiene que tener un político. Se da cuenta de que cometió un error y lo rectifica. Es así como se gana respeto”. En rigor, fueron dos las resoluciones que el ministro derogó: la 1084 y una complementaria de la que nada se supo hasta ayer, la 1531.

Esta última resolución, firmada por Aníbal Fernández hace 20 días, establecía que no todos los pedidos debían serle notificados, sino "sólo" algunos. Por ejemplo, los que implicaran "temas de notoria trascendencia institucional", los que incluyeran "situaciones no previstas reglamentariamente", los que fueran considerados "un exceso en las atribuciones del requirente" y los que resultaran "de difícil o imposible cumplimiento".

Si los jueces estaban molestos con la primera resolución, ésta los enojó aún más. ¿Cuál es el fundamento de notificarle al ministro las órdenes "de trascendencia institucional"?, protestaban. Para los magistrados, esta nueva norma no hacía más que profundizar los defectos de la anterior. El objetivo del ministerio de poner fin a la polémica no se había logrado.

Ayer, luego de la reunión con la Corte, Aníbal Fernández anunció que de aquí en más se utilizará otro método para evitar problemas en la relación entre los jueces y las fuerzas de seguridad. Acordó con el máximo tribunal crear una comisión que tendrá por función revisar las instrucciones judiciales que pudieran generar conflictos en su aplicación. Estará formada por representantes del Ministerio de Justicia y del máximo tribunal.

"Esta comisión satisface plenamente mi interés en regular de la manera más eficaz y ajustada a derecho la relación entre los jueces y fiscales federales y las fuerzas de seguridad a mi cargo", declaró Aníbal Fernández.

Del él dependen la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal.

La reunión del ministro de Justicia con los jueces de la Corte terminó poco después de las 10.

Antes del mediodía, Aníbal Fernández ya tenía lista su nueva resolución, de sólo dos artículos. El primero establece: "Deróganse las resoluciones del Ministerio de Justicia Seguridad y Derechos Humanos números 1084 de fecha 29 de abril de 2008 y 1531 de fecha 6 de junio de 2008". El segundo es de forma.

El ministro le hizo llegar su resolución al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, junto con una nota en la que le agradeció la "fructífera reunión" mantenida, así como la "propuesta superadora" de crear la comisión conjunta para revisar "eventuales instrucciones judiciales que pudieran generar conflictos en lo atinente a su cumplimiento".

Nada dijo Aníbal Fernández del viejo reclamo que ayer reeditó la Corte: la creación de una policía que sólo dependa del Poder Judicial.

Cuando terminó la reunión con el ministro de Justicia, Lorenzetti anunció: "Trabajamos sobre una solución superadora. Vamos a ver si es posible crear una policía judicial específica para el cumplimiento de las órdenes que dan los jueces. Si se concreta, va a fortalecer la independencia de los jueces".

Pero el Gobierno no fue tan lejos. "El ministro se mostró dispuesto a charlar el tema, pero no dijo que sí ni que no", relató a LA NACION una fuente cercana a Aníbal Fernández ante la consulta de si el ministro se había comprometido a impulsar el proyecto.

En consonancia con la Corte, el presidente de la Asociación de Magistrados sostuvo ayer que la policía judicial es imprescindible. "Es un paso fundamental para consolidar la independencia de los jueces", afirmó Recondo. Por ahora, parece difícil que se haga realidad.

Por Paz Rodríguez Niell
De la Redacción de LA NACION