La transparencia de las compras del Estado

5 de Febrero de 2008

 

 

 

La corrupción destruye las posibilidades de millones de personas a una vida plena. Drena recursos públicos de bolsillos y cuentas privadas. Coarta el desarrollo, destruye el medioambiente, lesiona la calidad de las instituciones democráticas e impide el acceso a la Justicia.

La transparencia, el acceso a la información pública y el control han mostrado ser efectivos remedios en la lucha contra la corrupción.

En 2006, la investigación de Poder Ciudadano, Contrataciones Públicas Vulnerables, reveló el alto nivel de vulnerabilidad del sistema nacional de compras públicas. Transparencia y eficiencia son cualidades que brillan por su ausencia.
 

La alta discrecionalidad de los funcionarios, bajo control, falta de programación, baja e insuficiente capacitación fueron las variables peor calificadas.

En ese estudio, especialistas de los sectores público y privado afirmaron que, al comprar mal, el Estado destruye los bienes de la comunidad. Además, la falta de control lleva a que muchas veces lo que se compra no sea necesariamente lo que se esperaba adquirir. Por último, el informe destaca que “la falta de transparencia siempre está asociada a normas indebidamente restrictivas que hacen que el funcionario que las aplica tenga el poder de no aplicarlas, de aplicarlas más suavemente o de tener soluciones en sus manos”.

Recientemente, la Oficina Anticorrupción (OA) publicó un estudio detallado sobre el estado de las contrataciones de bienes y servicios de la APN que complementa, profundiza y abona las conclusiones del estudio anteriormente citado.

Lo positivamente novedoso radica en que, esta vez, es el propio organismo dependiente del Poder Ejecutivo el que confirma el alto nivel de vulnerabilidad a la corrupción e ineficiencia del sistema de compras públicas. Esto, a pesar de que la investigación no analizó las compras y contrataciones relacionadas con la obra pública.

Doblemente verificados, los riesgos de corrupción se revelan en la ausencia de una planificación anual de las compras, la dispersión y el no procesamiento de información, la carencia de simpleza y racionalidad de la normativa, el retraso en la recepción de partidas presupuestarias por parte de los organismos, la ambigüedad de los pliegos que aumenta la discrecionalidad de los funcionarios, y el desfase entre la reglamentación y la práctica diaria de las compras frecuentes, entre otros.

Detrás de todo diseño normativo y administrativo anidan los incentivos (o los desincentivos) para la transparencia o la corrupción.

¿Será la hora de que pongamos manos a la obra?

Laura Alonso, Directora Ejecutiva de Poder Ciudadano