26 de Mayo de 2009
Los costos que debería pagar el
Gobierno
La pregunta del millón entre
analistas políticos y económicos por estas horas es si los
Kirchner sabían o no sobre la nacionalización forzada por el
presidente Hugo Chávez que afecta a una importante empresa
argentina.
El interrogante, en realidad,
resulta irrelevante porque cualquier respuesta debería
generarle cierto costo político a la pareja residente en
Olivos.
Si el matrimonio presidencial
recibió la "primicia" y calló la semana pasada mientras
Chávez disfrutaba de las comodidades de El Calafate, podría
ser acusado de no defender los intereses de las empresas
nacionales, a diferencia de otros líderes latinoamericanos,
especialmente el presidente de Brasil, Lula da Silva, que no
se cansa de recorrer el mundo para que el país y sus
empresas ganen mercados.
Si en cambio
Chávez se mofó de sus "amigos" y no les contó acerca de su
audaz jugada, el pecado sería mayor, por la sostenida
ingenuidad del Gobierno de creerlo un aliado incondicional y
no alguien que hace negocios con cualquiera (inclusive con
su "enemigo", el ex presidente George W Bush), como ya lo
demostró cuando le cobró a la Argentina una usuraria tasa de
interés del 15% por la última colocación de bonos para
"ayudar" a refinanciar la deuda.
Si, por el contrario, alguien en el
Gobierno piensa que esta decisión puede ser positiva en la
campaña electoral al generar temor entre los empresarios
locales por un eventual "efecto espejo" en la Argentina,
debería entender, como dijo un importante funcionario hace
pocas horas, que "para nacionalizar hay que tener dinero",
fuente que no abunda en los últimos meses en el país, tal
como lo demuestra la involución de las cuentas fiscales y
externas.
Los Kirchner
han tenido en la política de relaciones exteriores uno de
los aspectos más débiles de su gestión: peleas con Uruguay,
tensión con Chile, España y EE.UU., por nombrar algunos
casos relevantes.
Por lo tanto, la reciente decisión
de este mal émulo de Simón Bolívar vuelve a colocarlos en
una encrucijada, que debería obligar al ex presidente o a su
sucesora a volver a elevar el tono de voz, pero ahora con
una justa razón.
Martín Kanenguiser, en su columna
en el diario la Nación.