09 de Febrero de 2011
CORRUPCIÓN EN
ARGENTINA»
EE UU, preocupado por la corrupción oficial en Argentina
Más de cien cables de la embajada americana
alertan del frágil sistema judicial y de la impunidad de
quienes delinquen
El fenómeno de la corrupción oficial en Argentina
preocupa a Estados Unidos, cuya embajada en Buenos Aires
envió al Departamento de Estado
más de cien despachos confidenciales, a lo
largo de varios años, alertando sobre la fragilidad del
sistema judicial en el país sudamericano y,
consecuentemente, sobre la impunidad de quienes delinquen.
Sin auténtica voluntad política para erradicarla, la
corrupción es generalizada en la judicatura y la policía, y
alcanza a la política, según denuncia un informe enviado a
Alberto. R. Gonzales, entonces Fiscal General de EE UU, poco
antes de su viaje a Buenos Aires.
·
Cable de EE UU que señala que el
Gobierno de Kirchner investiga a otros gobiernos, pero no
las denuncias contra el suyo
·
Cable de EE UU que denuncia que
políticos argentinos ofrecen puestos políticos a jueces para
beneficiarse de la justicia
·
Cable de EE UU que habla de una
supuesta comisión del 15% cargada por el Gobierno argentino
al sector privado
·
Cable de EE UU en el que se
informa que el jefe del ejército argentino ha sido cesado
por corrupción
·
Cable de EE UU que apunta que la
ley de amnistía del Gobierno argentino despierta sospechas
·
Cable de EE UU que analiza la
renuncia del fiscal anticorrupción, Manuel Garrido
La
mayoría de los países de América Latina ocupan, con
Venezuela a la cabeza, puestos lamentables en la
clasificación de Transparencia Internacional (TI), ya que la
corrupción atraviesa los negocios y la política, y las
denuncias no resueltas sobre comisiones ilegales y sobornos
son innumerables. Venezuela, Argentina, Paraguay, México
Honduras, Ecuador o Bolivia figuran entre las naciones más
castigadas por la corrupción oficial y la impunidad.
La renuncia del fiscal argentino
anticorrupción Manuel Garrido ,
en marzo de 2009, alegando la imposibilidad de cumplir con
su trabajo, maniatado por restricciones normativas, fue
recibida con desagrado por la legación diplomática
norteamericana. La embajada había seguido atentamente las
investigaciones de Garrido sobre el sospechoso incremento
patrimonial del matrimonio Kirchner y de funcionarios del
entorno presidencial. "Los recientes movimientos del
gobierno argentino socavan la independencia y la eficacia de
los organismos con jurisdicción sobre casos de corrupción",
condenó la embajada.
A pesar de que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
dispone de una oficina anticorrupción, esta se ha centrado
fundamentalmente en investigar los casos ocurridos durante
las administraciones de Carlos Ménem (1980-1999) y de
Fernando de la Rúa (1999-2003). "Pero
apenas se ha ocupado de las acusaciones contra la
Administración Kirchner" ,
subrayan los funcionarios norteamericanos. Las apreciaciones
sobre los Kirchner son imputables a todos los gobiernos
argentinos, cuyos responsables ignoraron o minimizaron en su
día las denuncias en su contra.
La frustración del juez Garrido, que después de
más de cien investigaciones no pudo lograr una sola condena,
es entendible a tenor del promedio judicial argentino: desde
1986, únicamente se han registrado 50 sentencias
condenatorias. La mayoría de las causas que llegan a los
tribunales acaban extinguiéndose puesto que los procesos se
eternizan una media de 14 años, según el Centro para el
Estudio y la Prevención de los Delitos Económicos. Solo 15
de cada 750 acaban en el procesamiento de los denunciados.
Casi todo está bajo sospecha en los cables de la embajada:
desde el vértice del Estado hasta el funcionario, el
comandante de provincias o el policía de comisaría enlodado
con la prostitución y el tráfico ilegal.
Investigación de comisiones
El formato del fenómeno es variado. El ex Ombudsman, Eduardo
Mondino, confesó al entonces embajador, Anthony Wayne, que
investigaba denuncias
sobre "la sistemática comisión del 15% cargada por el
gobierno argentino a todos los contratos privados con un
tercer país" .
La oficina de Mondino trataba de determinar si se trataba de
soborno o de malversación, y si el dinero obtenido fue
depositado en un banco de Estados Unidos. El embajador
prometió ayudar con cautela dado lo "delicado" del asunto.
Un cable implicó, de nuevo, al ministro de
Planificación, Julio De Vido, en un caso de cohecho: el
consejero delegado de una empresa alemana se quejó ante el
ministro de que uno de sus ayudantes le había pedido dinero.
"De Vido no tuvo interés en conocer el nombre del
funcionario que ofendió (al consejero delegado) y en cambio
le recomendó que grabara y filmara la próxima solicitud de
soborno".
Los episodios vividos por empresarios y banqueros de
diferentes nacionalidades podrían certificar la veracidad
del contenido de las denuncias recogidas por la embajada
norteamericana. Un banquero español escuchó una y otra vez
en Buenos Aires, al principio con incredulidad, que debía
contactar con el denominado "grupo K" parasolucionar sus
problemas. La conclusión del diputado conservador Federico
Pinedo fue que las relaciones con Néstor Kirchner (fallecido
el pasado año) "son más importantes que las instituciones".
Las declaraciones fueron efectuadas a raíz del escándalo por
presunta corrupción en el manejo de fondos públicos que
golpeó directamente al jefe del Ejército, general Roberto
Bendini, en 2008.
Corrupción entre militares
La embajada alude también de la
corrupción entre los militares ,
cuyas consecuencias rara vez son penales. "Los escándalos
por corrupción en Argentina comienzan con mucho ruido para
disiparse después en el olvido, debido a la parsimonia de
las "investigaciones" y el interminable peloteo judicial a
los que son sometidos", resume un despacho, que cita la
debilidad de la arquitectura anticorrupción nacional como
fundamento de todos los males.
Otro informe recoge otra forma de
corrupción: la captación política de los jueces con causas
importantes a su cargo .
Los magistrados, si aceptan, deben abandonar esas causas o
paralizarlas, el objetivo pretendido por quienes les
ofrecieron espacio en su listas electorales. La envergadura
del problema es enorme: los argentinos sacaron del país en
torno a los 130.000 millones de dólares, la mayoría
procedentes de la evasión fiscal y la corrupción política.
Para tratar de lograr su regreso, el gobierno aprobó una ley
de amnistía impositiva, sobre cuyos resultados y verdaderas
intenciones aun existen recelos.
Dos abogados consultados por la
embajada norteamericana coincidieron
en que el gobierno de Kirchner presionó tanto para que
aprobara esa ley, pese a las dudas sobre su efectividad,
para "permitir a funcionarios del gobierno y sus cómplices
en el sector privado blanquear el efectivo procedentes de
las comisiones, sobornos y otras formas de corrupción
oficial, y legitimar negocios turbios, por ejemplo el
juego".
EL.PAIS.ES.JUAN
JESÚS AZNÁREZ -
Madrid - 08/02/2011
EE.UU.
RESALTABA LA CORRUPCIÓN K EN NUEVOS CABLES DE WIKILEAKS
Un
informe de la Embajada señalaba en 2009 que los ilícitos son
"generalizados" en política, Justicia y la Policía. Coimas
del 15% y acusaciones contra De Vido.
La corrupción del gobierno de Cristina fue
alertada a EEUU primero por el gobierno español y después
por la Embajada en EEUU.
| Foto: Cedoc
"El sistema
judicial en
el país sudamericano es
frágil y
también lai mpunidad
de quienes delinquen. Sin auténtica voluntad
política para erradicarla, la
corrupción es generalizada en la judicatura y la policía,
y alcanza a la política", denuncia un informe de la Embajada
de Estados Unidos en Buenos Aires que
se filtró a Wikileaks, según reveló el diario madrileño El
País.
El memo estaba dirigido a Alberto R. Gonzales, entonces
Fiscal General de Estados Unidos, poco antes de que viajara
a la Argentina a inicios de 2009. El cable agrega que "los
recientes movimientos del gobierno argentino socavan
la independencia y
la eficacia de los organismos con
jurisdicción sobre
casos de corrupción", condenó la embajada.
El detonante para esta afirmación, según El
País, fue la
renuncia, en marzo de 2009, del fiscal anticurrupción Manuel
Garrido, presionado por el matrimonio Kirchner
para que
no investigara a funcionarios denunciados. De
100 pesquisas no pudo lograr una sola condena.
La de la embajada estadounidense no fue la primera
advertencia a Washington sobre la corrupción K. El 1 de
diciembre ya se había filtrado un cable de la delegación de
Estados Unidos en Madrid en el que el
gobierno español también expresaba su "preocupación" por la
corrupción K.
Coimas. De acuerdo a los cables que publica El
País, el ex Ombudsman,Eduardo
Mondino, confesó al entonces embajador, Anthony Wayne, que investigaba denuncias
sobre "la sistemática comisión del 15% cargada por el
gobierno argentino a todos los contratos privados con un
tercer país" .
Un cable incluso implicó
al ministro Julio De Vido, en un caso de
cohecho: el consejero delegado de una empresa
alemana se
quejó ante el ministro de que uno de sus ayudantes le
había pedido dinero. "De Vido no tuvo
interés en conocer el nombre del funcionario que ofendió (al
consejero delegado) y en cambio le recomendó que grabara y
filmara la próxima solicitud de soborno", reveló otro memo
de la Embajada.
La delegación diplomática alude
también de la corrupción entre los militares ,
cuyas "consecuencias rara vez son penales". Otro informe
señala la
captación política de los jueces con causas importantes a su
cargo.
Y hubo más: dos
abogados consultados por la embajada norteamericana
coincidieron en que el
gobierno de Cristina Kirchner presionó muchísimo
para que el Congreso aprobara la ley de blanqueo
de capitales en 2009 para
"permitir a funcionarios del gobierno y sus cómplices en el
sector privado blanquear el efectivo procedentes de las
comisiones, sobornos y otras formas de corrupción oficial",
agrega otro memo.
Revelacion anti K. Los
cables de Wikileaks han generado varios dolores de cabeza al
kirchnerismo. El último, dado a conocer el viernes, señalaba
que Carlos Reutemann admitió
ser "muy
pesimista" sobre
el futuro del país, al considerar que "el
campo minado" que
dejaban las gestiones de Cristina y Néstor Kirchner. "Complicará
seriamente a los próximos gobiernos y será muy difícil
volver a la normalidad", le confió "Lole" a
diplomáticos estadounidenses en
2009, según
un memo filtrado.
Pero antes, los cables de la organización de Julian
Assange revelaron
queHillary
Clinton pidió un informe sobre la salud mental de la
Presidenta, así
como que Estados
Unidos dio por sentado que Chávez financió la campaña K en
2007. Hubo de todo: se desempolvaron
críticas de España y Chile a CFK ,
se revelaron cuestionamientos de
Estados Unidos contra Aníbal Fernández por
el narcotráfico, cruces de éste con
Alberto Fernández y Sergio Massa y
hasta
exabruptos de Luis D'Elía.
Diario
Perfil
SEGÚN WASHINGTON, EN LA ARGENTINA NO HAY VOLUNTAD POLÍTICA PARA TERMINAR
CON LA CORRUPCIÓN
Lo revelaron más de 100 cables secretos
enviado por la embajada de EE.UU. en Buenos Aires al
Departamento de Estado, divulgados hoy por WikiLeaks. "El
Gobierno argentino socava la independencia y la eficacia de
los organismos con jurisdicción sobre casos de corrupción",
sostienen.
REVELACIÓN. La nota en El País de España.
Una nueva revelación de la organización Wikileaks a través del
diario español El País develó la preocupación de EE.UU. por
el alto nivel de corrupción del estado argentino.
Los cables confidenciales de la embajada norteamericana en Buenos
Aires al Departamento de Estado hablan de la falta de
voluntad política para erradicarla como así también de la
fragilidad de todo el sistema judicial. El informe fue
enviado a Alberto. R. Gonzales, entonces Fiscal General
estadounidense, poco antes de su viaje a Argentina.
La corrupción en nuestro país se analiza en más de cien despachos
confidenciales, a lo largo de varios años. Entre ellos se
destacan la renuncia del fiscal anticorrupción Manuel
Garrido , en marzo de 2009, y las denuncias del ex Ombudsman
Eduardo Mondino a funcionarios del propio gobierno.
Tras más de cien investigaciones Garrido no pudo lograr una
sola condena y renunció alegando que no podía cumplir con su
trabajo por restricciones normativas. Su renuncia no cayó
bien en la embajada estadounidense, que "había seguido
atentamente sus investigaciones sobre el sospechoso
incremento patrimonial del matrimonio Kirchner y de
funcionarios del entorno presidencial", sostiene El País.
Según los cables, la Oficina Anticorrupción sólo se centró
en investigar casos ocurridos durante los gobiernos de
Carlos Ménem y Fernando de la Rúa. "Pero poco se ocuparon de
las acusaciones contra la Administración Kirchner" ,
sostienen los funcionarios estadounidenses.
Desde 1986 sólo hubo 50 sentencias en casos de corrupción.
La mayoría de las causas acaban extinguiéndose porque los
procesos se eternizan un promedio de 14 años, según el
Centro para el Estudio y la Prevención de los Delitos
Económicos.
DIARIO CLARIN
DURO INFORME DE LOS ESTADOS UNIDOS SOBRE
TRATA DE PERSONAS EN LA ARGENTINA
Un documento del Departamento de Estado
sostuvo que el
país es "fuente, lugar de tránsito y destino de personas
sometidas a la trata", en su mayoría mujeres
y niños. Acusa a gobiernos
provinciales y municipales de
permitir este tipo de delito
En el documento, los especialistas
norteamericanos denunciaron que el
país "exporta" mujeres y niños para su explotación sexual a
México, Europa occidental y a las naciones limítrofes.
En tanto, recibe personas
para ese mismo fin especialmente de
Paraguay,
Brasil, Perú y República Dominicana.
Por otra
parte, indicó que una
cantidad "considerable" de bolivianos, paraguayos y peruanos
víctimas de la trata llegaron al país para realizar trabajos
forzosos en talleres clandestinos. Son
sometidos a condiciones de explotación, en especial en laagricultura y los servicios domésticos, agregó, según
publicó el
sitio web El
Siglo.
"No
hubo denuncias de participación de autoridades federales en
la trata de personas.
No obstante, hubo denuncias
de corrupción generalizada y connivencia con traficantes a
nivel provincial y municipal que
impidieron la persecución penal. Hubo algunas
iniciativas por investigar y
perseguir penalmente a funcionarios oficiales y de la
Policía municipal bajo sospecha de participación en la trata
de personas", destacó el documento.
El informe agregó que cerca
de 5.000 niños fueron reclutados para la pornografía
infantil y el turismo sexual, tópico en el
que se observa "la reticencia del Gobierno a procesar y
condenar casos de abuso de menores".
Con respecto al trabajo
infantil, retomó las propias estadísticas
del Gobierno argentino para destacar que hoy
cerca de 450 mil menores trabajan, lo que
equivale a un 7% de los niños de entre 5 y 13 años y a un
20% de los menores de 14. Se destacó la
zona rural como la principal empleadora,
sobre todo en lo referido a las quintas familiares y de
terceros en la producción de tabaco, algodón y uvas, la
mayor parte de las veces en contacto directo con plaguicidas
sin la debida protección.
En tanto, en las zonas urbanas
los menores se desempeñan en el servicio
doméstico y en la calle como vendedores ambulantes,
lustrabotas o "recicladores de basura", en referencia a los
cartoneros.
Estas
consideraciones forman parte de un trabajo más extenso sobre
la situación de la Argentina. Como conclusión, los
especialistas
señalaron que el
país es "fuente, lugar de tránsito y destino de personas
sometidas a la trata".Infobae.com
WIKILEAKS: SEGÚN ESTADOS UNIDOS, LA ARGENTINA
NO TIENE AUTÉNTICA VOLUNTAD POLÍTICA PARA ERRADICAR LA
CORRUPCIÓN
En nuevos cables diplomáticos revelados, la
embajada norteamericana habría enviado más de 100 despachos
confidenciales en los que alerta sobre la falta de interés
para combatirla
La embajada de Estados Unidos emitió más de 100 despachos
oficiales alertando sobre la falta de voluntad política para
combatir la corrupción. Según nuevos cables revelados por el
diario español El País, durante varios años se advirtió
sobre la fragilidad del sistema judicial en el país
sudamericano y, consecuentemente, sobre la impunidad de
quienes delinquen.
"La corrupción es generalizada en la judicatura y la
policía, y alcanza a la política", según denuncia un informe
enviado a Alberto. R. Gonzales, entonces Fiscal General de
EE. UU., poco antes de su viaje a Buenos Aires.
La renuncia del ex fiscal anticorrupción Manuel Garrido, en
marzo de 2009, alegando la imposibilidad de cumplir con su
trabajo, maniatado por restricciones normativas, fue
recibida con desagrado por la legación diplomática
norteamericana.
La embajada había seguido atentamente las investigaciones de
Garrido sobre el sospechoso incremento patrimonial del
matrimonio Kirchner y de funcionarios del entorno
presidencial. "Los recientes movimientos del gobierno
argentino socavan la independencia y la eficacia de los
organismos con jurisdicción sobre casos de corrupción",
condenó la embajada.
A pesar de que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
dispone de una oficina anticorrupción, esta se centró
fundamentalmente en investigar los casos ocurridos durante
las administraciones de Carlos Ménem (1980-1999) y de
Fernando de la Rúa (1999-2003). "Pero apenas se ha ocupado
de las acusaciones contra la Administración Kirchner" ,
subrayan los funcionarios norteamericanos. Las apreciaciones
sobre los Kirchner son imputables a todos los gobiernos
argentinos, cuyos responsables ignoraron o minimizaron en su
día las denuncias en su contra.
La frustración de Garrido, que después de más de cien
investigaciones no pudo lograr una sola condena, es
entendible a tenor del promedio judicial argentino: desde
1986, únicamente se han registrado 50 sentencias
condenatorias.
La mayoría de las causas que llegan a los tribunales
terminan extinguiéndose ya que los procesos se eternizan una
media de 14 años, según el Centro para el Estudio y la
Prevención de los Delitos Económicos. Solo 15 de cada 750
terminan en el procesamiento de los denunciados. Casi todo
está bajo sospecha en los cables de la embajada: desde el
vértice del Estado hasta el funcionario.
Investigación de comisiones. El
formato del fenómeno es variado. El ex ombudsman, Eduardo
Mondino, confesó al entonces embajador, Anthony Wayne, que
investigaba denuncias sobre "la sistemática comisión del 15%
cargada por el gobierno argentino a todos los contratos
privados con un tercer país" . La oficina de Mondino trataba
de determinar si se trataba de soborno o de malversación, y
si el dinero obtenido fue depositado en un banco de Estados
Unidos. El embajador prometió ayudar con cautela dado lo
"delicado" del asunto.
Un cable implicó, de nuevo, al ministro de Planificación,
Julio De Vido, en un caso de cohecho: el consejero delegado
de una empresa alemana se quejó ante el ministro de que uno
de sus ayudantes le había pedido dinero. "De Vido no tuvo
interés en conocer el nombre del funcionario que ofendió (al
consejero delegado) y en cambio le recomendó que grabara y
filmara la próxima solicitud de soborno".
Los episodios vividos por empresarios y banqueros de
diferentes nacionalidades podrían certificar la veracidad
del contenido de las denuncias recogidas por la embajada
norteamericana. Un banquero español escuchó una y otra vez
en Buenos Aires, al principio con incredulidad, que debía
contactar con el denominado "grupo K" para solucionar sus
problemas. La conclusión del diputado conservador Federico
Pinedo fue que las relaciones con Néstor Kirchner "son más
importantes que las instituciones". Las declaraciones fueron
efectuadas a raíz del escándalo por presunta corrupción en
el manejo de fondos públicos que golpeó directamente al jefe
del Ejército, general Roberto Bendini, en 2008. La Nación
AMNISTÍA INTERNACIONAL PIDE INVESTIGAR LOS
ABUSOS EN EL PENAL DE MENDOZA
La representante del organismo recordó que ya han
"denunciado en varias ocasiones las deplorables condiciones
de detención en las prisiones" de
esa provincia; el Servicio Penitenciario Federal desmiente
que esa cárcel haya estado a su cargo cuando sucedieron las
torturas filmadas
La organización Aministía Internacional
reclamó hoy que se investiguen las torturas ocurridas en el
penal de Mendoza.
"Los responsables de estos abusos a los
derechos humanos deben ser llevados a la justicia sin
demoras," afirmó Louise Finer, la experta de Amnesty sobre
Argentina.
"Las autoridades nacionales y provinciales
deben trabajar en conjunto para acabar con la violencia en
las prisiones y deben asegurar que no habrán represalias
contra aquellos prisioneros que hayan filmado y distribuido
los videos", aseguró Finer.
Y recordó que "Amnistía Internacional ha
denunciado en varias ocasiones las deplorables condiciones
de detención en las prisiones mendocinas".
En tanto, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) desmintió
que el pena haya estado a su cargo en el momento en que
fueron filmadas dichas torturas.
"En realidad, el sistema penitenciario provincial nunca
estuvo intervenido por el SPF. En cambio, conducía ese
sistema un oficial superior en situación de retiro del
Servicio Penitenciario Federal, que fue directamente
designado por las autoridades de la provincia de Mendoza de
las que dependía", indicaron desde el SPF.
"EL NUESTRO ES UN MODELO CULTURAL",
RECORDÓ CFK
DINERO PRO, APLAUSOS K
La
Presidenta entregó en Paternal viviendas a afiliados a la
UOCRA y otros gremios. Entre discursos, De Vido, Moyano,
pedidos de reelección y cotillón peronista
nadie mencionó al Gobierno porteño, que
aportó más de la mitad de la inversión.
Cristina Kirchner recibe los apluasos por las
viviendas que construyó la UOCRA. El gobierno porteño pagó
más de la mitad de esas casas, pero la fiesta fue solo K. |
Foto: Télam
Cristina Kirchner entregó esta lunes 350 unidades
habitacionales en Belaustegui al 2007, en el barrio porteño
de La Paternal. Estuvieron Julio De Vido, Hugo Moyano y la
plana mayor K, hubo cánticos pidiendo por la reelección, se
vieron carteles con frases de la campaña y se escucharon
encendidos discursos de elogio al "modelo". Sin embargo,
hubo un detalle que nadie mencionó en la velada: más
de la mitad del dinero invertido en esas obras (53 por
ciento) lo aportó el gobierno porteño.
Los departamentos fueron mayoritariamente destinados a
afiliados a la UOCRA, en tanto otra porcentaje mínimo se
repartió entre familias de los sindicatos de Camioneros,
Municipales, Obras Sanitarias,
UPCN y Unión Tranviarios Automotor.
Según pudo saber Perfil.com, en
2008 se constituyó un fideicomiso por el cual la UOCRA
aportó los terrenos para la construcción de las viviendas y
la financiación se repartió de la siguiente manera: el
Gobierno nacional, a través de la Subsecretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda, aportó el 37%, el Instituto
de la Vivienda de la Ciudad aportó el 25 por ciento, el Banco
Ciudad el 28 por ciento y
los compradores el 10 por ciento restante, mediante un
crédito a 20 años que
también les otorgó el Banco Ciudad.
Es decir que el gobierno de Mauricio Macri aportó, en total, el
53% de los fondos, pero
el líder del PRO ni fue mencionado durante el acto, ni
tampoco hubo funcionarios PRO presentes. La
fiesta y los aplausos fueron exclusivamente K.
Además de De Vido, Cristina estuvo acompañada por la
ministra de Desarrollo Social, Alicia
Kirchner; de Trabajo, Carlos Tomada; el
secretario de Obras Públicas, José López; el secretario de
derechos Humanos, Eduardo
Luis Duhalde; el secretario General de la
Presidencia, Oscar
Parrilli; y los diputados nacionales Carlos
Kunkel, Diana Conti y Omar Plaini, entre otros.
"Este gobierno habla, no
con cosas que vamos a hacer, sino con cosas que hemos hecho",
dijo CFK. La Presidenta ratificó su compromiso para
continuar con "el modelo iniciado en el 2003, porque el
veranito que algunos decían iba a durar poco ya lleva 8 años
y tenemos que convertirlo en permanente, para recuperar lo
perdido en décadas".
"Tenemos que cuidar este modelo político y económico porque
por sobre todas las cosas es un modelo cultural", recordó
la Mandataria.
LA JUSTICIA INVESTIGA A JOSÉ FRANCISCO LÓPEZ,
SEGUNDO DE JULIO DE VIDO
La
fortuna del secretario de Obras Públicas creció siete
veces desde
2003. Maneja $ 31.000 millones anuales. La denuncia por
presunto enriquecimiento ilícito.
Julio De Vido, Cristina Kirchner y José López en
Casa Rosada. |
Foto: Telam
José Francisco López no es uno de los nombres
resonantes del gobierno kirchnerista. No tiene fama, ni
presencia en los medios, ni candidaturas. Pero ocupa la
Secretaría de Obras Públicas de la Nación, un rol
clave en
el Ministerio de Planificación Federal con una
caja de 31.000 millones de pesos anuales, y
es el segundo detrás de De Vido. Además, está acusado de
enriquecimiento ilícito, ya que habría multiplicado su
fortuna siete
veces desde que asumió el cargo.
López informó bienes por 158.900
pesos cuando
llegó al gobierno en 2003, y en su última declaración jurada
reconoce una fortuna de
1.109.815 pesos, un incremento del 698
por ciento, según
los datos que posee la Oficina Anticorrupción.
Entre sus propiedades destaca La
Araceliti, una vivienda
en la localidad de Concepción, Tucumán, que fue ocupada por
sus padres y ahora está reconvertida en una empresa que
produce entre tabaco y caña de azúcar. López dijo ser el
dueño de la mitad de la empresa, mientras que la otra mitad
está a nombre de su esposa, Maria
Amalia Díaz, jubilada
del Poder Judicial de la provincia de Santa Cruz.
La Araceliti
está habilitada para realizar construcciones viales y de
arquitectura, obras mecánicas y eléctricas, y servicios de
inspección, auditoría y supervisión de obras públicas,
informó el diario La
Nación, que también reportó sobre las sospechas
de que la empresa auditaría
las obras públicas nacionales en la provincia. López
posee, además, terrenos en la villa turística santacruceña
de El Calafate.
Por todo esto, López fue denunciado por el abogado Ricardo
Monner Sans por presunto enriquecimiento
ilícito. El juez federal Daniel Rafecas, de licencia hasta
el 21 de febrero, espera los resultados de una pericia
encomendada al Cuerpo de Peritos Tasadores de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación para avanzar en la
investigación. El magistrado pidió ayuda a Prefectura para
relevar las propiedades investigadas y también investigó las
cuentas bancarias del funcionario, según el diario Clarín.
LOS INÚTILES Y OBSECUENTES QUE SE CUELGAN A
TODOS LOS COLECTIVOS QUE PASAN, “SON RECONOCIDOS HASTA
INTERNACIONALMENTE”
BOUDOU, UNO DE LOS
ÚLTIMOS EN UN RANKING DE MINISTROS DE ECONOMÍA DE LA REGIÓN
El funcionario aparece en el puesto 14°, sólo
delante de sus pares de Ecuador, Guatemala, Venezuela y
Honduras; tras una encuesta a 30 economistas, los ministros
de Chile, Brasil y México se subieron al podio
/ Archivo LA NACIÓN
A pesar de la buena performance de la economía argentina
durante 2010, sobre todo si se observan exclusivamente los
datos que brinda el Gobierno, el ministro de Economía, Amado
Boudou, no parece gozar del favor de los especialistas de
América latina, sobre todo si se lo compara con sus pares de
la región.
La
revista América
Economía -una
publicación regional con corresponsales en todo el
continente- volvió a difundir en su edición de enero de este
año su clásico ranking de ministros de Economía. Allí Boudou,
candidato a jefe de gobierno en la ciudad por el
kirchnerismo, ocupa el puesto número 14° entre 18 colegas,
sólo delante de sus pares de Ecuador, Guatemala, Venezuela y
Honduras. Del otro lado, en el extremo opuesto, sobresalen
los ministros de Chile, Brasil y México.
"En la Argentina fue un año de intensidad", esgrime el
artículo basado en una consulta a 30 economistas de la
región. "Entre los habituales conflictos sectoriales y la
muerte de Néstor Kirchner, el ministro, Amado Boudou, se
anotó algunos triunfos, como el pago de la deuda externa y
un alto nivel de crecimiento opacado por una alta
inflación", completó.
"Aumentó también los ingresos y mejoró el saldo fiscal. Pero
junto con sus pares de Honduras, Venezuela y Guatemala es
uno de los ministro más inefectivos desde el punto de vista
legislativo. Nada raro en un país con 23 bancadas distintas
en el Senado", indicó la nota. "Otro punto negro que
contribuye a relegar a Boudou al 14° lugar: la Argentina
sigue siendo un país donde el crecimiento se basa en consumo
y gasto fiscal, con muy poca inversión genuina a largo
plazo", calificaron los especialistas.
En el otro extremo del ranking, hay tres claros vencedores.
Son Felipe Larraín, Guido Mantega y Ernesto Cordero,
ministros de Hacienda o Economía de Chile, Brasil y México
respectivamente. "Aunque algunos dicen que ser ministro de
Finanzas en Chile es como ser entrenador de la selección
brasileña de fútbol, no fue un año fácil para Larraín quien
debió enfrentar varios conflictos en un parlamento
fragmentado", afirmaron desde América Economía.
No obstante, en la revista especializada en finanzas y
economía de la región resaltaron que el chileno logró
mejorar en casi tres puntos del PBI "gracias a un alza en el
pacto de invariabilidad tributaria suscrito entre el Estado
y las mineras". Pero ese logro se dio en un contexto de un
fuerte aumento del gasto corriente por el fuerte terremoto
que golpeó al país trasandino.
"En cierta forma, Brasil está preso de su éxito", señaló la
publicación en una frase que recuerda a los peores momentos
de la Argentina durante la crisis de 2001-2002. La misma
vino a colación del importante presupuesto que tiene el país
más grande del Mercosur para este año (US$ 1,1 billón)
sustentado en "una de las estructuras tributarias más
complejas del mundo".
Y a pesar de que lo critica sobre su política cambiaria y el
temor a que el país sufra un proceso de "desindustrialización",
los economistas consultados destacaron que Mantega logró
mejorar el desempeño fiscal "ejecutando a la vez la mayor
política redistributiva de la historia de América latina".
El ranking continúa con Cordero (México), Juan Carlos
Echeverry (Colombia), Fernando Lorenzo (Uruguay), Alberto
Vallarino (Panamá), Ismael Benavides (Perú), Dionisio Borda
(Paraguay), Vicente Bengoa (República Dominicana), Luis Arce
(Bolivia), Carlos Cáceres (El Salvador), Fernando Herrero
(Costa Rica), Alberto Guevara (Nicaragua) hasta llegar a
Boudou.
Detrás del ministro-candidato sólo surgen Patricio Rivera
(Ecuador), Rolando del Cid Pinillos (Guatemala), Jorge
Giordani (Venezuela) y, por último, William Chong Wong
(Honduras).
Francisco Jueguen ,
De la Redacción de lanacion.com ,
fjueguen@lanacion.com.ar,
@fjueguen
UN
ARREPENTIDO DENUNCIÓ UN GRAVE CASO DE EVASIÓN Y LA AFIP LO
IGNORÓ
La ONCCA tampoco actuó.
Y le paga cada vez más subsidios a la firma investigada.
Jorge Marinucci tiene 47 años, tres hijos y aire bonachón.
No parece un delincuente aunque técnicamente deba ser
considerado un
“arrepentido”.
En 2010, tras haber trabajado más de veinte años en
uno de los molinos harineros del grupo Andrés Lagomarsino e
Hijos SA, fue despedido y se decidió a contar lo que sabía.
Ante los organismos de control y la justicia federal denunció un
mecanismo para evadir impuestos por más de 100 millones de
pesos desde 2003 . La investigación judicial avanza a paso
muy lento. Pero ni el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray,
ni su par de la ONCCA, Juan Manuel Campillo, le llevaron el
apunte . Todo lo contrario, desde la denuncia la firma
comenzó a cobrar más del doble de subsidios. Desde 2007, ya
embolsó 214,5 millones de pesos.
Marinucci transpira impotencia. Ante Clarín muestra decenas de
papeles y hasta el “chupete” , un curioso artefacto de
plástico negro que -según su relato- él mismo colocaba casi
todos los días para alterar o “bypassear” el caudalímetro .
El caudalímetro es de uso obligatorio en los molinos, porque
permite al Estado controlar el caudal de trigo que va a
molienda. Pero el “chupete” evita que registre movimiento. Y
todo se vuelve “negro”.
Marinucci y el contador Oscar Bustos fueron despedidos por
Lagomarsino en mayo de 2010, sin indemnización ni
explicaciones. Antes habían expresado su temor a quedar
implicados en una maniobra para evadir impuestos que se
habría puesto en marcha en 2003 supuestamente por orden
directa del gerente de producción del grupo, Hernán
Lagomarsino.
A principios de julio, Marinucci hizo primero la denuncia ante AFIP
y ONCCA . Pero como no tuvo ninguna respuesta, se presentó
luego ante el juzgado en lo Penal Tributario, a cargo de
Javier López Biscayart.
Luego de los cabildeos propios de la justicia, la investigación
está tímidamente dando sus primeros pasos.
El volumen de pruebas aportado por Marinucci
resulta apabullante. El denunciante -durante años
responsable técnico del molino “Concepción” de Mar del
Plata- no solo admitió haber comprado el trigo necesario
para la maniobra sino también haber alterado el
caudalímetro.
“El chupete se ponía siempre a las 6. A
partir de ahí el molino funcionaba toda la noche en negro” ,
relata. No siente culpa y aclara: “Mientras estuve empleado
cumplí órdenes que siempre cuestioné y de las que me
arrepiento, ya que no estaba en condiciones de discutir so
pena de despido”.
Marinucci puso a disposición de la justicia
dos cajas repletas de planillas. Día a día, desde 2003,
guardó tres planillas diferentes por cada jornada de
trabajo. En la “A” se apuntaba el volumen real de trigo. La
“B” reflejaba lo que luego se declaraba al fisco y la “C”,
finalmente, era un resumen del ilícito. El 15 de setiembre
de 2009, por ejemplo, la planta trabajó 304.153 kilos de
trigo (A), pero declaró 156.100 kilos (B) y ocultó 148.053
kilos (C).
El negro llegó al 48,6%.
El contador Bustos calculó, en base a esas planillas, una evasión
de 108,7 millones de pesos . De abril de 2003 a febrero de
2010 se habrían operado marginalmente 97.400 toneladas de
trigo. Eso únicamente en Mar del Plata, porque Marinucci
afirma que en otro molino del grupo, en Carlos Casares,
habría sucedido otro tanto. Lagomarsino es el tercer grupo
molinero del país. Posee otros 3 molinos, 2 acopios y
fábrica de fideos.
El ex empleado asegura que la maniobra “fue decidida por los
principales directivos del grupo”. Pero como prueba agregó
manuscritos reveladores del desvío, del gerente marplatense
Carlos Blanco y del auditor Víctor Daneri (hijo). También
reveló el nombre de 16 acopios y productores que les vendían
el trigo en negro. Y aportó otro dato clave: que el dinero
era manejado en La Moneta SA , una casa de cambio
marplatense.
Pese a tanto dato, la AFIP y la ONCCA no solo desecharon sanciones
sino que a partir de que se conoció la denuncia, siete meses
atrás, no se inmutan por un llamativo “blanqueo” de la
actividad del grupo, que habría puesto fin apresuradamente a
sus maniobras.
Este regreso a las reglas se hizo evidente en las suculentas
compensaciones que cobra la empresa. Hasta julio de 2010
promediaban de 5 a 9 millones de pesos al mes. Pero a partir
de allí los montos saltan a 15 millones en agosto, 21
millones en setiembre y 17 millones de octubre, el último
mes pagado.
MATÍAS LONGONI,
mlongoni@clarin.com
"EL REINO DEL INDEK", LA CANCIÓN DEDICADA A
MORENO
Técnicos del organismo estadístico, muchos de
ellos desplazados, adaptaron el clásico de María Elena Walsh
a la actualidad del instituto para recordar los cuatro años
de la intervención del polémico funcionario
Trabajadores nucleados en la Asociación de Trabajadores del
Estado (ATE), muchos de ellos desplazados por el Gobierno,
adaptaron un clásico de María Elena Walsh con el objetivo de
criticar la actualidad del Instituto Nacional de Estadística
y Censos (Indec) y rememorar el cuarto aniversario de la
intervención oficial.
"El Reino del Indek", como los trabajadores titularon a la
canción, critica con dureza a la actual cúpula del organismo
estadístico, la directora, Ana María Edwin y el director
técnico, Norberto Itzcovich. Además, hace referencia a los
datos de la inflación, la pobreza y el último censo.
La canción fue enviada a los medios junto con un comunicado
que recuerda los "cuatro años de lucha" de trabajadores de
ATE contra la intervención oficial en instituto y que invita
a asistir a un nuevo abrazo el próximo 11 de febrero a las
13 en Diagonal Sur y Perú, frente al organismo. "Fuera la
intervención, fuera la patota, fuera el FMI", cierra el
texto.
LA LETRA DE LA CANCIÓN
Me dijeron que en el reino del INDEK es muy trucho el IPC si
este índice mensual no cierra bien lo dibujan entre tres
Vamos a ver cómo es el reino del INDEK vamos a ver cómo es
el reino del INDEK Me dijeron que en el reino del INDEK
las patotas dicen YES porque el Fondo Monetario quiere ver
chupamedias por doquier Vamos a ver cómo es el reino del
INDEK
vamos a ver cómo es el reino del INDEC Me dijeron que en el
reino del INDEK la pobreza no la ves el que pide por la
calle es un marqués
oligarca o gran burgués Vamos a ver cómo es el reino del
INDEK vamos a ver cómo es el reino del INDEK Me dijeron que
en el reino del INDEK
ahora se suma el ANSES los viejitos no lo pueden ni creer
¿llegarán a fin de mes? Vamos a ver cómo es el reino del
INDEK
vamos a ver cómo es el reino del INDEK Me dijeron que en el
reino del INDEK ser rastrero está de diez si al Colo y a la
Edwin les caés muy bien
de una E pasas a B Vamos a ver cómo es el reino del INDEK
vamos a ver cómo es el reino del INDEK Me dijeron que en el
reino del INDEK
se hizo un censo otra vez en los millones de personas que te
quieren vender el 40 es 36 Pasen a ver cómo es el reino del
INDEK
pasen a ver cómo es el reino del INDEK
La Nación
LA ANSES APELA CADA VEZ MÁS PARA NO PAGAR EL
AJUSTE A LOS JUBILADOS
Insiste en esa estrategia pese a que se
comprometió ante la CIDH a no hacerlo.
RIESGO. LA SEDE DE LA SEGURIDAD SOCIAL, SOBRECARGADA DE
EXPEDIENTES.
Mientras ya suman 450.000 las demandas judiciales de
jubilados, sigue creciendo también el número de sentencias
que no quedan firmes para ser pagadas a sus beneficiarios
porque son
apeladas por el Estado.
Durante el año pasado ingresaron a la Cámara de Apelaciones
de la Seguridad Social 32.978
sentencias, una cifra récord.
Es casi un 32% más que las 25.044 apeladas en 2009,
de acuerdo a las cifras difundidas por la Justicia.
En tanto, durante 2010, como informó el sábado Clarín,
ingresaron a los Tribunales de primera instancia 100.003
nuevas demandas de jubilados, casi lo mismo que en 2009.
“En un importante número de casos, el
que apela es el propio Estado a través de la ANSES”,
le dijo la jueza Lilia Maffei de Borghi, titular de la
Cámara e integrante de la Sala I al Centro de Información
Judicial.
El dato es más relevante aún porque las apelaciones deberían
haber decrecido ya que, a partir de varias denuncias, el
Gobierno se comprometió ante el Comité Interamericano de
Derechos Humanos (CIDH) de la OEA a no apelar los fallos
favorables a los jubilados que fueran similares
a los casos Badaro, Elliff, Gemelli y
otros sobre los cuales la Corte Suprema ya se pronunció.
Sin embargo, “esto no se está cumpliendo o solo
parcialmente”, le dijo a Clarín el
abogado previsionalista Horacio González, uno de los que
patrocinaron esos reclamos ante la CIDH de la OEA. Y añadió
que junto al CELS y otros organismos y abogados, el Gobierno
volvió a ser denunciado el año pasado ante la Comisión
interamericana por esos incumplimientos.
Como informó Clarín,
luego de un proceso que insumió muchos años, en noviembre de
2009, se llegó a un acuerdo de “solución
amistosa” por
el que la ANSeS se comprometió a: Pagar todas las sentencias
judiciales firmes.
No apelar las sentencias judiciales de primera o segunda instancia
favorables a los jubilados, en los que la Corte Suprema ya
se hubiera expedido, como el caso Badaro.
Desistir de los recursos judiciales que ya hubieran sido
presentados ante la Corte Suprema o ante la Cámara Federal
de Apelaciones de la Seguridad Social, contra las sentencias
favorables a los beneficiarios.
Establecer un mecanismo de seguimiento periódico del cumplimiento
de los compromisos asumidos coordinado por la Cancillería
argentina.
“Ninguno de estos puntos se están cumpliendo” precisó González.
A todo esto se agrega que en muchos casos la ANSeS liquida
mal los fallos y eso obliga al jubilado a iniciar un nuevo
juicio para
que se cumpla con lo que dice el texto de la sentencia.
Con relación a estos incumplimientos, el año pasado la jueza de la
Corte Suprema de Justicia Carmen Argibay Molina admitió que
“nos llegan las causas de previsión social porque están mal
calculados los haberes” y “la ANSeS no paga lo que debe.
Incluso cuando hay sentencias que la obligan a pagar,
insiste con no pagarlos y trata de llegar hasta la Corte”,
con la consiguiente “sobrecarga de los tribunales”.
Por su parte la Defensoría del Pueblo elevó una demanda a la
Justicia para que directamente se extiendan a todos los
jubilados los fallos de la Corte para evitar así que cada
jubilado tenga que iniciar un juicio. El tema llegó hace
tiempo al máximo tribunal que, hasta ahora, no se pronunció.
En el Presupuesto de este año la ANSeS prevé destinar $ 2.400
millones al pago de juicios, lo que equivaldría, según los
reclamos iniciados, a saldar cerca de 20.000 sentencias.
ISMAEL
BERMÚDEZ ,
CLARIN
SILENCIO Y CONJETURAS SOBRE EL SUICIDIO DEL
PODEROSO EMPRESARIO CORRENTINO
Mientras
en Corrientes reina la conmoción y la reserva, las versiones
señalan que Raúl Clebañer estaba enfermo o deprimido. La
familia y los negocios.
Darío y Raúl Clebañer. |
Foto: Cedoc
El suicidio
de uno de los empresarios más poderosos de Corrientes, Raúl
Clebañer, conmocionó a Corrientes durante
todo el jueves. Los medios provinciales dieron unos pocos
datos del suceso, la familia apenas expresó unas palabras y
el fiscal que investiga no pudo determinar porqué el
miércoles a las 17.55 el empresario de 64 años se lanzó
desde el piso 10º del lujoso edificio Torres
de Costanera.
Según fuentes de los medios locales, la familia pidió
manejar la noticia con la mayor discreción posible,
conservando el perfil bajo que cultivó Clebañer en vida.
El empresario, señalaron a Perfil.com fuentes
de su entorno, tenía dos
hijos que habrían sido adoptados: Fabio, líder
de grandes empresas y negocios de los sectores agropecuario
y automotriz, y Darío, que
se habría radicado en Buenos Aires con su esposa, una
conocida diseñadora. Entre ellos, el padre había repartido
su patrimonio mientras aún estaba vivo, indicó una fuente.
Su esposa había
fallecido hace varios años, producto de un cáncer, y eso
había motivado la creación de la Fundación
Lidia Clebañer, enfocada en la educación.
Por qué se mató. El
principal interrogante es qué llevó a Clebañer, cuyas firmas
fueron denunciadas
por contratos y concesiones sospechosas con los Kirchner,
a tomar esa decisión si, según dijeron empresarios que lo
conocían, sus negocios atravesaban su mejor momento. El
fallecido y su familia poseen empresas en la construcción,
los peajes, automóviles, hidroeléctrica y el campo en varias
provincias.
Sin embargo, una hipótesis que maneja la Fiscalía es que el
dolor por la muerte de su esposa lo
condujo a una fuerte depresión. Perfil.com pudo
saber que, en base a esa línea de investigación, Raúl
Clebañer no resistió el hecho de vivir solo en su
departamento y se quitó la vida. De hecho, según eldiario
1588, la
Policía halló una importante cantidad de pastillas de
rivotril en su mesita de luz.
Otra hipótesis señala que el poderoso empresario estaba muy
aquejado por una enfermedad
en los últimos meses y
que un día no aguantó más. La familia sólo confirmó que estaba
"deprimido" y
que estaba bajo tratamiento
psicológico, según
indicó un portal correntino. Ese periódico fue el
único en la provincia que abrió
su portada con la noticia del suicidio.
Negocios bajo sospecha. Ingeniero
Civil, Clebañer desde joven tuvo mucho éxito con sus
emprendimientos en Corrientes y eso lo llevó a expandirse al
resto del país. En 1966 creó la constructora Relats-Clebañerjunto
a su socioJuan
Carlos Relats, dueño del Hotel
Panamericano, Rutas
del Litoral y
un importante consorcio de
estrecha cercanía a Néstor Kirchner.
Juntos, Clebañer y Relats dirigieron varias
firmas que ahora son investigadas por la Justicia por concesiones
irregulares que
le otorgaron los gobiernos K.
EFECTO
INFLACIÓN / SE INYECTARÁN ESTE AÑO ENTRE 1000 Y 1200
MILLONES DE PESOS
La importación de billetes de Brasil se
extenderá todo el año
Para evitar faltantes, la Casa de Moneda
avanza con un esquema de complementación industrial
Un avión que trae dinero argentino, al llegar a El Palomar,
el 15 de diciembre pasado.
Foto Archivo
Los billetes de $ 100 argentinos made in Brasil llegaron
para quedarse. Ante la crónica falta de papel moneda, el
Gobierno avanza con una serie de medidas para evitar que
durante los próximos meses se repitan los faltantes de
dinero en la economía doméstica, que sólo este año
necesitará la inyección de entre 1000 y 1200 millones de
pesos en nuevos billetes.
Entre la batería de medidas sobresale un acuerdo de
complementación industrial entre la Casa de Moneda argentina
y su par brasileña. En ese esquema, la Sociedad del Estado
Casa de Moneda pasaría sólo a especializarse en la provisión
de los billetes de menor denominación, mientras que los de $
100 se seguirían importando de Brasil. De esta manera, la
serie S, traída desde Brasil en los últimos dos meses de
apuro, y, por lo mismo, con características diferenciales
respecto de los otros billetes de $ 100 en circulación,
dejaría de ser una rareza.
El acuerdo además contempla que la Casa de Moneda local
sería dotada de máquinas usadas importadas desde Brasil,
aprovechando que el socio mayor del Mercosur acaba de
incorporar una nueva línea de impresoras de billetes en
agosto y planea sumar otra en los próximos meses. Al
hacerlo, liberaría el viejo equipamiento, que podría ser
útil aquí para sumarle algo de capacidad productiva a su par
argentina, aunque desde la entidad del vecino país
declinaron comentar esa posibilidad ante una consulta de La
Nacion.
El esquema de complementación sería acompañado por la puesta
en marcha de un joint-ventureentre
ambos organismos oficiales para que, a mediano plazo, se
conviertan en proveedores de billetes para otros países,
algo que se conversó tras el reciente paso de la presidenta
de Brasil, Dilma Rousseff, por Buenos Aires.
Compra de una imprenta
En forma paralela al acuerdo con Brasil, el Ministerio de
Economía procura reflotar una propuesta para comprar la
planta que Ciccone Calcográfica tiene en Don Torcuato, ya
que por una reciente decisión judicial, según informó a la
Bolsa porteña el propio Grupo Boldt, éste debería devolverle
anticipadamente esa impresora a Ciccone a fines de febrero,
pese a que el 27 de agosto pasado había suscripto un
contrato de alquiler por un año. La rescisión anticipada
dejaría abierta la puerta a una apelación que, de suceder,
complicaría los planes oficiales, pero el contrato de
locación contendría una fórmula en ese sentido.
Hay que recordar que en abril de 2010 el secretario de
Hacienda, Juan Carlos Pezoa, aprobó el Plan de Acción y
Presupuesto de la Sociedad del Estado Casa de Moneda, que
incluía el reequipamiento y contemplaba inversiones por casi
570 millones de pesos. Ese plan había quedado plasmado en la
resolución 153/2010 de Hacienda, que establecía que el
Estado nacional podría adquirir una nueva planta "llave en
mano", para "acelerar el ritmo de impresión de papel moneda"
a partir de 2010. Pero esa partida nunca se ejecutó.
El paquete oficial se completaría con la postergada
implementación por parte de la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) del plan para obligar a los
comercios a entregar siempre la alternativa de los pagos con
tarjetas, de manera de ayudar a acotar por esa vía la
demanda de efectivo y, a la vez, combatir la economía en
negro y el circuito de venta informal.
Premisas de trabajo
El diseño de estas soluciones está en manos del
ministro-candidato, Amado Boudou, y la presidenta del BCRA,
Mercedes Marcó del Pont, aunque la ejecución de las
políticas quedó en poder del comité que se había formado en
la entidad monetaria tras el desplazamiento del jefe de esa
área, Edgardo Arregui, que había sido decidido pese a que el
funcionario había alertado al menos en tres oportunidades
que la provisión de billetes resultaría insuficiente.
Hasta ahora, de ese comité tomaban parte Marcó del Pont; su
vicepresidente, Miguel Pesce, y los directores más afines a
su conducción, como el ex superintendente de bancos Waldo
Farías y el contador recientemente incorporado al cuerpo,
Santiago Carnero. Pero la última semana se anexaron a este
cuerpo en representación del Ministerio de Economía (la
cartera que tiene a su cargo el control de la Casa de
Moneda) el secretario y el subsecretario de Finanzas, Hernán
Lorenzino y Adrián Cosentino, respectivamente, para
apresurar los pasos en pos de una salida.
Con estas medidas, el Gobierno busca dar con una salida a la
denominada "crisis de los billetes", que le permita
solucionar -aunque más no sea, de manera temporal-este
costoso entuerto.
Claro que los funcionarios a cargo de la tarea ya recibieron
una instrucción básica que no podrán obviar: el camino que
elijan no podrá nunca incluir la posibilidad de aceptar la
emisión de un billete de mayor denominación, como sugieren
los especialistas y reclama la oposición.
La premisa es no entregar otra palmaria evidencia de la
existencia de la inflación, que tan tozudamente y hasta
torpemente niega el Gobierno, y a la vez evitar que se
reproduzcan problemas de abastecimiento como los que miles
de argentinos padecieron en los últimos meses.
Javier Blanco, LA NACIÓN
EN LA PATAGONIA, UNA HECTÁREA CUESTA MENOS
QUE LA CUOTA DE UN GYM
Boom de
venta de tierras zonas fiscales o estratégicas para la
seguridad nacional. Millonarios
en el sur, en fotos.
El magnate Joe Lewis se alzó con tierras que
rodean el Lago Escondido e impide acceder a él.
| Foto: Télam
Las tierras en zonas estratégicas de la
Patagonia se venden casi
sin restricciones a
precios que podrían equipararse
a los de una cuota de gimnasio en
la Ciudad de Buenos Aires. Suena a disparate, pero es real:
hay zonas donde se puede acceder a un campo desde sólo
96 pesos la hectárea.
Así lo reveló el sitio rionegrino IProfesional,
que destaca que cada vez más extranjeros se alzan por pocas
monedas con tierras linderas
con la cordillera de los Andes o que desembocan directamente
en aguas del mar argentino, es decir en
zonas consideradas clave para la seguridad nacional, que son
comercializadas por inmobiliarias o cedidas por funcionarios
públicos.
En algunos casos, destaca el portal, los traspasos de tierra
se realizan seguidos de avales como los obtenidos por el
controvertido empresario británico Joe
Lewis, que
desde 2008 opera una pista aérea privada de mayor
envergadura que la que funciona, por ejemplo, en Bariloche.
Es que la pista del magnate tiene acceso al mar Argentino y
fue denunciada por
entablar presuntos vuelos encubiertos a Malvinas.
Pero además, Lewis ejerce control
sobre todas las tierras que rodean al lago Escondido, por
lo que resulta casi imposible acceder públicamente a él, por
lo que hoy es fuente de varias disputas judiciales.
Otros ejemplos de este tipo: el
control de 900.000
hectáreas que lleva adelante la familia Benetton en
esa región, las 55.000 hectáreas propiedad del dueño de la
cadena de noticias CNN, Ted
Turner, en el área andina, y las enormes
extensiones de tierra que posee el estadounidense Douglas
Tompkins en
Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Mientras tanto, unas
13 millones de hectáreas se ofrecen hoy a la ventaque,
según agentes inmobiliarios y legisladores provinciales,
alberga un
número casi indeterminado de terrenos fiscales.
"Cada vez se acumulan más y más denuncias en Río Negro y
otras provincias por la venta de tierras fiscales a precios
irrisorios.
Los valores no llegan a los $100 por hectárea en muchos casos. Las superficies son adjudicadas a magnates extranjeros o a
personas vinculadas a estos empresarios", afirmó la diputada
rionegrina Magdalena Odarda al sitio.
Ángel González, titular de una ONG orientada a garantizar el
libre acceso a costas de lagos y ríos, también señaló esta
preocupación. "Los
extranjeros están poblando la Patagonia,
justo en zonas donde abundan las riquezas. Cercan arroyos,
ríos y lagos. Los alambrados se están haciendo cada vez más
comunes. De ahí que se están presentando continuos proyectos
pidiendo la intervención de los organismos de
medioambiente".
Por su parte, Julio Traverso, representante en la región de
la inmobiliaria Nordheimer, confirmó que los precios por
hectáreas son
irrisorios en
algunas zonas del sur. "Hoy en Santa Cruz, en Tres Lagos,
podés adquirir campos a30
dólares la hectárea. O quizás a menos. Si
bien no representan lo mejor de la provincia, cuentan con
agua y son aptos para la explotación de ganado ovino",
aseguró.
Desde la inmobiliaria Antón, con sede en Esquel, Chubut,
Rodrigo Antón, encargado de ventas, ratificó la constante
llegada de extranjeros en búsqueda de tierras. "Muchos
extranjeros vienen y compran para posteriores
reventas, aunque el grueso lo ha hecho con
fines residenciales y de radicación. Aprovechan también que el
precio de la tierra prácticamente no varía desde el año
2008", indicó.
Gonzalo Sánchez, autor del libro La
Patagonia vendida ya
lo había advertido: "Históricamente,
Argentina se ha dedicado a vender su tierra, pero el
problema es que se
están comercializando terrenos que no se pueden vender",
dijo. Y denunció la falta de regulación en territorios
fiscales, es decir, en aquellos donde cada provincia decide
si los vende y cómo.
En
tanto, la diputada Odarda sostuvo que las denuncias
vinculadas a la comercialización sin control de tierras
estratégicas "no se suceden sólo en Río Negro, sino que
también encuentra un movimiento similar en Chubut y Santa
Cruz". Y aseguró: "Se
comprobó que más del 50% de los expedientes de
autorizaciones de ventas en áreas de frontera tienen algún
tipo de irregularidad".
EDITORIAL I
LA CULTURA DEL MENOR ESFUERZO
El subsidio injustificado es una trampa para la salud de
cualquier democracia y, una vez instalado, es casi imposible
suprimirlo
UNO de los pesados legados que la Argentina consolidó con el
"modelo K" es la cultura del no esfuerzo. Aquellos
principios que hicieron grande a nuestro país, basados en el
esfuerzo y el trabajo, están cediendo en la mente de una
generación que entiende que tiene derecho a recibir un
subsidio que sustituya un salario y que, además, reclama
como una obligación del Estado proveerle una vivienda digna
y otros servicios sociales.
No se pone en tela de juicio en modo alguno la legitimidad
de los subsidios para resolver carencias de personas que no
pueden procurarse ingresos suficientes por edad,
discapacidad o circunstancias múltiples que conspiren contra
el principio de la igualdad de oportunidades. Tampoco sería
justo negarse a la posibilidad de instrumentar subsidios
transitorios por desempleo ni a que se canalicen fondos
públicos para afrontar situaciones de emergencia. Esas son
políticas habituales en el mundo y se fundan en criterios de
solidaridad social básicos, respaldados aquí por la
Constitución nacional.
De lo que estamos hablando es de la proliferación de los
llamados planes sociales, distribuidos en gran medida con
desenfrenados criterios clientelísticos y prebendarios que
socavan las posibilidades de prosperidad futura. La
situación en la Argentina ha llegado a un punto tal que la
cantidad de personas que optan voluntariamente por no
trabajar ha crecido de manera alarmante. Este hecho, que
hubiese sido una aberración en tiempos de nuestros abuelos,
hoy se presenta como una realidad cultural preocupante y
patológicamente instalada.
El ex presidente chileno Eduardo Frei, citado en las
filtraciones últimas de WikiLeaks sobre nuestro país, dice:
"La Argentina destruye por el día lo que la naturaleza crea
por la noche". Notable concisión de palabras para describir
una aventura como la que envuelve, entre otros capítulos de
enajenación política, la de fomentar la idea de que es lo
mismo trabajar que no hacerlo.
Así no se hizo este país, ni así alcanzó la jerarquía de que
disfrutó por largo tiempo en el concierto de naciones.
Hay familias que reciben dos planes: uno, la mujer, y otro,
el hombre, más la asignación universal por hijo, sumada a la
escuela gratuita y al hospital público, también a cargo del
resto de la comunidad. Todo ello les garantiza una economía
de subsistencia que les permite no buscar o incluso rechazar
ofertas de trabajo. Puede decirse que ya existen argentinos
que no han visto trabajar a sus padres, con la tremenda
carga cultural negativa que esa constatación introduce en
las conciencias. Es que ya no hay deshonra en no trabajar,
algo que en otros tiempos hubiese sido una vergüenza
(recordemos la letra del tango "Haragán").
Esta falsa sensibilidad social que fundamenta la ayuda y el
subsidio a cambio de nada o tal vez sólo de adhesión
política, constituye una inmoralidad intrínseca que
convierte grandes segmentos de la sociedad en una comunidad
pasiva, impotente para crear movilidad social a través del
esfuerzo, uno de los mayores tesoros de los primeros ochenta
años de la organización nacional que permitió brillar a
nuestro país. Bien podría el Estado, mediante el impulso de
la obra pública, aprovechar la fuerza laboral de aquellos a
quienes subsidia, con la ventaja de contribuir a la dignidad
del subsidiado y, por ende, a la sana ecuación ética de que
no hay paga sin contraprestación, al tiempo que permitiría
reducir el déficit fiscal.
Se sabe que quienes manejan políticamente los planes con
criterio clientelístico exigen que los subsidiados concurran
a determinados actos políticos del partido gobernante, so
pena de perder las prerrogativas de ser beneficiarios de un
plan. Nos encontramos, por lo tanto, ante una perversidad
política de proporciones inusitadas. Para colmo de males, el
sistema implementado fomenta la "changa", el trabajo
informal, "en negro", pues quien tiene un plan no desea
incorporarse al circuito formal; de hacerlo, lo perdería. En
consecuencia, continúa "en negro", pero además del trabajo,
conserva el plan y, por lo tanto, cobra por partida doble, a
costa de todos. Porque todo lo que alguien recibe sin haber
trabajado para ello, será aquello que quien habiendo
trabajado no recibirá nunca. El Gobierno sólo puede entregar
aquello que le ha quitado a otras personas.
Pocas veces habrá en economía tantas lecciones como la clara
demostración de ineficiencias que crean los regímenes de
subsidios. Y, como se ha dicho siempre, cuando hay razones
genuinas para subsidiar, los montos, propósitos y
destinatarios deben ser explicitados de forma clara e
incorporados al presupuesto, con aprobación legislativa y
rendiciones de cuentas a fin de que los conozca la sociedad.
El subsidio es una trampa para la salud de cualquier
democracia, porque una vez instalado es prácticamente
imposible suprimirlo. Si la mitad de la sociedad llegara a
la conclusión de que no necesita trabajar pues la otra mitad
se hará cargo de ella y, si esta otra mitad concluyera que
no vale la pena trabajar pues alguien le quitará lo
producido, ese día habrá llegado el fin de la nación. La
pérdida del valor del trabajo, aquello de "ganar el pan con
el sudor de tu frente" es por lo tanto una herida grave en
el ser argentino que no debiera convertirse en crónica.
Reproducción textual, diario La Nación
Relacionada
EL 40% DEL ALZA DEL GASTO FUE POR SUBSIDIOS
Advierten sobre el impacto económico
Los subsidios y las moratorias explican el 40% del
crecimiento del gasto público en los últimos cinco años. Un
estudio hecho por la consultora Idesa destacó que gran parte
del crecimiento del gasto público nacional se explica a
partir de los subsidios transferidos a las empresas públicas
y privadas y de las jubilaciones otorgadas a personas que no
hicieron aportes para acceder al beneficio.
"Estos mecanismos implican desviar una gran cantidad de
fondos públicos en beneficio de la población de ingresos
medios y altos, y de la burocracia, los intermediarios y la
corrupción. Este es uno de los motivos que explican por qué,
aun con presión impositiva récord, no mejoran los servicios
del Estado ni tampoco se logra reducir la pobreza", dijo
Idesa.
La consultora privada también destacó el fuerte incremento
del gasto público nacional, que pasó de representar el 19%
del PBI en 2005 al actual 30 por ciento. "De los once puntos
porcentuales del PBI que creció el gasto público, 4,5 puntos
porcentuales corresponden a los subsidios a empresas
públicas y privadas, y las erogaciones previsionales
generadas por las moratorias", señaló el informe.
"Los datos oficiales muestran que el proceso de crecimiento
del gasto público a ritmos superiores a los que creció la
economía fue muy intenso. Más importante aún es que casi la
mitad del aumento en el gasto del sector público nacional se
explica porque a partir del año 2005 se empezó a practicar
intensamente la política de otorgar subsidios a empresas
privadas en compensación por los controles de precios y a
las empresas públicas para financiarles sus déficits, y
porque en ese mismo año se instrumentaron las moratorias
previsionales a través de las cuales se vienen distribuyendo
indiscriminadamente 2,4 millones de jubilaciones a personas
que no hicieron aportes. Ambas medidas -subsidios y
moratorias- absorben aproximadamente 75.000 millones de
pesos", agregó.
Impuestos regresivos
En el estudio destacaron que el crecimiento del gasto
público no necesariamente tiene connotaciones negativas si
es sostenido por una mayor recaudación (asociada a mejoras
en la política y administración tributaria) y se destina a
aumentar la inversión en capital humano -como educación,
salud, ciencia y técnica-, a mejoras de los servicios del
Estado -seguridad, administración de justicia,
infraestructura- y a paliar las situaciones de pobreza.
"Este no es el caso de la Argentina. El crecimiento del
gasto se financia con impuestos muy regresivos y distorsivos,
y el aumento del gasto se asigna a fines que no ayudan al
progreso social. Parte de los subsidios a empresas beneficia
a sectores económicamente vulnerables (por ejemplo, cuando
familias pobres pagan tarifas subsidiadas para el transporte
urbano), pero la mayor porción termina siendo aprovechada
-involuntariamente- por segmentos de la población que están
en condiciones de pagar el verdadero costo de los servicios
públicos o por los intereses espurios que pululan alrededor
de las empresa publicas", concluyó.
DEL PENSAMIENTO ÚNICO AL DOBLE PENSAMIENTO
A fines de 2009, el Gobierno comenzó la implementación del
programa social más importante de los últimos cincuenta
años: la Asignación Universal por Hijo (AUH). Se trata de
una transferencia monetaria de $220 por cada niño menor de
18 años, hasta un máximo de cinco hijos.
En principio la contraprestación contempla el cumplimiento
de los controles sanitarios, del plan de vacunación (para
los menores de 5 años) y la finalización del ciclo lectivo.
En la actualidad la AUH se le paga a 3,6 millones de chicos
(76% del total de un universo potencial de 4,7 millones),
implicando un costo total anual de casi $10.000 millones.
Estas características hablan del programa más amplio en
términos de cobertura y más generoso de acuerdo al beneficio
de toda América latina.
El plan conllevó un giro copernicano en la postura del
sistema político con respecto al combate a la pobreza.
Durante mucho tiempo se habían propuesto iniciativas
similares desde algunos sectores de la oposición, pero
aquellos más cercanos a los centros de decisión las
percibieron siempre como una quimera imposible de financiar.
Aprovechando la holgura fiscal de estos tiempos, el Poder
Ejecutivo Nacional optó por dar un paso que,
afortunadamente, será difícil desandar de aquí en más.
Dado su foco en los estratos de menores ingresos, el efecto
de la medida en los indicadores sociales debería haber sido
abrumador. Se estimaba que la pobreza podría descender entre
tres y cuatro puntos porcentuales, la indigencia reducirse a
menos de la mitad, mientras la desigualdad imperante también
mermaría.
Sin embargo, mientras la política social adquiría esta nueva
dimensión, el enfoque macroeconómico del Gobierno continuó
ignorando la creciente inflación. Su dinámica fue centro de
fuertes discusiones internas durante fines de la gestión
anterior y principios de la actual, pero la visión
preponderante continuó siendo la misma: desatender el
problema.
Durante 2010 el proceso se acentuó y sufrimos un salto
inflacionario interanual de más de once puntos porcentuales,
cerrando el año con una cifra cercana al 26%. Para colmo, el
mayor aumento de precios se dio en los alimentos, que
subieron 40%.
Esta aceleración inflacionaria hizo que en apenas seis meses
prácticamente se licuaran las mejoras asociadas a la AUH. La
estimación que elaboramos desde LCG es que la pobreza, que
era del 23,9% cuando se anunció la AUH, había pasado a ser
de 22,9% a mediados de 2010, un nivel similar al de 1995.
Debido al incremento de precios en los alimentos, la
indigencia -lejos de reducirse- se incrementó: pasó de 7,7%
al momento de lanzarse el programa al 8,1%. Por el lado de
la desigualdad se aprecia que la misma se ha mantenido
prácticamente constante. Y todo ello pese al fuerte
crecimiento económico registrado. Así, la AUH sólo sirvió
para compensar el deterioro asociado a la suba de los
precios, pero no implicó ningún impacto positivo en los
indicadores sociales.
Resulta increíble que el mismo Gobierno que se animó a
romper con la tradicional lógica de la inacción en materia
de complemento de ingresos para los más vulnerables
desconozca el duro aprendizaje que los argentinos hemos
realizado con las experiencias inflacionarias y su impacto
en el tejido social.
En su novela "1984", George Orwell describe
una sociedad que tiene como uno de sus pilares la capacidad
de ejercitar el "doble pensamiento". Este consiste en "saber
y no saber, ser conciente de la verdad mientras se dicen
mentiras cuidadosamente elaboradas, sostener simultáneamente
dos opiniones que se anulan entre sí, sabiendo que son
contradictorias pero creyendo en ambas al mismo tiempo".
Durante largo tiempo hemos padecido los
efectos del pensamiento único, que percibía la realidad
desde una sola dimensión. De acuerdo a esa visión la pobreza
se iría resolviendo a medida que la riqueza se derramara
desde los sectores de mayor hacia los de menor ingreso por
la propia acción del mercado. Hoy parecemos estar en una
fase de doble pensamiento, como si le negáramos a la
economía su condición de sistema y se nos antojara
imaginarla como una colección de compartimientos estancos
que se pueden manejar arbitrariamente sin que el agua que
desborda uno termine inundando otros.
Martín Lousteau ,
Especial para lanacion.com
OCAÑA: "EL REPARTO A LAS OBRAS SOCIALES FUE
TOTALMENTE ARBITRARIO"
La ex ministra cargó contra el ex
superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli;
"Mientras las más pequeñas recibieron un peso por afiliado,
a otras, como la de Camioneros, les dieron hasta 20 por
persona", declaró; Oyarbide procesó hoy al recaudador de la
campaña de Cristina por asignación irregular de fondos
Ocaña acusó a Capaccioli por la asignación arbitraria de
fondos de la SSS.
Foto Archivo
La ex ministra de Salud, Graciela Ocaña,
cargó contra el procesado ex superintendente de Salud,
Héctor Capaccioli. Aseguró que el ex funcionario "compró
bombones y ropa" con dinero de la caja chica de la
Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), incluso "iba a
comer al restaurante del que su esposa era accionista y lo
pagaba el organismo".
"La resolución que firmó Capaccioli era en
realidad por la entrega de 150 millones de pesos del Fondo
Solidario", explicó Ocaña en declaraciones a radio
Continental. "Él repartió 47 millones en la primera parte de
2007, cuando llegamos al ministerio de Salud anulamos esa
disposición."
La ex funcionaria afirmó que el reparto
fue "totalmente arbitrario".
"Mientras las
obras sociales más pequeñas recibieron un peso por afiliado,
a otras, como la de Camioneros, les dieron hasta 20 pesos
por persona",
apuntó.
Capaccioli, recaudador de la campaña
electoral que llevó a Cristina Kirchner a la presidencia en
2007, fue procesado hoy sin prisión preventiva por el juez
federal Norberto Oyarbide, por asignación irregular de
fondos a obras sociales, con un embargo de 500 mil pesos
sobre sus bienes.
A Capaccioli se lo acusa de favorecer a 52
obras sociales. "Tal acto administrativo resolvió distribuir
la suma de $ 47.744.950 para ser aplicados a la
implementación de programas de prevención de enfermedades",
informó el Centro de Información Judicial.
Según la resolución del juez, "no existe
exposición de motivos que pueda justificar el porqué fueron
elegidas esas obras sociales por sobre las restantes" del
sistema de salud, ni tampoco "fundamento alguno que de
cuenta del criterio utilizado para las diferentes cifras que
fueron asignadas a cada una de ellas".
Ocaña recordó
que las obras sociales tenían la obligación de rendir el uso
de esos fondos trimestralmente, pero no lo hacían. "Cuando
se les pidió la rendición, muy pocas lo hicieron y de manera
deficiente, sólo tenían datos generales" concluyó.
La Nación
OYARBIDE PROCESÓ AL RECAUDADOR DE LA CAMPAÑA
DE CRISTINA . NOTA
DE LA REDACCIÓN: Buen recaudador, de Cristina, para Néstor y
de los sindicatos!!
Es el ex superintendente de Salud Héctor
Capaccioli, a quien le trabó además un embargo por medio
millón de pesos. Está acusado por la distribución irregular
de fondos a obras sociales.
El ex superintendente de Servicios de Salud fue procesado por el
juez federal Norberto Oyarbide, acusado por malversación de
caudales públicos, en el marco de una investigación por la
asignación irregular de fondos a obras sociales.
Además, Oyarbide ordenó un embargo por 500.000 pesos. El juez
federal dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de
Capaccioli, ex superintendente de Servicios de Salud, en una
investigación por asignación irregular de fondos a obras
sociales.
Capaccioli está acusado de haber intervenido en su carácter de
Titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, en la
tramitación del expediente nº 118.997/07 en el cual dictó,
con fecha 27 de diciembre de 2007, la Resolución 806/7.
De
acuerdo a la resolución judicial, “tal acto administrativo
resolvió distribuir a favor de cincuenta y dos (52) Obras
Sociales la suma de $ 47.744.950 (cuarenta y siete millones
setecientos cuarenta y cuatro mil novencientos cincuenta
pesos) para ser aplicados a la implementación de programas
de prevención de enfermedades".
“El dictado de tal resolución se encontraría viciado y afectaría a
la Administración Pública, en orden a que no existe
exposición de motivos que pueda justificar el porqué fueron
elegidas esas Obras Sociales por sobre las restantes con que
cuenta el sistema de salud, ni existe fundamento alguno que
de cuenta del criterio utilizado para las diferentes cifras
que fueran asignadas a cada una de ellas en particular",
indica lo firmado y resuelto por Oyarbide.
También indica que se "apreciarían vicios en lo que respecta a la
validez misma de la resolución en cuestión, habida cuenta
que la reglamentación que rige a la Superintendencia de
Servicios de Salud no prevé entre las funciones de dicho
organismo la disposición de fondos para ser aplicados a
programas preventivos de salud".
Además, se le imputó haber utilizado en el período comprendido
entre junio de 2006 a octubre de 2008 fondos de las arcas
públicas con un destino diferente al previsto en la
reglamentación. Además, Oyarbide procesó sin prisión
preventiva a Fernando José Scopinaro, subgerente de Gestión
Estratégica de la Superintendencia de Servicios de Salud;
Osvaldo Oscar Cochlar y Horacio Agustín Ballesteros. Nota de
la redacción: Lógico, mas recauda de quienes “ganan un
sueldo, que no es una ganancia”, mas nos cara aun a todos,
cuando aumente los sindicatos los sueldos, mayor es la
“tajada de un gobierno que solo le interesa recaudar para
dar mas subsidios y mas plata para la campaña”!
PROCESAN
AL RECAUDADOR DE LA CAMPAÑA DE CFK POR MALVERSACIÓN DE
FONDOS
Héctor Capaccioli está
acusado de manejar en forma irregular fondos públicos. El
juez Norberto Oyarbide le dictó un embargo de$500.000.
El recaudador de la campaña K viajó al
Mundial de Sudáfrica a mediados de 2010. |
Foto: Cristian Welcomme
Héctor Adrián Capaccioli,
ex Superintendente de Servicios de Salud (SSS) y ex recaudador de la campaña presidencial de Cristina Fernández de
Kirchner, fue procesado este martes por "malversación de caudales públicos y abuso de autoridad y violación de
los deberes de los funcionarios públicos" en
la causa de la "mafia
de los medicamentos".
La medida fue dispuesta por el juez federal Norberto
Oyarbide, quien responsabilizó a Capaccioli
de haber otorgado unos 48 millones de pesos a 52 obras sociales para
ser destinados a programas de prevención de las
enfermedades, pero sin
explicar el criterio utilizado para seleccionar a esos entes
de salud. Y
también le achacó haber gastado dinero de la "caja
chica" de
la Superintendencia de manera superflua,
como un strapless, un lupa por 500 pesos y mates por 1.300
pesos que -según Capaccioli- eran regalos de cortesía
protocolares.
Para la "malversación" que se le imputa a Capaccioli, el
Código Penal contempla penas
que van hasta los tres años de cárcel,
aunque en una variante de esa figura podría llegar hasta los
10 años: es en el caso de que se comprobara que "sustrajo"
esos fondos que tenía a su cargo para "administración,
percepción o custodia".
En cuanto al otro cargo que se le imputa -"abuso de
autoridad y violación de los deberes de los funcionarios
públicos"- la ley contempla una condena de un mes a dos años. Además,
el juez Oyarbide le
impuso un embargo de 500 mil pesos y
también dispuso el procesamiento de tres de los funcionarios que acompañaron al ex
recaudador "K" en la SSS. Se
trata de Fernando
José Scopinaro y Osvaldo
Oscar Cochlar -subgerente
y gerente de Gestión Estratégica de la SSS, respectivamente-
y Horacio
Agustín Ballesteros, ex gerente de Asuntos
Jurídicos de ese organismo.
A Scopinaro también se le imputó haber
viajado a España y a Grecia con su familia en travesías
pagadas por un laboratorio a cambio de incluir medicamentos
de esa empresa en el Plan Médico Obligatorio (PMO), y
haberse desempeñado en la SSS mientras cobraba haberes como
funcionario la ex Secretaría de Salud de la ciudad de Buenos
Aires. Además de manejar la SSS, Capaccioli -un dirigente de
origen gremial, proveniente del sindicato de operadores de
radio y trabajadores de las comunicaciones (AATRAC) que fue
funcionario del gobierno porteño de Jorge Telerman y que
respondía al ex jefe de Gabinete Alberto Fernández- fue uno
de los responsables de la recaudación de fondos para la
campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner en
2007.
Precisamente, muchos de los fondos que
engrosaron la campaña de Cristina vinieron del rubro
farmacéutico e incluso uno de los detenidos más importantes
por la "mafia de los medicamentos", el empresario Néstor
Lorenzo, figura como uno de los aportantes. Desde el inicio
de la investigación, el fiscal Luis Comparatore reclamó la
indagatoria de Capaccioli, pero el juez recién lo convocó, y
sin fecha, luego de que un periodista de DyN lo encontró el
año pasado en Sudáfrica asistiendo al Mundial de Fútbol.
Oyarbide dictó el procesamiento de Capaccioli a raíz de la
resolución 806 dictada el 27 de diciembre de 2007, donde se
dispone el traspaso de 47.744.950 pesos a 52 obras sociales
"para ser aplicados a la implementación de programas de
prevención de enfermedades": el juez entendió que estaba
"viciada y afectaría a la Administración Pública".
"No
existe exposición de motivos que pueda justificar el por qué
fueron elegidas esas Obras Sociales por sobre las restantes
con que cuenta el sistema de salud -dijo Oyarbide a lo largo
de medio centenar de páginas-. No existe fundamento alguno
que dé cuenta del criterio utilizado para las diferentes
cifras que fueran asignadas a cada una de ellas en
particular". La agencia DyN intentó comunicarse varias veces
con Capaccioli para conocer su opinión sobre el
procesamiento, pero el ex funcionario no respondió los
llamados.
En su momento, cuando le tocó declarar en la
indagatoria, Capaccioli había dicho que "en su plataforma
electoral el ex presidente Néstor Kirchner" buscaba
garantizar la salud de los argentinos y por ello se elaboró
un plan quinquenal "con esas 52 obras sociales que
representaban el 58 por ciento del padrón de beneficiarios".
El ex funcionario añadió que "inexplicablemente (ese plan)
se abortó en el primer año" y de haberlo terminado se
hubiera podido dar respuesta a toda la población.
Pero al juez Oyarbide no le alcanzaron las
explicaciones dadas y advirtió que por "los altos cargos
ejecutivos que ocupaban, los imputados en la SSS no podían
desconocer la falta de atribución, facultad y competencia de
ese organismo para la disposición de fondos destinados a la
implementación de programas de prevención".
"Se trata de
profesionales universitarios y/o terciarios cuya formación y
desempeño laboral sin duda les permitía entender
acabadamente las consecuencias e implicancias de la
suscripción de los documentos referidos, así como las
consecuencias concretas de su obrar", señaló el juez. Y por
ello, añadió, "el dolo con el que obraron los imputados se
ve plenamente demostrado habida cuenta que conocían
perfectamente la imposibilidad de actuar en el sentido que
finalmente lo hicieron y lejos de desistir de su accionar"
lo concretaron, dijo el juez en su resolución.
DYN
HUGO
MOYANO
Denuncian aprietes de Moyano, ahora en
Santiago del Estero
Un ex secretario de Camioneros dice que lo
hicieron renunciar "bajo amenazas".
Hugo Moyano no para con los disgustos. Un ex
hombre suyo lo acusó ahora de que él y su gente tienen " un
accionar mafioso ". César "Johny" Cura es el ex secretario
de Camioneros en Santiago del Estero. Hace 5 años, cayó en
desgracia con Moyano y sus muchachos . Y ahora apunta al
corazón de él, de Pedro Mariani (secretario gremial) y
Mariano Silva (mano derecha del camionero): "Estos tipos
tienen un accionar mafioso; Mariani y Silva me encerraron en
la sede de la Federación de Camioneros y me torturaron
psicológicamente durante 6 horas para que renunciara".
Esta denuncia se suma a otras recientes en Mar del Plata contra el
titular de la CGT, que también fueron reveladas por
Clarín
.
Cura fue secretario general de los Camioneros
en Santiago desde 1995 hasta el 2005, cuando sucedió lo que
está contando. "Caí en desgracia porque junto a otros 17
compañeros secretarios generales de otras provincias, en
2005 votamos en contra de un nuevo mandato de Abel Beroiz
como tesorero de Camioneros", relata Cura.
En ese congreso, cuando el candidato de
Moyano perdió la votación 17 a 5, el propio camionero
enfurecido pidió "otra oportunidad para su hombre. Tres
veces golpeó la mesa con su puño reclamándoles a los
compañeros que se revirtiera la votación, cosa que
finalmente hicimos". Beroiz sería asesinado un par de años
después, acuchillado y baleado en Rosario.
A partir de aquella diferencia, Cura asegura que lo comenzaron a
hostigar; al año siguiente, en el 2006, en otro congreso de
la Federación, "me encerraron en el cuarto o quinto piso
Mariani y Silva, y durante seis horas me torturaron
psicológicamente. Me decían que tenían filmaciones mías con
mujeres, que me iban a hacer meter preso , que mis balances
presentaban irregularidades, que había desviado dinero para
mi bar, que me podía pasar cualquier cosa. Era una cama".
Cura, agobiado y estresado por las "torturas", renunció , pero
recuerda que antes los desafió: "Renuncio, pero les aviso
que me voy a presentar como candidato y voy a ganar".
Mariani y Silva lo habían hecho renunciar a los cargos de
secretario general de la filial Santiago, de presidente de
la obra social de este distrito y de vocal de la Federación
de Camioneros.
Pero para evitar que se presentara como candidato, "Mariani en
persona se encargó de apretar a los dueños de las empresas
santiagueñas para que bajaran de mi lista a los
representantes", relata.
Según Cura, Moyano, Mariani y Silva se pusieron de acuerdo con
Daniel Navarrete para "hacerme la cama". Navarrete,
secretario gremial y "compadre" del sindicalista santiagueño
en ese entonces, terminaría traicionando a Cura.
"Me echaron en cara que yo apoyaba a Gerardo
Zamora (el radical K que había asumido como gobernador,
aliado de Cristina Kirchner); ese fue otro de los motivos de
la debacle", agrega. En aquel momento, Cura era titular de
la CGT Auténtica en Santiago del Estero, una central
paralela que agrupaba a 38 sindicatos y apoyaba a Zamora.
En 2006, luego de ser apretado, Cura hizo una
exposición reservada en la policía : si le pasaba algo a él
o a su familia responsabilizaba a Moyano, Mariani y Silva.
Ayer, luego de la entrevista con
Clarín,
hizo lo mismo.