wikileaks , llego con todo:
el " prócer  Néstor y cristina
pero solo confirma lo que se
ve cada DIA: corrupción a los
peores niveles de la historia:
veamos las ultimas "perlitas"
que, con apretadas de moyano
se superan y mejoran cada dia

09 de Febrero de 2011

CORRUPCIÓN EN ARGENTINA»

EE UU, preocupado por la corrupción oficial en Argentina

Más de cien cables de la embajada americana alertan del frágil sistema judicial y de la impunidad de quienes delinquen

El fenómeno de la corrupción oficial en Argentina preocupa a Estados Unidos, cuya embajada en Buenos Aires envió al Departamento de Estado más de cien despachos confidenciales, a lo largo de varios años, alertando sobre la fragilidad del sistema judicial en el país sudamericano y, consecuentemente, sobre la impunidad de quienes delinquen. Sin auténtica voluntad política para erradicarla, la corrupción es generalizada en la judicatura y la policía, y alcanza a la política, según denuncia un informe enviado a Alberto. R. Gonzales, entonces Fiscal General de EE UU, poco antes de su viaje a Buenos Aires.

·                                 Cable de EE UU que señala que el Gobierno de Kirchner investiga a otros gobiernos, pero no las denuncias contra el suyo

·                                 Cable de EE UU que denuncia que políticos argentinos ofrecen puestos políticos a jueces para beneficiarse de la justicia

·                                 Cable de EE UU que habla de una supuesta comisión del 15% cargada por el Gobierno argentino al sector privado

·                                 Cable de EE UU en el que se informa que el jefe del ejército argentino ha sido cesado por corrupción

·                                 Cable de EE UU que apunta que la ley de amnistía del Gobierno argentino despierta sospechas

·                                 Cable de EE UU que analiza la renuncia del fiscal anticorrupción, Manuel Garrido

El matrimonio KirchnerLa mayoría de los países de América Latina ocupan, con Venezuela a la cabeza, puestos lamentables en la clasificación de Transparencia Internacional (TI), ya que la corrupción atraviesa los negocios y la política, y las denuncias no resueltas sobre comisiones ilegales y sobornos son innumerables. Venezuela, Argentina, Paraguay, México Honduras, Ecuador o Bolivia figuran entre las naciones más castigadas por la corrupción oficial y la impunidad.

La renuncia del fiscal argentino anticorrupción Manuel Garrido , en marzo de 2009, alegando la imposibilidad de cumplir con su trabajo, maniatado por restricciones normativas, fue recibida con desagrado por la legación diplomática norteamericana. La embajada había seguido atentamente las investigaciones de Garrido sobre el sospechoso incremento patrimonial del matrimonio Kirchner y de funcionarios del entorno presidencial. "Los recientes movimientos del gobierno argentino socavan la independencia y la eficacia de los organismos con jurisdicción sobre casos de corrupción", condenó la embajada.

A pesar de que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dispone de una oficina anticorrupción, esta se ha centrado fundamentalmente en investigar los casos ocurridos durante las administraciones de Carlos Ménem (1980-1999) y de Fernando de la Rúa (1999-2003). "Pero apenas se ha ocupado de las acusaciones contra la Administración Kirchner" , subrayan los funcionarios norteamericanos. Las apreciaciones sobre los Kirchner son imputables a todos los gobiernos argentinos, cuyos responsables ignoraron o minimizaron en su día las denuncias en su contra.

La frustración del juez Garrido, que después de más de cien investigaciones no pudo lograr una sola condena, es entendible a tenor del promedio judicial argentino: desde 1986, únicamente se han registrado 50 sentencias condenatorias. La mayoría de las causas que llegan a los tribunales acaban extinguiéndose puesto que los procesos se eternizan una media de 14 años, según el Centro para el Estudio y la Prevención de los Delitos Económicos. Solo 15 de cada 750 acaban en el procesamiento de los denunciados. Casi todo está bajo sospecha en los cables de la embajada: desde el vértice del Estado hasta el funcionario, el comandante de provincias o el policía de comisaría enlodado con la prostitución y el tráfico ilegal.

Investigación de comisiones

El formato del fenómeno es variado. El ex Ombudsman, Eduardo Mondino, confesó al entonces embajador, Anthony Wayne, que investigaba denuncias sobre "la sistemática comisión del 15% cargada por el gobierno argentino a todos los contratos privados con un tercer país" . La oficina de Mondino trataba de determinar si se trataba de soborno o de malversación, y si el dinero obtenido fue depositado en un banco de Estados Unidos. El embajador prometió ayudar con cautela dado lo "delicado" del asunto.

Un cable implicó, de nuevo, al ministro de Planificación, Julio De Vido, en un caso de cohecho: el consejero delegado de una empresa alemana se quejó ante el ministro de que uno de sus ayudantes le había pedido dinero. "De Vido no tuvo interés en conocer el nombre del funcionario que ofendió (al consejero delegado) y en cambio le recomendó que grabara y filmara la próxima solicitud de soborno".

Los episodios vividos por empresarios y banqueros de diferentes nacionalidades podrían certificar la veracidad del contenido de las denuncias recogidas por la embajada norteamericana. Un banquero español escuchó una y otra vez en Buenos Aires, al principio con incredulidad, que debía contactar con el denominado "grupo K" parasolucionar sus problemas. La conclusión del diputado conservador Federico Pinedo fue que las relaciones con Néstor Kirchner (fallecido el pasado año) "son más importantes que las instituciones". Las declaraciones fueron efectuadas a raíz del escándalo por presunta corrupción en el manejo de fondos públicos que golpeó directamente al jefe del Ejército, general Roberto Bendini, en 2008.

Corrupción entre militares

La embajada alude también de la corrupción entre los militares , cuyas consecuencias rara vez son penales. "Los escándalos por corrupción en Argentina comienzan con mucho ruido para disiparse después en el olvido, debido a la parsimonia de las "investigaciones" y el interminable peloteo judicial a los que son sometidos", resume un despacho, que cita la debilidad de la arquitectura anticorrupción nacional como fundamento de todos los males.

Otro informe recoge otra forma de corrupción: la captación política de los jueces con causas importantes a su cargo . Los magistrados, si aceptan, deben abandonar esas causas o paralizarlas, el objetivo pretendido por quienes les ofrecieron espacio en su listas electorales. La envergadura del problema es enorme: los argentinos sacaron del país en torno a los 130.000 millones de dólares, la mayoría procedentes de la evasión fiscal y la corrupción política. Para tratar de lograr su regreso, el gobierno aprobó una ley de amnistía impositiva, sobre cuyos resultados y verdaderas intenciones aun existen recelos.

 

Dos abogados consultados por la embajada norteamericana coincidieron en que el gobierno de Kirchner presionó tanto para que aprobara esa ley, pese a las dudas sobre su efectividad, para "permitir a funcionarios del gobierno y sus cómplices en el sector privado blanquear el efectivo procedentes de las comisiones, sobornos y otras formas de corrupción oficial, y legitimar negocios turbios, por ejemplo el juego". EL.PAIS.ES.JUAN JESÚS AZNÁREZ - Madrid - 08/02/2011

 EE.UU. RESALTABA LA CORRUPCIÓN K EN NUEVOS CABLES DE WIKILEAKS

Un informe de la Embajada señalaba en 2009 que los ilícitos son "generalizados" en política, Justicia y la Policía. Coimas del 15% y acusaciones contra De Vido.

foto perfil.com

La corrupción del gobierno de Cristina fue alertada a EEUU primero por el gobierno español y después por la Embajada en EEUU. | Foto: Cedoc

"El sistema judicial en el país sudamericano es frágil y también lai mpunidad de quienes delinquen. Sin auténtica voluntad política para erradicarla, la corrupción es generalizada en la judicatura y la policía, y alcanza a la política", denuncia un informe de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires que se filtró a Wikileaks, según reveló el diario madrileño El País.

El memo estaba dirigido a Alberto R. Gonzales, entonces Fiscal General de Estados Unidos, poco antes de que viajara a la Argentina a inicios de 2009. El cable agrega que "los recientes movimientos del gobierno argentino socavan la independencia y la eficacia de los organismos con jurisdicción sobre casos de corrupción", condenó la embajada.

El detonante para esta afirmación, según El País, fue la renuncia, en marzo de 2009, del fiscal anticurrupción Manuel Garrido, presionado por el matrimonio Kirchner para que no investigara a funcionarios denunciados. De 100 pesquisas no pudo lograr una sola condena.

La de la embajada estadounidense no fue la primera advertencia a Washington sobre la corrupción K. El 1 de diciembre ya se había filtrado un cable de la delegación de Estados Unidos en Madrid en el que el gobierno español también expresaba su "preocupación" por la corrupción K.

Coimas. De acuerdo a los cables que publica El País, el ex Ombudsman,Eduardo Mondino, confesó al entonces embajador, Anthony Wayne, que investigaba denuncias sobre "la sistemática comisión del 15% cargada por el gobierno argentino a todos los contratos privados con un tercer país" .

Un cable incluso implicó al ministro Julio De Vido, en un caso de cohecho: el consejero delegado de una empresa alemana se quejó ante el ministro de que uno de sus ayudantes le había pedido dinero. "De Vido no tuvo interés en conocer el nombre del funcionario que ofendió (al consejero delegado) y en cambio le recomendó que grabara y filmara la próxima solicitud de soborno", reveló otro memo de la Embajada.

La delegación diplomática alude también de la corrupción entre los militares , cuyas "consecuencias rara vez son penales". Otro informe señala la captación política de los jueces con causas importantes a su cargo.

Y hubo más: dos abogados consultados por la embajada norteamericana coincidieron en que el gobierno de Cristina Kirchner presionó muchísimo para que el Congreso aprobara la ley de blanqueo de capitales en 2009 para "permitir a funcionarios del gobierno y sus cómplices en el sector privado blanquear el efectivo procedentes de las comisiones, sobornos y otras formas de corrupción oficial", agrega otro memo.

Revelacion anti K. Los cables de Wikileaks han generado varios dolores de cabeza al kirchnerismo. El último, dado a conocer el viernes, señalaba que Carlos Reutemann admitió ser "muy pesimista" sobre el futuro del país, al considerar que "el campo minado" que dejaban las gestiones de Cristina y Néstor Kirchner. "Complicará seriamente a los próximos gobiernos y será muy difícil volver a la normalidad", le confió "Lole" a diplomáticos estadounidenses en 2009, según un memo filtrado.

Pero antes, los cables de la organización de Julian Assange revelaron queHillary Clinton pidió un informe sobre la salud mental de la Presidenta, así como que Estados Unidos dio por sentado que Chávez financió la campaña K en 2007. Hubo de todo: se desempolvaron críticas de España y Chile a CFK , se revelaron cuestionamientos de Estados Unidos contra Aníbal Fernández por el narcotráfico, cruces de éste con Alberto Fernández y Sergio Massa y hasta exabruptos de Luis D'Elía. Diario Perfil

 

SEGÚN WASHINGTON, EN LA ARGENTINA NO HAY VOLUNTAD POLÍTICA PARA TERMINAR CON LA CORRUPCIÓN

Lo revelaron más de 100 cables secretos enviado por la embajada de EE.UU. en Buenos Aires al Departamento de Estado, divulgados hoy por WikiLeaks. "El Gobierno argentino socava la independencia y la eficacia de los organismos con jurisdicción sobre casos de corrupción", sostienen.

REVELACION. La nota en El País de España.

REVELACIÓN. La nota en El País de España.

Una nueva revelación de la organización Wikileaks a través del diario español El País develó la preocupación de EE.UU. por el alto nivel de corrupción del estado argentino.

Los cables confidenciales de la embajada norteamericana en Buenos Aires al Departamento de Estado hablan de la falta de voluntad política para erradicarla como así también de la fragilidad de todo el sistema judicial. El informe fue enviado a Alberto. R. Gonzales, entonces Fiscal General estadounidense, poco antes de su viaje a Argentina.

La corrupción en nuestro país se analiza en más de cien despachos confidenciales, a lo largo de varios años. Entre ellos se destacan la renuncia del fiscal anticorrupción Manuel Garrido , en marzo de 2009, y las denuncias del ex Ombudsman Eduardo Mondino a funcionarios del propio gobierno.

Tras más de cien investigaciones Garrido no pudo lograr una sola condena y renunció alegando que no podía cumplir con su trabajo por restricciones normativas. Su renuncia no cayó bien en la embajada estadounidense, que "había seguido atentamente sus investigaciones sobre el sospechoso incremento patrimonial del matrimonio Kirchner y de funcionarios del entorno presidencial", sostiene El País.

Según los cables, la Oficina Anticorrupción sólo se centró en investigar casos ocurridos durante los gobiernos de Carlos Ménem y Fernando de la Rúa. "Pero poco se ocuparon de las acusaciones contra la Administración Kirchner" , sostienen los funcionarios estadounidenses.

Desde 1986 sólo hubo 50 sentencias en casos de corrupción. La mayoría de las causas acaban extinguiéndose porque los procesos se eternizan un promedio de 14 años, según el Centro para el Estudio y la Prevención de los Delitos Económicos.
DIARIO CLARIN

DURO INFORME DE LOS ESTADOS UNIDOS SOBRE TRATA DE PERSONAS EN LA ARGENTINA  

Un documento del Departamento de Estado sostuvo que el país es "fuente, lugar de tránsito y destino de personas sometidas a la trata", en su mayoría mujeres y niños. Acusa a gobiernos provinciales y municipales de permitir este tipo de delito

Duro informe de los Estados Unidos sobre trata de personas en la Argentina

En el documento, los especialistas norteamericanos denunciaron que el país "exporta" mujeres y niños para su explotación sexual a México, Europa occidental y a las naciones limítrofes. En tanto, recibe personas para ese mismo fin especialmente de Paraguay, Brasil, Perú y República Dominicana.

Por otra parte, indicó que una cantidad "considerable" de bolivianos, paraguayos y peruanos víctimas de la trata llegaron al país para realizar trabajos forzosos en talleres clandestinos. Son sometidos a condiciones de explotación, en especial en laagricultura y los servicios domésticos, agregó, según publicó el sitio web El Siglo.

"No hubo denuncias de participación de autoridades federales en la trata de personas. No obstante, hubo denuncias de corrupción generalizada y connivencia con traficantes a nivel provincial y municipal que impidieron la persecución penal. Hubo algunas iniciativas por investigar y perseguir penalmente a funcionarios oficiales y de la Policía municipal bajo sospecha de participación en la trata de personas", destacó el documento.

El informe agregó que cerca de 5.000 niños fueron reclutados para la pornografía infantil y el turismo sexual, tópico en el que se observa "la reticencia del Gobierno a procesar y condenar casos de abuso de menores".

Con respecto al trabajo infantil, retomó las propias estadísticas del Gobierno argentino para destacar que hoy cerca de 450 mil menores trabajan, lo que equivale a un 7% de los niños de entre 5 y 13 años y a un 20% de los menores de 14. Se destacó la zona rural como la principal empleadora, sobre todo en lo referido a las quintas familiares y de terceros en la producción de tabaco, algodón y uvas, la mayor parte de las veces en contacto directo con plaguicidas sin la debida protección.

En tanto, en las zonas urbanas los menores se desempeñan en el servicio doméstico y en la calle como vendedores ambulantes, lustrabotas o "recicladores de basura", en referencia a los cartoneros.

Estas consideraciones forman parte de un trabajo más extenso sobre la situación de la Argentina. Como conclusión, los especialistas señalaron que el país es "fuente, lugar de tránsito y destino de personas sometidas a la trata".Infobae.com

 

WIKILEAKS: SEGÚN ESTADOS UNIDOS, LA ARGENTINA NO TIENE AUTÉNTICA VOLUNTAD POLÍTICA PARA ERRADICAR LA CORRUPCIÓN

En nuevos cables diplomáticos revelados, la embajada norteamericana habría enviado más de 100 despachos confidenciales en los que alerta sobre la falta de interés para combatirla

La embajada de Estados Unidos emitió más de 100 despachos oficiales alertando sobre la falta de voluntad política para combatir la corrupción. Según nuevos cables revelados por el diario español El País, durante varios años se advirtió sobre la fragilidad del sistema judicial en el país sudamericano y, consecuentemente, sobre la impunidad de quienes delinquen.

"La corrupción es generalizada en la judicatura y la policía, y alcanza a la política", según denuncia un informe enviado a Alberto. R. Gonzales, entonces Fiscal General de EE. UU., poco antes de su viaje a Buenos Aires.

La renuncia del ex fiscal anticorrupción Manuel Garrido, en marzo de 2009, alegando la imposibilidad de cumplir con su trabajo, maniatado por restricciones normativas, fue recibida con desagrado por la legación diplomática norteamericana.

La embajada había seguido atentamente las investigaciones de Garrido sobre el sospechoso incremento patrimonial del matrimonio Kirchner y de funcionarios del entorno presidencial. "Los recientes movimientos del gobierno argentino socavan la independencia y la eficacia de los organismos con jurisdicción sobre casos de corrupción", condenó la embajada.

A pesar de que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dispone de una oficina anticorrupción, esta se centró fundamentalmente en investigar los casos ocurridos durante las administraciones de Carlos Ménem (1980-1999) y de Fernando de la Rúa (1999-2003). "Pero apenas se ha ocupado de las acusaciones contra la Administración Kirchner" , subrayan los funcionarios norteamericanos. Las apreciaciones sobre los Kirchner son imputables a todos los gobiernos argentinos, cuyos responsables ignoraron o minimizaron en su día las denuncias en su contra.

La frustración de Garrido, que después de más de cien investigaciones no pudo lograr una sola condena, es entendible a tenor del promedio judicial argentino: desde 1986, únicamente se han registrado 50 sentencias condenatorias.

La mayoría de las causas que llegan a los tribunales terminan extinguiéndose ya que los procesos se eternizan una media de 14 años, según el Centro para el Estudio y la Prevención de los Delitos Económicos. Solo 15 de cada 750 terminan en el procesamiento de los denunciados. Casi todo está bajo sospecha en los cables de la embajada: desde el vértice del Estado hasta el funcionario.

Investigación de comisiones. El formato del fenómeno es variado. El ex ombudsman, Eduardo Mondino, confesó al entonces embajador, Anthony Wayne, que investigaba denuncias sobre "la sistemática comisión del 15% cargada por el gobierno argentino a todos los contratos privados con un tercer país" . La oficina de Mondino trataba de determinar si se trataba de soborno o de malversación, y si el dinero obtenido fue depositado en un banco de Estados Unidos. El embajador prometió ayudar con cautela dado lo "delicado" del asunto.

Un cable implicó, de nuevo, al ministro de Planificación, Julio De Vido, en un caso de cohecho: el consejero delegado de una empresa alemana se quejó ante el ministro de que uno de sus ayudantes le había pedido dinero. "De Vido no tuvo interés en conocer el nombre del funcionario que ofendió (al consejero delegado) y en cambio le recomendó que grabara y filmara la próxima solicitud de soborno".

Los episodios vividos por empresarios y banqueros de diferentes nacionalidades podrían certificar la veracidad del contenido de las denuncias recogidas por la embajada norteamericana. Un banquero español escuchó una y otra vez en Buenos Aires, al principio con incredulidad, que debía contactar con el denominado "grupo K" para solucionar sus problemas. La conclusión del diputado conservador Federico Pinedo fue que las relaciones con Néstor Kirchner "son más importantes que las instituciones". Las declaraciones fueron efectuadas a raíz del escándalo por presunta corrupción en el manejo de fondos públicos que golpeó directamente al jefe del Ejército, general Roberto Bendini, en 2008. La Nación

AMNISTÍA INTERNACIONAL PIDE INVESTIGAR LOS ABUSOS EN EL PENAL DE MENDOZA

La representante del organismo recordó que ya han "denunciado en varias ocasiones las deplorables condiciones de detención en las prisiones" de esa provincia; el Servicio Penitenciario Federal desmiente que esa cárcel haya estado a su cargo cuando sucedieron las torturas filmadas

La organización Aministía Internacional reclamó hoy que se investiguen las torturas ocurridas en el penal de Mendoza.

"Los responsables de estos abusos a los derechos humanos deben ser llevados a la justicia sin demoras," afirmó Louise Finer, la experta de Amnesty sobre Argentina.

"Las autoridades nacionales y provinciales deben trabajar en conjunto para acabar con la violencia en las prisiones y deben asegurar que no habrán represalias contra aquellos prisioneros que hayan filmado y distribuido los videos", aseguró Finer.

Y recordó que "Amnistía Internacional ha denunciado en varias ocasiones las deplorables condiciones de detención en las prisiones mendocinas".

En tanto, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) desmintió que el pena haya estado a su cargo en el momento en que fueron filmadas dichas torturas.

"En realidad, el sistema penitenciario provincial nunca estuvo intervenido por el SPF. En cambio, conducía ese sistema un oficial superior en situación de retiro del Servicio Penitenciario Federal, que fue directamente designado por las autoridades de la provincia de Mendoza de las que dependía", indicaron desde el SPF.


"EL NUESTRO ES UN MODELO CULTURAL", RECORDÓ CFK

DINERO PRO, APLAUSOS K

La Presidenta entregó en Paternal viviendas a afiliados a la UOCRA y otros gremios. Entre discursos, De Vido, Moyano, pedidos de reelección y cotillón peronista nadie mencionó al Gobierno porteño, que aportó más de la mitad de la inversión.

 

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Cristina Kirchner recibe los apluasos por las viviendas que construyó la UOCRA. El gobierno porteño pagó más de la mitad de esas casas, pero la fiesta fue solo K. | Foto: Télam

Cristina Kirchner entregó esta lunes 350 unidades habitacionales en Belaustegui al 2007, en el barrio porteño de La Paternal. Estuvieron Julio De Vido, Hugo Moyano y la plana mayor K, hubo cánticos pidiendo por la reelección, se vieron carteles con frases de la campaña y se escucharon encendidos discursos de elogio al "modelo". Sin embargo, hubo un detalle que nadie mencionó en la velada: más de la mitad del dinero invertido en esas obras (53 por ciento) lo aportó el gobierno porteño.

Los departamentos fueron mayoritariamente destinados a afiliados a la UOCRA, en tanto otra porcentaje mínimo se repartió entre familias de los sindicatos de Camioneros, Municipales, Obras Sanitarias, UPCN y Unión Tranviarios Automotor. Según pudo saber Perfil.com, en 2008 se constituyó un fideicomiso por el cual la UOCRA aportó los terrenos para la construcción de las viviendas y la financiación se repartió de la siguiente manera: el Gobierno nacional, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, aportó el 37%, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad aportó el 25 por ciento, el Banco Ciudad el 28 por ciento y los compradores el 10 por ciento restante, mediante un crédito a 20 años que también les otorgó el Banco Ciudad.

Es decir que el gobierno de Mauricio Macri aportó, en total, el 53% de los fondos, pero el líder del PRO ni fue mencionado durante el acto, ni tampoco hubo funcionarios PRO presentes. La fiesta y los aplausos fueron exclusivamente K. 

Además de De Vido, Cristina estuvo acompañada por la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner; de Trabajo, Carlos Tomada; el secretario de Obras Públicas, José López; el secretario de derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde; el secretario General de la Presidencia, Oscar Parrilli; y los diputados nacionales Carlos Kunkel, Diana Conti y Omar Plaini, entre otros. 

"Este gobierno habla, no con cosas que vamos a hacer, sino con cosas que hemos hecho", dijo CFK. La Presidenta ratificó su compromiso para continuar con "el modelo iniciado en el 2003, porque el veranito que algunos decían iba a durar poco ya lleva 8 años y tenemos que convertirlo en permanente, para recuperar lo perdido en décadas".

"Tenemos que cuidar este modelo político y económico porque por sobre todas las cosas es un modelo cultural", recordó la Mandataria.  

LA JUSTICIA INVESTIGA A JOSÉ FRANCISCO LÓPEZ, SEGUNDO DE JULIO DE VIDO

La fortuna del secretario de Obras Públicas creció siete veces desde 2003. Maneja $ 31.000 millones anuales. La denuncia por presunto enriquecimiento ilícito.

 

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Julio De Vido, Cristina Kirchner y José López en Casa Rosada. | Foto: Telam

José Francisco López no es uno de los nombres resonantes del gobierno kirchnerista. No tiene fama, ni presencia en los medios, ni candidaturas. Pero ocupa la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, un rol clave en el Ministerio de Planificación Federal con una caja de 31.000 millones de pesos anuales, y es el segundo detrás de De Vido. Además, está acusado de enriquecimiento ilícito, ya que habría multiplicado su fortuna siete veces desde que asumió el cargo.

López informó bienes por 158.900 pesos cuando llegó al gobierno en 2003, y en su última declaración jurada reconoce una fortuna de 1.109.815 pesos, un incremento del 698 por ciento, según los datos que posee la Oficina Anticorrupción.

Entre sus propiedades destaca La Araceliti, una vivienda en la localidad de Concepción, Tucumán, que fue ocupada por sus padres y ahora está reconvertida en una empresa que produce entre tabaco y caña de azúcar. López dijo ser el dueño de la mitad de la empresa, mientras que la otra mitad está a nombre de su esposa, Maria Amalia Díaz, jubilada del Poder Judicial de la provincia de Santa Cruz.

La Araceliti está habilitada para realizar construcciones viales y de arquitectura, obras mecánicas y eléctricas, y servicios de inspección, auditoría y supervisión de obras públicas, informó el diario La Nación, que también reportó sobre las sospechas de que la empresa auditaría las obras públicas nacionales en la provincia. López posee, además, terrenos en la villa turística santacruceña de El Calafate.

Por todo esto, López fue denunciado por el abogado Ricardo Monner Sans por presunto enriquecimiento ilícito. El juez federal Daniel Rafecas, de licencia hasta el 21 de febrero, espera los resultados de una pericia encomendada al Cuerpo de Peritos Tasadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para avanzar en la investigación. El magistrado pidió ayuda a Prefectura para relevar las propiedades investigadas y también investigó las cuentas bancarias del funcionario, según el diario Clarín.

LOS INÚTILES Y OBSECUENTES QUE SE CUELGAN A TODOS LOS COLECTIVOS QUE PASAN, “SON RECONOCIDOS HASTA INTERNACIONALMENTE”

BOUDOU, UNO DE LOS ÚLTIMOS EN UN RANKING DE MINISTROS DE ECONOMÍA DE LA REGIÓN

El funcionario aparece en el puesto 14°, sólo delante de sus pares de Ecuador, Guatemala, Venezuela y Honduras; tras una encuesta a 30 economistas, los ministros de Chile, Brasil y México se subieron al podio

Boudou, uno de los últimos en un ranking de ministros de Economía de la región

 / Archivo LA NACIÓN

A pesar de la buena performance de la economía argentina durante 2010, sobre todo si se observan exclusivamente los datos que brinda el Gobierno, el ministro de Economía, Amado Boudou, no parece gozar del favor de los especialistas de América latina, sobre todo si se lo compara con sus pares de la región.

La revista América Economía -una publicación regional con corresponsales en todo el continente- volvió a difundir en su edición de enero de este año su clásico ranking de ministros de Economía. Allí Boudou, candidato a jefe de gobierno en la ciudad por el kirchnerismo, ocupa el puesto número 14° entre 18 colegas, sólo delante de sus pares de Ecuador, Guatemala, Venezuela y Honduras. Del otro lado, en el extremo opuesto, sobresalen los ministros de Chile, Brasil y México.

"En la Argentina fue un año de intensidad", esgrime el artículo basado en una consulta a 30 economistas de la región. "Entre los habituales conflictos sectoriales y la muerte de Néstor Kirchner, el ministro, Amado Boudou, se anotó algunos triunfos, como el pago de la deuda externa y un alto nivel de crecimiento opacado por una alta inflación", completó.

"Aumentó también los ingresos y mejoró el saldo fiscal. Pero junto con sus pares de Honduras, Venezuela y Guatemala es uno de los ministro más inefectivos desde el punto de vista legislativo. Nada raro en un país con 23 bancadas distintas en el Senado", indicó la nota. "Otro punto negro que contribuye a relegar a Boudou al 14° lugar: la Argentina sigue siendo un país donde el crecimiento se basa en consumo y gasto fiscal, con muy poca inversión genuina a largo plazo", calificaron los especialistas.

En el otro extremo del ranking, hay tres claros vencedores. Son Felipe Larraín, Guido Mantega y Ernesto Cordero, ministros de Hacienda o Economía de Chile, Brasil y México respectivamente. "Aunque algunos dicen que ser ministro de Finanzas en Chile es como ser entrenador de la selección brasileña de fútbol, no fue un año fácil para Larraín quien debió enfrentar varios conflictos en un parlamento fragmentado", afirmaron desde América Economía.

No obstante, en la revista especializada en finanzas y economía de la región resaltaron que el chileno logró mejorar en casi tres puntos del PBI "gracias a un alza en el pacto de invariabilidad tributaria suscrito entre el Estado y las mineras". Pero ese logro se dio en un contexto de un fuerte aumento del gasto corriente por el fuerte terremoto que golpeó al país trasandino.

"En cierta forma, Brasil está preso de su éxito", señaló la publicación en una frase que recuerda a los peores momentos de la Argentina durante la crisis de 2001-2002. La misma vino a colación del importante presupuesto que tiene el país más grande del Mercosur para este año (US$ 1,1 billón) sustentado en "una de las estructuras tributarias más complejas del mundo".

Y a pesar de que lo critica sobre su política cambiaria y el temor a que el país sufra un proceso de "desindustrialización", los economistas consultados destacaron que Mantega logró mejorar el desempeño fiscal "ejecutando a la vez la mayor política redistributiva de la historia de América latina".

El ranking continúa con Cordero (México), Juan Carlos Echeverry (Colombia), Fernando Lorenzo (Uruguay), Alberto Vallarino (Panamá), Ismael Benavides (Perú), Dionisio Borda (Paraguay), Vicente Bengoa (República Dominicana), Luis Arce (Bolivia), Carlos Cáceres (El Salvador), Fernando Herrero (Costa Rica), Alberto Guevara (Nicaragua) hasta llegar a Boudou.

Detrás del ministro-candidato sólo surgen Patricio Rivera (Ecuador), Rolando del Cid Pinillos (Guatemala), Jorge Giordani (Venezuela) y, por último, William Chong Wong (Honduras). Francisco Jueguen , De la Redacción de lanacion.com , fjueguen@lanacion.com.ar, @fjueguen

 UN ARREPENTIDO DENUNCIÓ UN GRAVE CASO DE EVASIÓN Y LA AFIP LO IGNORÓ

La ONCCA tampoco actuó. Y le paga cada vez más subsidios a la firma investigada.

Jorge Marinucci tiene 47 años, tres hijos y aire bonachón. No parece un delincuente aunque técnicamente deba ser considerado un “arrepentido”. En 2010, tras haber trabajado más de veinte años en uno de los molinos harineros del grupo Andrés Lagomarsino e Hijos SA, fue despedido y se decidió a contar lo que sabía.

Ante los organismos de control y la justicia federal denunció un mecanismo para evadir impuestos por más de 100 millones de pesos desde 2003 . La investigación judicial avanza a paso muy lento. Pero ni el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, ni su par de la ONCCA, Juan Manuel Campillo, le llevaron el apunte . Todo lo contrario, desde la denuncia la firma comenzó a cobrar más del doble de subsidios. Desde 2007, ya embolsó 214,5 millones de pesos.

Marinucci transpira impotencia. Ante Clarín muestra decenas de papeles y hasta el “chupete” , un curioso artefacto de plástico negro que -según su relato- él mismo colocaba casi todos los días para alterar o “bypassear” el caudalímetro . El caudalímetro es de uso obligatorio en los molinos, porque permite al Estado controlar el caudal de trigo que va a molienda. Pero el “chupete” evita que registre movimiento. Y todo se vuelve “negro”.

Marinucci y el contador Oscar Bustos fueron despedidos por Lagomarsino en mayo de 2010, sin indemnización ni explicaciones. Antes habían expresado su temor a quedar implicados en una maniobra para evadir impuestos que se habría puesto en marcha en 2003 supuestamente por orden directa del gerente de producción del grupo, Hernán Lagomarsino.

A principios de julio, Marinucci hizo primero la denuncia ante AFIP y ONCCA . Pero como no tuvo ninguna respuesta, se presentó luego ante el juzgado en lo Penal Tributario, a cargo de Javier López Biscayart.

Luego de los cabildeos propios de la justicia, la investigación está tímidamente dando sus primeros pasos.

El volumen de pruebas aportado por Marinucci resulta apabullante. El denunciante -durante años responsable técnico del molino “Concepción” de Mar del Plata- no solo admitió haber comprado el trigo necesario para la maniobra sino también haber alterado el caudalímetro.

“El chupete se ponía siempre a las 6. A partir de ahí el molino funcionaba toda la noche en negro” , relata. No siente culpa y aclara: “Mientras estuve empleado cumplí órdenes que siempre cuestioné y de las que me arrepiento, ya que no estaba en condiciones de discutir so pena de despido”.

Marinucci puso a disposición de la justicia dos cajas repletas de planillas. Día a día, desde 2003, guardó tres planillas diferentes por cada jornada de trabajo. En la “A” se apuntaba el volumen real de trigo. La “B” reflejaba lo que luego se declaraba al fisco y la “C”, finalmente, era un resumen del ilícito. El 15 de setiembre de 2009, por ejemplo, la planta trabajó 304.153 kilos de trigo (A), pero declaró 156.100 kilos (B) y ocultó 148.053 kilos (C).

El negro llegó al 48,6%.

El contador Bustos calculó, en base a esas planillas, una evasión de 108,7 millones de pesos . De abril de 2003 a febrero de 2010 se habrían operado marginalmente 97.400 toneladas de trigo. Eso únicamente en Mar del Plata, porque Marinucci afirma que en otro molino del grupo, en Carlos Casares, habría sucedido otro tanto. Lagomarsino es el tercer grupo molinero del país. Posee otros 3 molinos, 2 acopios y fábrica de fideos.

El ex empleado asegura que la maniobra “fue decidida por los principales directivos del grupo”. Pero como prueba agregó manuscritos reveladores del desvío, del gerente marplatense Carlos Blanco y del auditor Víctor Daneri (hijo). También reveló el nombre de 16 acopios y productores que les vendían el trigo en negro. Y aportó otro dato clave: que el dinero era manejado en La Moneta SA , una casa de cambio marplatense.

Pese a tanto dato, la AFIP y la ONCCA no solo desecharon sanciones sino que a partir de que se conoció la denuncia, siete meses atrás, no se inmutan por un llamativo “blanqueo” de la actividad del grupo, que habría puesto fin apresuradamente a sus maniobras.

Este regreso a las reglas se hizo evidente en las suculentas compensaciones que cobra la empresa. Hasta julio de 2010 promediaban de 5 a 9 millones de pesos al mes. Pero a partir de allí los montos saltan a 15 millones en agosto, 21 millones en setiembre y 17 millones de octubre, el último mes pagado. MATÍAS LONGONI, mlongoni@clarin.com

 

"EL REINO DEL INDEK", LA CANCIÓN DEDICADA A MORENO

Técnicos del organismo estadístico, muchos de ellos desplazados, adaptaron el clásico de María Elena Walsh a la actualidad del instituto para recordar los cuatro años de la intervención del polémico funcionario

Trabajadores nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), muchos de ellos desplazados por el Gobierno, adaptaron un clásico de María Elena Walsh con el objetivo de criticar la actualidad del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y rememorar el cuarto aniversario de la intervención oficial.

"El Reino del Indek", como los trabajadores titularon a la canción, critica con dureza a la actual cúpula del organismo estadístico, la directora, Ana María Edwin y el director técnico, Norberto Itzcovich. Además, hace referencia a los datos de la inflación, la pobreza y el último censo.

La canción fue enviada a los medios junto con un comunicado que recuerda los "cuatro años de lucha" de trabajadores de ATE contra la intervención oficial en instituto y que invita a asistir a un nuevo abrazo el próximo 11 de febrero a las 13 en Diagonal Sur y Perú, frente al organismo. "Fuera la intervención, fuera la patota, fuera el FMI", cierra el texto.

LA LETRA DE LA CANCIÓN

Me dijeron que en el reino del INDEK es muy trucho el IPC si este índice mensual no cierra bien lo dibujan entre tres

Vamos a ver cómo es el reino del INDEK vamos a ver cómo es el reino del INDEK Me dijeron que en el reino del INDEK

las patotas dicen YES porque el Fondo Monetario quiere ver chupamedias por doquier Vamos a ver cómo es el reino del INDEK

vamos a ver cómo es el reino del INDEC Me dijeron que en el reino del INDEK la pobreza no la ves el que pide por la calle es un marqués

oligarca o gran burgués Vamos a ver cómo es el reino del INDEK vamos a ver cómo es el reino del INDEK Me dijeron que en el reino del INDEK

ahora se suma el ANSES los viejitos no lo pueden ni creer ¿llegarán a fin de mes? Vamos a ver cómo es el reino del INDEK

vamos a ver cómo es el reino del INDEK Me dijeron que en el reino del INDEK ser rastrero está de diez si al Colo y a la Edwin les caés muy bien

de una E pasas a B Vamos a ver cómo es el reino del INDEK vamos a ver cómo es el reino del INDEK Me dijeron que en el reino del INDEK

se hizo un censo otra vez en los millones de personas que te quieren vender el 40 es 36 Pasen a ver cómo es el reino del INDEK

pasen a ver cómo es el reino del INDEK  La Nación

LA ANSES APELA CADA VEZ MÁS PARA NO PAGAR EL AJUSTE A LOS JUBILADOS

Insiste en esa estrategia pese a que se comprometió ante la CIDH a no hacerlo.

RIESGO. LA SEDE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, SOBRECARGADA DE EXPEDIENTES.

RIESGO. LA SEDE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, SOBRECARGADA DE EXPEDIENTES.

Mientras ya suman 450.000 las demandas judiciales de jubilados, sigue creciendo también el número de sentencias que no quedan firmes para ser pagadas a sus beneficiarios porque son apeladas por el Estado.

Durante el año pasado ingresaron a la Cámara de Apelaciones de la Seguridad Social 32.978 sentencias, una cifra récord. Es casi un 32% más que las 25.044 apeladas en 2009, de acuerdo a las cifras difundidas por la Justicia.

En tanto, durante 2010, como informó el sábado Clarín, ingresaron a los Tribunales de primera instancia 100.003 nuevas demandas de jubilados, casi lo mismo que en 2009.

“En un importante número de casos, el que apela es el propio Estado a través de la ANSES, le dijo la jueza Lilia Maffei de Borghi, titular de la Cámara e integrante de la Sala I  al Centro de Información Judicial.

El dato es más relevante aún porque las apelaciones deberían haber decrecido ya que, a partir de varias denuncias, el Gobierno se comprometió ante el Comité Interamericano de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA a no apelar los fallos favorables a los jubilados que fueran similares a los casos Badaro, Elliff, Gemelli  y otros sobre los cuales la Corte Suprema ya se pronunció.

Sin embargo, “esto no se está cumpliendo o solo parcialmente”, le dijo a Clarín el abogado previsionalista Horacio González, uno de los que patrocinaron esos reclamos ante la CIDH de la OEA. Y añadió que junto al CELS y otros organismos y abogados, el Gobierno volvió a ser denunciado el año pasado ante la Comisión interamericana por esos incumplimientos.

Como informó Clarín, luego de un proceso que insumió muchos años, en noviembre de 2009, se llegó a un acuerdo de “solución amistosa” por el que la ANSeS se comprometió a: Pagar todas las sentencias judiciales firmes.

No apelar las sentencias judiciales de primera o segunda instancia favorables a los jubilados, en los que la Corte Suprema ya se hubiera expedido, como el caso Badaro.

Desistir de los recursos judiciales que ya hubieran sido presentados ante la Corte Suprema o ante la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social, contra las sentencias favorables a los beneficiarios.

Establecer un mecanismo de seguimiento periódico del cumplimiento de los compromisos asumidos coordinado por la Cancillería argentina.

“Ninguno de estos puntos se están cumpliendo” precisó González.

A todo esto se agrega que en muchos casos la ANSeS liquida mal los fallos y eso obliga al jubilado a iniciar un nuevo juicio para que se cumpla con lo que dice el texto de la sentencia.

Con relación a estos incumplimientos, el año pasado la jueza de la Corte Suprema de Justicia Carmen Argibay Molina admitió que “nos llegan las causas de previsión social porque están mal calculados los haberes” y “la ANSeS no paga lo que debe. Incluso cuando hay sentencias que la obligan a pagar, insiste con no pagarlos y trata de llegar hasta la Corte”, con la consiguiente “sobrecarga de los tribunales”.

Por su parte la Defensoría del Pueblo elevó una demanda a la Justicia para que directamente se extiendan a todos los jubilados los fallos de la Corte para evitar así que cada jubilado tenga que iniciar un juicio. El tema llegó hace tiempo al máximo tribunal que, hasta ahora, no se pronunció.

En el Presupuesto de este año la ANSeS prevé destinar $ 2.400 millones al pago de juicios, lo que equivaldría, según los reclamos iniciados, a saldar cerca de 20.000 sentencias. ISMAEL BERMÚDEZ , CLARIN

 

SILENCIO Y CONJETURAS SOBRE EL SUICIDIO DEL PODEROSO EMPRESARIO CORRENTINO

Mientras en Corrientes reina la conmoción y la reserva, las versiones señalan que Raúl Clebañer estaba enfermo o deprimido. La familia y los negocios.

foto perfil.com

Darío y Raúl Clebañer. | Foto: Cedoc

El suicidio de uno de los empresarios más poderosos de Corrientes, Raúl Clebañer, conmocionó a Corrientes durante todo el jueves. Los medios provinciales dieron unos pocos datos del suceso, la familia apenas expresó unas palabras y el fiscal que investiga no pudo determinar porqué el miércoles a las 17.55 el empresario de 64 años se lanzó desde el piso 10º del lujoso edificio Torres de Costanera.

Según fuentes de los medios locales, la familia pidió manejar la noticia con la mayor discreción posible, conservando el perfil bajo que cultivó Clebañer en vida.

El empresario, señalaron a Perfil.com fuentes de su entorno, tenía dos hijos que habrían sido adoptados: Fabio, líder de grandes empresas y negocios de los sectores agropecuario y automotriz, y Darío, que se habría radicado en Buenos Aires con su esposa, una conocida diseñadora. Entre ellos, el padre había repartido su patrimonio mientras aún estaba vivo, indicó una fuente.

Su esposa había fallecido hace varios años, producto de un cáncer, y eso había motivado la creación de la Fundación Lidia Clebañer, enfocada en la educación.

Por qué se mató. El principal interrogante es qué llevó a Clebañer, cuyas firmas fueron denunciadas por contratos y concesiones sospechosas con los Kirchner, a tomar esa decisión si, según dijeron empresarios que lo conocían, sus negocios atravesaban su mejor momento. El fallecido y su familia poseen empresas en la construcción, los peajes, automóviles, hidroeléctrica y el campo en varias provincias.

Sin embargo, una hipótesis que maneja la Fiscalía es que el dolor por la muerte de su esposa lo condujo a una fuerte depresión. Perfil.com pudo saber que, en base a esa línea de investigación, Raúl Clebañer no resistió el hecho de vivir solo en su departamento y se quitó la vida. De hecho, según eldiario 1588, la Policía halló una importante cantidad de pastillas de rivotril en su mesita de luz.

Otra hipótesis señala que el poderoso empresario estaba muy aquejado por una enfermedad en los últimos meses y que un día no aguantó más. La familia sólo confirmó que estaba "deprimido" y que estaba bajo tratamiento psicológico, según indicó un portal correntino. Ese periódico fue el único en la provincia que abrió su portada con la noticia del suicidio.

Negocios bajo sospecha.  Ingeniero Civil, Clebañer desde joven tuvo mucho éxito con sus emprendimientos en Corrientes y eso lo llevó a expandirse al resto del país. En 1966 creó la constructora Relats-Clebañerjunto a su socioJuan Carlos Relats, dueño del Hotel Panamericano, Rutas del Litoral y un importante consorcio de estrecha cercanía a Néstor Kirchner.

Juntos, Clebañer y Relats dirigieron varias firmas que ahora son investigadas por la Justicia por concesiones irregulares que le otorgaron los gobiernos K.

 EFECTO INFLACIÓN / SE INYECTARÁN ESTE AÑO ENTRE 1000 Y 1200 MILLONES DE PESOS

La importación de billetes de Brasil se extenderá todo el año

Para evitar faltantes, la Casa de Moneda avanza con un esquema de complementación industrial

La importación de billetes de Brasil se extenderá todo el año

Un avión que trae dinero argentino, al llegar a El Palomar, el 15 de diciembre pasado. Foto Archivo

Los billetes de $ 100 argentinos made in Brasil llegaron para quedarse. Ante la crónica falta de papel moneda, el Gobierno avanza con una serie de medidas para evitar que durante los próximos meses se repitan los faltantes de dinero en la economía doméstica, que sólo este año necesitará la inyección de entre 1000 y 1200 millones de pesos en nuevos billetes.

Entre la batería de medidas sobresale un acuerdo de complementación industrial entre la Casa de Moneda argentina y su par brasileña. En ese esquema, la Sociedad del Estado Casa de Moneda pasaría sólo a especializarse en la provisión de los billetes de menor denominación, mientras que los de $ 100 se seguirían importando de Brasil. De esta manera, la serie S, traída desde Brasil en los últimos dos meses de apuro, y, por lo mismo, con características diferenciales respecto de los otros billetes de $ 100 en circulación, dejaría de ser una rareza.

El acuerdo además contempla que la Casa de Moneda local sería dotada de máquinas usadas importadas desde Brasil, aprovechando que el socio mayor del Mercosur acaba de incorporar una nueva línea de impresoras de billetes en agosto y planea sumar otra en los próximos meses. Al hacerlo, liberaría el viejo equipamiento, que podría ser útil aquí para sumarle algo de capacidad productiva a su par argentina, aunque desde la entidad del vecino país declinaron comentar esa posibilidad ante una consulta de La Nacion.

El esquema de complementación sería acompañado por la puesta en marcha de un joint-ventureentre ambos organismos oficiales para que, a mediano plazo, se conviertan en proveedores de billetes para otros países, algo que se conversó tras el reciente paso de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, por Buenos Aires.

Compra de una imprenta

En forma paralela al acuerdo con Brasil, el Ministerio de Economía procura reflotar una propuesta para comprar la planta que Ciccone Calcográfica tiene en Don Torcuato, ya que por una reciente decisión judicial, según informó a la Bolsa porteña el propio Grupo Boldt, éste debería devolverle anticipadamente esa impresora a Ciccone a fines de febrero, pese a que el 27 de agosto pasado había suscripto un contrato de alquiler por un año. La rescisión anticipada dejaría abierta la puerta a una apelación que, de suceder, complicaría los planes oficiales, pero el contrato de locación contendría una fórmula en ese sentido.

Hay que recordar que en abril de 2010 el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, aprobó el Plan de Acción y Presupuesto de la Sociedad del Estado Casa de Moneda, que incluía el reequipamiento y contemplaba inversiones por casi 570 millones de pesos. Ese plan había quedado plasmado en la resolución 153/2010 de Hacienda, que establecía que el Estado nacional podría adquirir una nueva planta "llave en mano", para "acelerar el ritmo de impresión de papel moneda" a partir de 2010. Pero esa partida nunca se ejecutó.

El paquete oficial se completaría con la postergada implementación por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) del plan para obligar a los comercios a entregar siempre la alternativa de los pagos con tarjetas, de manera de ayudar a acotar por esa vía la demanda de efectivo y, a la vez, combatir la economía en negro y el circuito de venta informal.

Premisas de trabajo

El diseño de estas soluciones está en manos del ministro-candidato, Amado Boudou, y la presidenta del BCRA, Mercedes Marcó del Pont, aunque la ejecución de las políticas quedó en poder del comité que se había formado en la entidad monetaria tras el desplazamiento del jefe de esa área, Edgardo Arregui, que había sido decidido pese a que el funcionario había alertado al menos en tres oportunidades que la provisión de billetes resultaría insuficiente.

Hasta ahora, de ese comité tomaban parte Marcó del Pont; su vicepresidente, Miguel Pesce, y los directores más afines a su conducción, como el ex superintendente de bancos Waldo Farías y el contador recientemente incorporado al cuerpo, Santiago Carnero. Pero la última semana se anexaron a este cuerpo en representación del Ministerio de Economía (la cartera que tiene a su cargo el control de la Casa de Moneda) el secretario y el subsecretario de Finanzas, Hernán Lorenzino y Adrián Cosentino, respectivamente, para apresurar los pasos en pos de una salida.

Con estas medidas, el Gobierno busca dar con una salida a la denominada "crisis de los billetes", que le permita solucionar -aunque más no sea, de manera temporal-este costoso entuerto.

Claro que los funcionarios a cargo de la tarea ya recibieron una instrucción básica que no podrán obviar: el camino que elijan no podrá nunca incluir la posibilidad de aceptar la emisión de un billete de mayor denominación, como sugieren los especialistas y reclama la oposición.

La premisa es no entregar otra palmaria evidencia de la existencia de la inflación, que tan tozudamente y hasta torpemente niega el Gobierno, y a la vez evitar que se reproduzcan problemas de abastecimiento como los que miles de argentinos padecieron en los últimos meses. Javier Blanco, LA NACIÓN

 

EN LA PATAGONIA, UNA HECTÁREA CUESTA MENOS QUE LA CUOTA DE UN GYM

Boom de venta de tierras zonas fiscales o estratégicas para la seguridad nacional. Millonarios en el sur, en fotos. 

foto perfil.com

El magnate Joe Lewis se alzó con tierras que rodean el Lago Escondido e impide acceder a él. | Foto: Télam

Las tierras en zonas estratégicas de la Patagonia se venden casi sin restricciones a precios que podrían equipararse a los de una cuota de gimnasio en la Ciudad de Buenos Aires. Suena a disparate, pero es real: hay zonas donde se puede acceder a un campo desde sólo 96 pesos la hectárea.

Así lo reveló el sitio rionegrino IProfesional, que destaca que cada vez más extranjeros se alzan por pocas monedas con tierras linderas con la cordillera de los Andes o que desembocan directamente en aguas del mar argentino, es decir en zonas consideradas clave para la seguridad nacional, que son comercializadas por inmobiliarias o cedidas por funcionarios públicos.

En algunos casos, destaca el portal, los traspasos de tierra se realizan seguidos de avales como los obtenidos por el controvertido empresario británico Joe Lewis, que desde 2008 opera una pista aérea privada de mayor envergadura que la que funciona, por ejemplo, en Bariloche. Es que la pista del magnate tiene acceso al mar Argentino y fue denunciada por entablar presuntos vuelos encubiertos a Malvinas. Pero además, Lewis ejerce control sobre todas las tierras que rodean al lago Escondido, por lo que resulta casi imposible acceder públicamente a él, por lo que hoy es fuente de varias disputas judiciales.

Otros ejemplos de este tipo: el control de 900.000 hectáreas que lleva adelante la familia Benetton en esa región, las 55.000 hectáreas propiedad del dueño de la cadena de noticias CNN, Ted Turner, en el área andina, y las enormes extensiones de tierra que posee el estadounidense Douglas Tompkins en Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Mientras tanto, unas 13 millones de hectáreas se ofrecen hoy a la ventaque, según agentes inmobiliarios y legisladores provinciales, alberga un número casi indeterminado de terrenos fiscales. "Cada vez se acumulan más y más denuncias en Río Negro y otras provincias por la venta de tierras fiscales a precios irrisorios.

 Los valores no llegan a los $100 por hectárea en muchos casos. Las superficies son adjudicadas a magnates extranjeros o a personas vinculadas a estos empresarios", afirmó la diputada rionegrina Magdalena Odarda al sitio.

Ángel González, titular de una ONG orientada a garantizar el libre acceso a costas de lagos y ríos, también señaló esta preocupación. "Los extranjeros están poblando la Patagonia, justo en zonas donde abundan las riquezas. Cercan arroyos, ríos y lagos. Los alambrados se están haciendo cada vez más comunes. De ahí que se están presentando continuos proyectos pidiendo la intervención de los organismos de medioambiente".

Por su parte, Julio Traverso, representante en la región de la inmobiliaria Nordheimer, confirmó que los precios por hectáreas son irrisorios en algunas zonas del sur. "Hoy en Santa Cruz, en Tres Lagos, podés adquirir campos a30 dólares la hectárea. O quizás a menos. Si bien no representan lo mejor de la provincia, cuentan con agua y son aptos para la explotación de ganado ovino", aseguró.

Desde la inmobiliaria Antón, con sede en Esquel, Chubut, Rodrigo Antón, encargado de ventas, ratificó la constante llegada de extranjeros en búsqueda de tierras. "Muchos extranjeros vienen y compran para posteriores reventas, aunque el grueso lo ha hecho con fines residenciales y de radicación. Aprovechan también que el precio de la tierra prácticamente no varía desde el año 2008", indicó.

Gonzalo Sánchez, autor del libro La Patagonia vendida ya lo había advertido: "
Históricamente, Argentina se ha dedicado a vender su tierra, pero el problema es que se están comercializando terrenos que no se pueden vender", dijo. Y denunció la falta de regulación en territorios fiscales, es decir, en aquellos donde cada provincia decide si los vende y cómo.

 En tanto, la diputada Odarda sostuvo que las denuncias vinculadas a la comercialización sin control de tierras estratégicas "no se suceden sólo en Río Negro, sino que también encuentra un movimiento similar en Chubut y Santa Cruz". Y aseguró: "Se comprobó que más del 50% de los expedientes de autorizaciones de ventas en áreas de frontera tienen algún tipo de irregularidad".

 

EDITORIAL I

LA CULTURA DEL MENOR ESFUERZO

El subsidio injustificado es una trampa para la salud de cualquier democracia y, una vez instalado, es casi imposible suprimirlo

UNO de los pesados legados que la Argentina consolidó con el "modelo K" es la cultura del no esfuerzo. Aquellos principios que hicieron grande a nuestro país, basados en el esfuerzo y el trabajo, están cediendo en la mente de una generación que entiende que tiene derecho a recibir un subsidio que sustituya un salario y que, además, reclama como una obligación del Estado proveerle una vivienda digna y otros servicios sociales.

No se pone en tela de juicio en modo alguno la legitimidad de los subsidios para resolver carencias de personas que no pueden procurarse ingresos suficientes por edad, discapacidad o circunstancias múltiples que conspiren contra el principio de la igualdad de oportunidades. Tampoco sería justo negarse a la posibilidad de instrumentar subsidios transitorios por desempleo ni a que se canalicen fondos públicos para afrontar situaciones de emergencia. Esas son políticas habituales en el mundo y se fundan en criterios de solidaridad social básicos, respaldados aquí por la Constitución nacional.

De lo que estamos hablando es de la proliferación de los llamados planes sociales, distribuidos en gran medida con desenfrenados criterios clientelísticos y prebendarios que socavan las posibilidades de prosperidad futura. La situación en la Argentina ha llegado a un punto tal que la cantidad de personas que optan voluntariamente por no trabajar ha crecido de manera alarmante. Este hecho, que hubiese sido una aberración en tiempos de nuestros abuelos, hoy se presenta como una realidad cultural preocupante y patológicamente instalada.

El ex presidente chileno Eduardo Frei, citado en las filtraciones últimas de WikiLeaks sobre nuestro país, dice: "La Argentina destruye por el día lo que la naturaleza crea por la noche". Notable concisión de palabras para describir una aventura como la que envuelve, entre otros capítulos de enajenación política, la de fomentar la idea de que es lo mismo trabajar que no hacerlo.

Así no se hizo este país, ni así alcanzó la jerarquía de que disfrutó por largo tiempo en el concierto de naciones.

Hay familias que reciben dos planes: uno, la mujer, y otro, el hombre, más la asignación universal por hijo, sumada a la escuela gratuita y al hospital público, también a cargo del resto de la comunidad. Todo ello les garantiza una economía de subsistencia que les permite no buscar o incluso rechazar ofertas de trabajo. Puede decirse que ya existen argentinos que no han visto trabajar a sus padres, con la tremenda carga cultural negativa que esa constatación introduce en las conciencias. Es que ya no hay deshonra en no trabajar, algo que en otros tiempos hubiese sido una vergüenza (recordemos la letra del tango "Haragán").

Esta falsa sensibilidad social que fundamenta la ayuda y el subsidio a cambio de nada o tal vez sólo de adhesión política, constituye una inmoralidad intrínseca que convierte grandes segmentos de la sociedad en una comunidad pasiva, impotente para crear movilidad social a través del esfuerzo, uno de los mayores tesoros de los primeros ochenta años de la organización nacional que permitió brillar a nuestro país. Bien podría el Estado, mediante el impulso de la obra pública, aprovechar la fuerza laboral de aquellos a quienes subsidia, con la ventaja de contribuir a la dignidad del subsidiado y, por ende, a la sana ecuación ética de que no hay paga sin contraprestación, al tiempo que permitiría reducir el déficit fiscal.

Se sabe que quienes manejan políticamente los planes con criterio clientelístico exigen que los subsidiados concurran a determinados actos políticos del partido gobernante, so pena de perder las prerrogativas de ser beneficiarios de un plan. Nos encontramos, por lo tanto, ante una perversidad política de proporciones inusitadas. Para colmo de males, el sistema implementado fomenta la "changa", el trabajo informal, "en negro", pues quien tiene un plan no desea incorporarse al circuito formal; de hacerlo, lo perdería. En consecuencia, continúa "en negro", pero además del trabajo, conserva el plan y, por lo tanto, cobra por partida doble, a costa de todos. Porque todo lo que alguien recibe sin haber trabajado para ello, será aquello que quien habiendo trabajado no recibirá nunca. El Gobierno sólo puede entregar aquello que le ha quitado a otras personas.

Pocas veces habrá en economía tantas lecciones como la clara demostración de ineficiencias que crean los regímenes de subsidios. Y, como se ha dicho siempre, cuando hay razones genuinas para subsidiar, los montos, propósitos y destinatarios deben ser explicitados de forma clara e incorporados al presupuesto, con aprobación legislativa y rendiciones de cuentas a fin de que los conozca la sociedad.

El subsidio es una trampa para la salud de cualquier democracia, porque una vez instalado es prácticamente imposible suprimirlo. Si la mitad de la sociedad llegara a la conclusión de que no necesita trabajar pues la otra mitad se hará cargo de ella y, si esta otra mitad concluyera que no vale la pena trabajar pues alguien le quitará lo producido, ese día habrá llegado el fin de la nación. La pérdida del valor del trabajo, aquello de "ganar el pan con el sudor de tu frente" es por lo tanto una herida grave en el ser argentino que no debiera convertirse en crónica. Reproducción textual, diario La Nación

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EL 40% DEL ALZA DEL GASTO FUE POR SUBSIDIOS

Advierten sobre el impacto económico

Los subsidios y las moratorias explican el 40% del crecimiento del gasto público en los últimos cinco años. Un estudio hecho por la consultora Idesa destacó que gran parte del crecimiento del gasto público nacional se explica a partir de los subsidios transferidos a las empresas públicas y privadas y de las jubilaciones otorgadas a personas que no hicieron aportes para acceder al beneficio.

"Estos mecanismos implican desviar una gran cantidad de fondos públicos en beneficio de la población de ingresos medios y altos, y de la burocracia, los intermediarios y la corrupción. Este es uno de los motivos que explican por qué, aun con presión impositiva récord, no mejoran los servicios del Estado ni tampoco se logra reducir la pobreza", dijo Idesa.

La consultora privada también destacó el fuerte incremento del gasto público nacional, que pasó de representar el 19% del PBI en 2005 al actual 30 por ciento. "De los once puntos porcentuales del PBI que creció el gasto público, 4,5 puntos porcentuales corresponden a los subsidios a empresas públicas y privadas, y las erogaciones previsionales generadas por las moratorias", señaló el informe.

"Los datos oficiales muestran que el proceso de crecimiento del gasto público a ritmos superiores a los que creció la economía fue muy intenso. Más importante aún es que casi la mitad del aumento en el gasto del sector público nacional se explica porque a partir del año 2005 se empezó a practicar intensamente la política de otorgar subsidios a empresas privadas en compensación por los controles de precios y a las empresas públicas para financiarles sus déficits, y porque en ese mismo año se instrumentaron las moratorias previsionales a través de las cuales se vienen distribuyendo indiscriminadamente 2,4 millones de jubilaciones a personas que no hicieron aportes. Ambas medidas -subsidios y moratorias- absorben aproximadamente 75.000 millones de pesos", agregó.

Impuestos regresivos

En el estudio destacaron que el crecimiento del gasto público no necesariamente tiene connotaciones negativas si es sostenido por una mayor recaudación (asociada a mejoras en la política y administración tributaria) y se destina a aumentar la inversión en capital humano -como educación, salud, ciencia y técnica-, a mejoras de los servicios del Estado -seguridad, administración de justicia, infraestructura- y a paliar las situaciones de pobreza.

"Este no es el caso de la Argentina. El crecimiento del gasto se financia con impuestos muy regresivos y distorsivos, y el aumento del gasto se asigna a fines que no ayudan al progreso social. Parte de los subsidios a empresas beneficia a sectores económicamente vulnerables (por ejemplo, cuando familias pobres pagan tarifas subsidiadas para el transporte urbano), pero la mayor porción termina siendo aprovechada -involuntariamente- por segmentos de la población que están en condiciones de pagar el verdadero costo de los servicios públicos o por los intereses espurios que pululan alrededor de las empresa publicas", concluyó.

 

DEL PENSAMIENTO ÚNICO AL DOBLE PENSAMIENTO

A fines de 2009, el Gobierno comenzó la implementación del programa social más importante de los últimos cincuenta años: la Asignación Universal por Hijo (AUH). Se trata de una transferencia monetaria de $220 por cada niño menor de 18 años, hasta un máximo de cinco hijos.

En principio la contraprestación contempla el cumplimiento de los controles sanitarios, del plan de vacunación (para los menores de 5 años) y la finalización del ciclo lectivo. En la actualidad la AUH se le paga a 3,6 millones de chicos (76% del total de un universo potencial de 4,7 millones), implicando un costo total anual de casi $10.000 millones. Estas características hablan del programa más amplio en términos de cobertura y más generoso de acuerdo al beneficio de toda América latina.

El plan conllevó un giro copernicano en la postura del sistema político con respecto al combate a la pobreza. Durante mucho tiempo se habían propuesto iniciativas similares desde algunos sectores de la oposición, pero aquellos más cercanos a los centros de decisión las percibieron siempre como una quimera imposible de financiar. Aprovechando la holgura fiscal de estos tiempos, el Poder Ejecutivo Nacional optó por dar un paso que, afortunadamente, será difícil desandar de aquí en más.

Dado su foco en los estratos de menores ingresos, el efecto de la medida en los indicadores sociales debería haber sido abrumador. Se estimaba que la pobreza podría descender entre tres y cuatro puntos porcentuales, la indigencia reducirse a menos de la mitad, mientras la desigualdad imperante también mermaría.

Sin embargo, mientras la política social adquiría esta nueva dimensión, el enfoque macroeconómico del Gobierno continuó ignorando la creciente inflación. Su dinámica fue centro de fuertes discusiones internas durante fines de la gestión anterior y principios de la actual, pero la visión preponderante continuó siendo la misma: desatender el problema.

Durante 2010 el proceso se acentuó y sufrimos un salto inflacionario interanual de más de once puntos porcentuales, cerrando el año con una cifra cercana al 26%. Para colmo, el mayor aumento de precios se dio en los alimentos, que subieron 40%.

Esta aceleración inflacionaria hizo que en apenas seis meses prácticamente se licuaran las mejoras asociadas a la AUH. La estimación que elaboramos desde LCG es que la pobreza, que era del 23,9% cuando se anunció la AUH, había pasado a ser de 22,9% a mediados de 2010, un nivel similar al de 1995. Debido al incremento de precios en los alimentos, la indigencia -lejos de reducirse- se incrementó: pasó de 7,7% al momento de lanzarse el programa al 8,1%. Por el lado de la desigualdad se aprecia que la misma se ha mantenido prácticamente constante. Y todo ello pese al fuerte crecimiento económico registrado. Así, la AUH sólo sirvió para compensar el deterioro asociado a la suba de los precios, pero no implicó ningún impacto positivo en los indicadores sociales.

Resulta increíble que el mismo Gobierno que se animó a romper con la tradicional lógica de la inacción en materia de complemento de ingresos para los más vulnerables desconozca el duro aprendizaje que los argentinos hemos realizado con las experiencias inflacionarias y su impacto en el tejido social.

En su novela "1984", George Orwell describe una sociedad que tiene como uno de sus pilares la capacidad de ejercitar el "doble pensamiento". Este consiste en "saber y no saber, ser conciente de la verdad mientras se dicen mentiras cuidadosamente elaboradas, sostener simultáneamente dos opiniones que se anulan entre sí, sabiendo que son contradictorias pero creyendo en ambas al mismo tiempo".

Durante largo tiempo hemos padecido los efectos del pensamiento único, que percibía la realidad desde una sola dimensión. De acuerdo a esa visión la pobreza se iría resolviendo a medida que la riqueza se derramara desde los sectores de mayor hacia los de menor ingreso por la propia acción del mercado. Hoy parecemos estar en una fase de doble pensamiento, como si le negáramos a la economía su condición de sistema y se nos antojara imaginarla como una colección de compartimientos estancos que se pueden manejar arbitrariamente sin que el agua que desborda uno termine inundando otros. Martín Lousteau , Especial para lanacion.com

OCAÑA: "EL REPARTO A LAS OBRAS SOCIALES FUE TOTALMENTE ARBITRARIO"

La ex ministra cargó contra el ex superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli; "Mientras las más pequeñas recibieron un peso por afiliado, a otras, como la de Camioneros, les dieron hasta 20 por persona", declaró; Oyarbide procesó hoy al recaudador de la campaña de Cristina por asignación irregular de fondos

Ocaña: "El reparto a las obras sociales fue totalmente arbitrario"

Ocaña acusó a Capaccioli por la asignación arbitraria de fondos de la SSS. Foto Archivo

La ex ministra de Salud, Graciela Ocaña, cargó contra el procesado ex superintendente de Salud, Héctor Capaccioli. Aseguró que el ex funcionario "compró bombones y ropa" con dinero de la caja chica de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), incluso "iba a comer al restaurante del que su esposa era accionista y lo pagaba el organismo".

"La resolución que firmó Capaccioli era en realidad por la entrega de 150 millones de pesos del Fondo Solidario", explicó Ocaña en declaraciones a radio Continental. "Él repartió 47 millones en la primera parte de 2007, cuando llegamos al ministerio de Salud anulamos esa disposición."

La ex funcionaria afirmó que el reparto fue "totalmente arbitrario". "Mientras las obras sociales más pequeñas recibieron un peso por afiliado, a otras, como la de Camioneros, les dieron hasta 20 pesos por persona", apuntó.

Capaccioli, recaudador de la campaña electoral que llevó a Cristina Kirchner a la presidencia en 2007, fue procesado hoy sin prisión preventiva por el juez federal Norberto Oyarbide, por asignación irregular de fondos a obras sociales, con un embargo de 500 mil pesos sobre sus bienes.

A Capaccioli se lo acusa de favorecer a 52 obras sociales. "Tal acto administrativo resolvió distribuir la suma de $ 47.744.950 para ser aplicados a la implementación de programas de prevención de enfermedades", informó el Centro de Información Judicial.

Según la resolución del juez, "no existe exposición de motivos que pueda justificar el porqué fueron elegidas esas obras sociales por sobre las restantes" del sistema de salud, ni tampoco "fundamento alguno que de cuenta del criterio utilizado para las diferentes cifras que fueron asignadas a cada una de ellas".

Ocaña recordó que las obras sociales tenían la obligación de rendir el uso de esos fondos trimestralmente, pero no lo hacían. "Cuando se les pidió la rendición, muy pocas lo hicieron y de manera deficiente, sólo tenían datos generales" concluyó. La Nación

OYARBIDE PROCESÓ AL RECAUDADOR DE LA CAMPAÑA DE CRISTINA . NOTA DE LA REDACCIÓN: Buen recaudador, de Cristina, para Néstor y de los sindicatos!!

Es el ex superintendente de Salud Héctor Capaccioli, a quien le trabó además un embargo por medio millón de pesos. Está acusado por la distribución irregular de fondos a obras sociales.

El ex superintendente de Servicios de Salud fue procesado por el juez federal Norberto Oyarbide, acusado por malversación de caudales públicos, en el marco de una investigación por la asignación irregular de fondos a obras sociales.

 Además, Oyarbide ordenó un embargo por 500.000 pesos. El juez federal dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de Capaccioli, ex superintendente de Servicios de Salud, en una investigación por asignación irregular de fondos a obras sociales.

 Capaccioli está acusado de haber intervenido en su carácter de Titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, en la tramitación del expediente nº 118.997/07 en el cual dictó, con fecha 27 de diciembre de 2007, la Resolución 806/7.

 De acuerdo a la resolución judicial, “tal acto administrativo resolvió distribuir a favor de cincuenta y dos (52) Obras Sociales la suma de $ 47.744.950 (cuarenta y siete millones setecientos cuarenta y cuatro mil novencientos cincuenta pesos) para ser aplicados a la implementación de programas de prevención de enfermedades".

 “El dictado de tal resolución se encontraría viciado y afectaría a la Administración Pública, en orden a que no existe exposición de motivos que pueda justificar el porqué fueron elegidas esas Obras Sociales por sobre las restantes con que cuenta el sistema de salud, ni existe fundamento alguno que de cuenta del criterio utilizado para las diferentes cifras que fueran asignadas a cada una de ellas en particular", indica lo firmado y resuelto por Oyarbide.

 También indica que se "apreciarían vicios en lo que respecta a la validez misma de la resolución en cuestión, habida cuenta que la reglamentación que rige a la Superintendencia de Servicios de Salud no prevé entre las funciones de dicho organismo la disposición de fondos para ser aplicados a programas preventivos de salud".

Además, se le imputó haber utilizado en el período comprendido entre junio de 2006 a octubre de 2008 fondos de las arcas públicas con un destino diferente al previsto en la reglamentación. Además, Oyarbide procesó sin prisión preventiva a Fernando José Scopinaro, subgerente de Gestión Estratégica de la Superintendencia de Servicios de Salud; Osvaldo Oscar Cochlar y Horacio Agustín Ballesteros. Nota de la redacción: Lógico, mas recauda de quienes “ganan un sueldo, que no es una ganancia”, mas nos cara aun a todos, cuando aumente los sindicatos los sueldos, mayor es la “tajada de un gobierno que solo le interesa recaudar para dar mas subsidios y mas plata para la campaña”!

 PROCESAN AL RECAUDADOR DE LA CAMPAÑA DE CFK POR MALVERSACIÓN DE FONDOS

Héctor Capaccioli está acusado de manejar en forma irregular fondos públicos. El juez Norberto Oyarbide le dictó un embargo de$500.000. 

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El recaudador de la campaña K viajó al Mundial de Sudáfrica a mediados de 2010. | Foto: Cristian Welcomme

Héctor Adrián Capaccioli, ex Superintendente de Servicios de Salud (SSS) y ex recaudador de la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, fue procesado este martes por "malversación de caudales públicos y abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos" en la causa de la "mafia de los medicamentos".

La medida fue dispuesta por el juez federal Norberto Oyarbide, quien responsabilizó a Capaccioli de haber otorgado unos 48 millones de pesos a 52 obras sociales para ser destinados a programas de prevención de las enfermedades, pero sin explicar el criterio utilizado para seleccionar a esos entes de salud. Y también le achacó haber gastado dinero de la "caja chica" de la Superintendencia de manera superflua, como un strapless, un lupa por 500 pesos y mates por 1.300 pesos que -según Capaccioli- eran regalos de cortesía protocolares. 

Para la "malversación" que se le imputa a Capaccioli, el Código Penal contempla penas que van hasta los tres años de cárcel, aunque en una variante de esa figura podría llegar hasta los 10 años: es en el caso de que se comprobara que "sustrajo" esos fondos que tenía a su cargo para "administración, percepción o custodia".

En cuanto al otro cargo que se le imputa -"abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos"- la ley contempla una condena de un mes a dos años. Además, el juez Oyarbide le impuso un embargo de 500 mil pesos y también dispuso el procesamiento de tres de los funcionarios que acompañaron al ex recaudador "K" en la SSS. Se trata de Fernando José Scopinaro y Osvaldo Oscar Cochlar -subgerente y gerente de Gestión Estratégica de la SSS, respectivamente- y Horacio Agustín Ballesteros, ex gerente de Asuntos Jurídicos de ese organismo.

A Scopinaro también se le imputó haber viajado a España y a Grecia con su familia en travesías pagadas por un laboratorio a cambio de incluir medicamentos de esa empresa en el Plan Médico Obligatorio (PMO), y haberse desempeñado en la SSS mientras cobraba haberes como funcionario la ex Secretaría de Salud de la ciudad de Buenos Aires. Además de manejar la SSS, Capaccioli -un dirigente de origen gremial, proveniente del sindicato de operadores de radio y trabajadores de las comunicaciones (AATRAC) que fue funcionario del gobierno porteño de Jorge Telerman y que respondía al ex jefe de Gabinete Alberto Fernández- fue uno de los responsables de la recaudación de fondos para la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner en 2007.

Precisamente, muchos de los fondos que engrosaron la campaña de Cristina vinieron del rubro farmacéutico e incluso uno de los detenidos más importantes por la "mafia de los medicamentos", el empresario Néstor Lorenzo, figura como uno de los aportantes. Desde el inicio de la investigación, el fiscal Luis Comparatore reclamó la indagatoria de Capaccioli, pero el juez recién lo convocó, y sin fecha, luego de que un periodista de DyN lo encontró el año pasado en Sudáfrica asistiendo al Mundial de Fútbol.

Oyarbide dictó el procesamiento de Capaccioli a raíz de la resolución 806 dictada el 27 de diciembre de 2007, donde se dispone el traspaso de 47.744.950 pesos a 52 obras sociales "para ser aplicados a la implementación de programas de prevención de enfermedades": el juez entendió que estaba "viciada y afectaría a la Administración Pública".

"No existe exposición de motivos que pueda justificar el por qué fueron elegidas esas Obras Sociales por sobre las restantes con que cuenta el sistema de salud -dijo Oyarbide a lo largo de medio centenar de páginas-. No existe fundamento alguno que dé cuenta del criterio utilizado para las diferentes cifras que fueran asignadas a cada una de ellas en particular". La agencia DyN intentó comunicarse varias veces con Capaccioli para conocer su opinión sobre el procesamiento, pero el ex funcionario no respondió los llamados.

En su momento, cuando le tocó declarar en la indagatoria, Capaccioli había dicho que "en su plataforma electoral el ex presidente Néstor Kirchner" buscaba garantizar la salud de los argentinos y por ello se elaboró un plan quinquenal "con esas 52 obras sociales que representaban el 58 por ciento del padrón de beneficiarios". El ex funcionario añadió que "inexplicablemente (ese plan) se abortó en el primer año" y de haberlo terminado se hubiera podido dar respuesta a toda la población.
Pero al juez Oyarbide no le alcanzaron las explicaciones dadas y advirtió que por "los altos cargos ejecutivos que ocupaban, los imputados en la SSS no podían desconocer la falta de atribución, facultad y competencia de ese organismo para la disposición de fondos destinados a la implementación de programas de prevención".

"Se trata de profesionales universitarios y/o terciarios cuya formación y desempeño laboral sin duda les permitía entender acabadamente las consecuencias e implicancias de la suscripción de los documentos referidos, así como las consecuencias concretas de su obrar", señaló el juez. Y por ello, añadió, "el dolo con el que obraron los imputados se ve plenamente demostrado habida cuenta que conocían perfectamente la imposibilidad de actuar en el sentido que finalmente lo hicieron y lejos de desistir de su accionar" lo concretaron, dijo el juez en su resolución. DYN

 HUGO MOYANO

Denuncian aprietes de Moyano, ahora en Santiago del Estero

Un ex secretario de Camioneros dice que lo hicieron renunciar "bajo amenazas".

Hugo Moyano no para con los disgustos. Un ex hombre suyo lo acusó ahora de que él y su gente tienen " un accionar mafioso ". César "Johny" Cura es el ex secretario de Camioneros en Santiago del Estero. Hace 5 años, cayó en desgracia con Moyano y sus muchachos . Y ahora apunta al corazón de él, de Pedro Mariani (secretario gremial) y Mariano Silva (mano derecha del camionero): "Estos tipos tienen un accionar mafioso; Mariani y Silva me encerraron en la sede de la Federación de Camioneros y me torturaron psicológicamente durante 6 horas para que renunciara".

Esta denuncia se suma a otras recientes en Mar del Plata contra el titular de la CGT, que también fueron reveladas por Clarín .

Cura fue secretario general de los Camioneros en Santiago desde 1995 hasta el 2005, cuando sucedió lo que está contando. "Caí en desgracia porque junto a otros 17 compañeros secretarios generales de otras provincias, en 2005 votamos en contra de un nuevo mandato de Abel Beroiz como tesorero de Camioneros", relata Cura.

En ese congreso, cuando el candidato de Moyano perdió la votación 17 a 5, el propio camionero enfurecido pidió "otra oportunidad para su hombre. Tres veces golpeó la mesa con su puño reclamándoles a los compañeros que se revirtiera la votación, cosa que finalmente hicimos". Beroiz sería asesinado un par de años después, acuchillado y baleado en Rosario.

A partir de aquella diferencia, Cura asegura que lo comenzaron a hostigar; al año siguiente, en el 2006, en otro congreso de la Federación, "me encerraron en el cuarto o quinto piso Mariani y Silva, y durante seis horas me torturaron psicológicamente. Me decían que tenían filmaciones mías con mujeres, que me iban a hacer meter preso , que mis balances presentaban irregularidades, que había desviado dinero para mi bar, que me podía pasar cualquier cosa. Era una cama".

Cura, agobiado y estresado por las "torturas", renunció , pero recuerda que antes los desafió: "Renuncio, pero les aviso que me voy a presentar como candidato y voy a ganar". Mariani y Silva lo habían hecho renunciar a los cargos de secretario general de la filial Santiago, de presidente de la obra social de este distrito y de vocal de la Federación de Camioneros.

Pero para evitar que se presentara como candidato, "Mariani en persona se encargó de apretar a los dueños de las empresas santiagueñas para que bajaran de mi lista a los representantes", relata.

Según Cura, Moyano, Mariani y Silva se pusieron de acuerdo con Daniel Navarrete para "hacerme la cama". Navarrete, secretario gremial y "compadre" del sindicalista santiagueño en ese entonces, terminaría traicionando a Cura.

"Me echaron en cara que yo apoyaba a Gerardo Zamora (el radical K que había asumido como gobernador, aliado de Cristina Kirchner); ese fue otro de los motivos de la debacle", agrega. En aquel momento, Cura era titular de la CGT Auténtica en Santiago del Estero, una central paralela que agrupaba a 38 sindicatos y apoyaba a Zamora.

En 2006, luego de ser apretado, Cura hizo una exposición reservada en la policía : si le pasaba algo a él o a su familia responsabilizaba a Moyano, Mariani y Silva. Ayer, luego de la entrevista con Clarín, hizo lo mismo.