4 de Febrero de 2008

El defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, quiere que se declare la emergencia vial por ley. Dice que ya cuenta con las firmas necesarias para presentar una iniciativa popular, si Cristina no se apura en mandar ese proyecto al Congreso

OJO

El 13 de enero de 2008, trece personas perdieron la vida en un choque frontal ocurrido en La Francia, kilómetro 180 de la ruta 19, en Córdoba. Choque que no hubiera ocurrido en una moderna autopista correctamente diseñada. Trece muertes evitables.

¿Qué responsabilidad le cabe al Estado como proveedor monopólico de estas carreteras de altísimo riesgo, verdaderas rutas de la muerte? Según la jurisprudencia predominante, el Estado no tiene responsabilidad alguna por las condiciones de diseño de las carreteras siempre que coloque carteles de advertencia bien visibles que alerten al conductor sobre los riesgos específicos en cada tramo de la vía: paso a nivel sin barreras, curva peligrosa, banquinas descalzadas, zona de derrumbes, puente angosto, calzada en mal estado, zona de niebla, animales sueltos, etc. Todos carteles de rutina en la red troncal nacional que lleva el 57% del tránsito interurbano y concentra el 75% de las muertes en ruta.

Con estos carteles, el Estado enuncia prolijamente la lista de calamidades que aguardan al sufrido viajero. Es, además, una confesión explicita de la impotencia del Estado en brindar una infraestructura segura.

La jurisprudencia se ha apartado, en este caso, de la doctrina correcta, que declaró inoficiosos los clásicos carteles exculpatorios que colocaban los propietarios de casas de renta: “Habiendo escaleras, el propietario no se hace responsable por los accidentes ocurridos con el uso del ascensor”. Los jueces hicieron siempre responsable al propietario por las deficiencias del ascensor, por ser el dueño de la cosa y el generador del riesgo objetivo.

El Estado también es dueño de la cosa (carretera) y generador objetivo del riesgo, al diseñar, construir y reglamentar el uso de las carreteras, además de cobrar pesadas gabelas para brindar un servicio deficiente. Sin embargo, los jueces se han apartado de esta sabia doctrina.

¿Por qué en lugar de colocar carteles, el Estado no elimina los riesgos evitables, cuando el avance de la técnica vial lo hace posible? El ingeniero Pascual Palazzo, fundador de la cátedra de Vías de Comunicación, en la UBA, enseñaba: “El camino ideal es aquel que no tiene ningún cartel de peligro, porque todos los riesgos previsibles han sido eliminados”.

La teoría conductualista muy en boga en nuestro país atribuye el peso principal de la culpa al conductor. Se sostiene que el 90% de los siniestros son culpa del conductor: porque iba rápido; porque se distrajo; porque somos latinos e indisciplinados y manejamos mal con escaso respeto de las normas. Ahora ha surgido una nueva teoría: las trece víctimas de La Francia ocurrieron porque iban muchas personas en cada vehículo.

¿Cómo abordaron esta compleja cuestión los países que funcionan? En EE.UU., la tasa de siniestralidad antes de construirse las autopistas (1956) era también muy elevada: 6,28 muertos cada 100 millones de vehículos/milla recorridos. El Estado, en lugar de echarles la culpa a los conductores, diagnosticó que los accidentes se producían por las deficiencias estructurales de sus rutas mortales y, consecuentemente, construyó la Red Eisenhower de autopistas. La siniestralidad bajó a la octava parte. El gobierno federal no se limitó a llenar las rutas con carteles alertando los peligros. Hizo algo más eficaz: los suprimió sobre la base de la ingeniería vial.

El Congreso de la Nación tiene a consideración un proyecto de ley para construir una red de autopistas. Si sirve, debe aprobarla, y si no sirve, reemplazarla por otra mejor. Lo que no es admisible, porque tiene un insoportable costo social, es no hacer nada.
 

Por Guillermo Laura.
El autor es presidente de la Fundación Metas Siglo XXI.