5 de Febrero de 2008
La
corrupción destruye las posibilidades de millones de personas
a una vida plena. Drena recursos públicos de bolsillos y
cuentas privadas. Coarta el desarrollo, destruye el
medioambiente, lesiona la calidad de las instituciones
democráticas e impide el acceso a la Justicia.
La transparencia, el acceso a la información pública y el
control han mostrado ser efectivos remedios en la lucha contra
la corrupción.
En 2006, la investigación de Poder Ciudadano, Contrataciones
Públicas Vulnerables, reveló el alto nivel de vulnerabilidad
del sistema nacional de compras públicas. Transparencia y
eficiencia son cualidades que brillan por su ausencia.
La alta
discrecionalidad de los funcionarios, bajo control, falta de
programación, baja e insuficiente capacitación fueron las
variables peor calificadas.
En ese estudio, especialistas de los sectores público y
privado afirmaron que, al comprar mal, el Estado destruye los
bienes de la comunidad. Además, la falta de control lleva a
que muchas veces lo que se compra no sea necesariamente lo que
se esperaba adquirir. Por último, el informe destaca que “la
falta de transparencia siempre está asociada a normas
indebidamente restrictivas que hacen que el funcionario que
las aplica tenga el poder de no aplicarlas, de aplicarlas más
suavemente o de tener soluciones en sus manos”.
Recientemente, la Oficina Anticorrupción (OA) publicó un
estudio detallado sobre el estado de las contrataciones de
bienes y servicios de la APN que complementa, profundiza y
abona las conclusiones del estudio anteriormente citado.
Lo positivamente novedoso radica en que, esta vez, es el
propio organismo dependiente del Poder Ejecutivo el que
confirma el alto nivel de vulnerabilidad a la corrupción e
ineficiencia del sistema de compras públicas. Esto, a pesar de
que la investigación no analizó las compras y contrataciones
relacionadas con la obra pública.
Doblemente verificados, los riesgos de corrupción se revelan
en la ausencia de una planificación anual de las compras, la
dispersión y el no procesamiento de información, la carencia
de simpleza y racionalidad de la normativa, el retraso en la
recepción de partidas presupuestarias por parte de los
organismos, la ambigüedad de los pliegos que aumenta la
discrecionalidad de los funcionarios, y el desfase entre la
reglamentación y la práctica diaria de las compras frecuentes,
entre otros.
Detrás de todo diseño normativo y administrativo anidan los
incentivos (o los desincentivos) para la transparencia o la
corrupción.
¿Será la hora de que pongamos manos a la obra?
Laura Alonso, Directora Ejecutiva de
Poder Ciudadano
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