UN ARGENTINO DETENIDO CON 200M KGS DE DROGA EN URUGUAY

 Conformaba una banda delictiva junto a tres paraguayos, dos uruguayos y un brasileño. La Justicia dictó el procesamiento del grupo acusado de "tráfico, transporte, importación y comercialización" de drogas

 

Las autoridades uruguayas desbarataron una organización que se dedicaba al tráfico de drogas y se incautaron casi de 200 kilogramos de marihuana.

La Justicia dispuso procesamiento y prisión para tres paraguayos, dos uruguayos, un argentino y un brasileño, informaron hoy fuentes policiales.

Dos de los paraguayos ahora encarcelados, identificados por sus iniciales M.A.O.C., de 46 años, y E.R.I.M., de 29 años, conducían un camión de carga y fueron los encargados de introducir la droga a Uruguay escondida en un doble fondo de uno de los tanques de combustible.

El camión fue detenido la noche del pasado viernes mientras viajaba por la ruta nacional número uno y durante el fin de semana continuaron las investigaciones.

En el mismo procedimiento, la Brigada Nacional Antidrogas detuvo una camioneta que realizaba tareas del apoyo al camión y apresó a sus ocupantes, el argentino F.M.F., de 43 años, el paraguayo A.V.V, de 29 años, y el uruguayo R.A.F., de 41 años.

Posteriormente, la Policía realizó varios allanamientos en viviendas de Montevideo y en un hotel de la costa uruguaya donde detuvo al brasileño E.L.M.D.S. y al uruguayo H.A.S., también integrantes de la organización, agregaron los informantes.

La Justicia dispuso procesamiento y encarcelamiento de todos los detenidos acusados de "tráfico, transporte, importación y comercialización" de drogas.

 

ARGENTINA, EN ZONA DE RIESGO POR EL BAJO CONTROL AL LAVADO DE DINERO

 

SALUDOS. TIMERMAN AYER EN PARIS ES RECIBIDO POR SU COLEGA FRANCESA ALLIOT-MARIE.

La semana próxima podría haber una noticia internacional sobre la Argentina. Y no sería precisamente favorable, si la organización mundial que vigila el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo considera, nuevamente, que el Gobierno sigue sin cumplir sus recomendaciones. En ese supuesto, hay peligro de sanción .

El GAFI, así se llama, dedicará el lunes y el martes, en París, a reuniones preparatorias del plenario que arrancará el miércoles. Ese mismo día será abordado el caso argentino.

Todo viene precedido de reportes cada vez más críticos. Uno, de noviembre de 2009, afirma, entre otras cosas: “Argentina no ha hecho un progreso adecuado en el tratamiento de una serie de deficiencias. Y el marco jurídico y de prevención del lavado de dinero y el control del financiamiento al terrorismo se encuentran en un lugar que carece de eficiencia”.

En otro, de octubre del año pasado, dice: “El GAFI expresó su decepción y preocupación acerca del incumplimiento de la Argentina en implementar un adecuado y eficaz sistema de ADL/CFT”. En las siglas, otra vez lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Y exigió que rápidamente se “corrijan las deficiencias detectadas”.

Según alguien que ha seguido el proceso, ya sería serio que incluyan al país en la lista de estados claramente deficientes en el cumplimiento de las normas. En ese cuadro figuran desde Venezuela, Paraguay y Siria hasta Angola, Yemen y Vietnam. “Y más grave que nos declaren no colaboradores o no cooperadores ”, dice “Lo mejor es que nos den una nueva oportunidad y que vuelvan a tratar el caso en octubre”. Aun así, agrega que entre los propios argentinos no abunda el optimismo y que por los comentarios que llegan desde París “la cosa no viene fácil”.

En el plenario donde se decidirá todo participarán los países miembros del GAFI, pero tendrá mucho peso el voto de algunos: sin vueltas, los de las potencias , que todavía imponen sus puntos de vista en estos organismos. El GAFI sesionará en la sede de la OCDE, justamente la organización en la que ellos reinan.

Hasta ahora, la Argentina ha contado con el respaldo incondicional de Brasil, cuya voz es crecientemente escuchada en esos foros. También España se comportó como un aliado riguroso, mientras que Estados Unidos se mantuvo en cierto modo al margen.

El problema es que, esta vez, España estaría poco dispuesta a seguir apoyando: un funcionario español, que vino a Buenos Aires a testear cómo funcionaban los controles y los marcos jurídicos, habría vuelto a Madrid bastante decepcionado.

Otro riesgo que aquí se maneja pasa por la posición que adoptará EE.UU. Ex funcionarios que hace bien poco estaban en el núcleo del caso, para nada descartan que la crisis con el avión militar sea clave en la actitud de Washington.

¿Qué significaría una sanción seria a la Argentina? En principio, controles más activos y trabas en las operaciones financieras internacionales del país, privadas y públicas. También, sobre los seguros, las transacciones monetarias y el transporte.

El Gobierno ha mantenido secreto que en la agenda de Amado Boudou en Francia figura la reunión del GAFI. En cambio, tuvieron mayor difusión las negociaciones con el Club de París y la participación en el encuentro del G–20.

Sería posible, incluso, que Héctor Timerman pase por el GAFI. En tal hipótesis, el canciller podría sufrir un dolor de cabeza a causa del avión militar norteamericano.

Un punto fuerte que en el GAFI le cuestionan Gobierno es la falta de sanciones efectivas al lavado de dinero. Poco argumento defensivo serían, al parecer, una condena en Córdoba y otra reciente, que los argentinos esgrimirán.

El propio portal de la Unidad de Información Financiera (UIF), que reporta al GAFI, canta que son muchísimos más las investigaciones pendientes de resolución que aquellas donde hubo avances. La UIF depende del Ministerio de Justicia y, luego de una serie de cambios, hoy está presidida por José Sbattella, un bonaerense alineado de lleno con el núcleo K.

No es pura casualidad, en las vísperas de la reunión de París, la seguidilla de resoluciones sobre controles al lavado de dinero que Sbattella ha sacado en lo que va del año. Apuntan a las entidades financieras y cambiarias, a los operadores del mercado de capitales, a los negocios inmobiliarios, a las empresas emisoras de cheques de viajes y a las que actúan con tarjetas de crédito o de compra. Alcanzan, incluso, a las sociedades de ahorro y préstamo y a las donaciones.

Comentario del mundillo involucrado es la sonoridad que el funcionario dio al paquete de medidas. Y, también, la difusión que la AFIP desplegó para ciertas inspecciones, como las realizadas en joyerías de renombre.

Nuevamente, gente que conoce el funcionamiento del GAFI le critica sus manejos burocráticos, que siempre exija el cumplimiento de sus normas tal cual ellos quieren, a menudo sin demasiada reflexión y reparando poco en decisiones adoptadas por los países.

Pero, a cuento de lo que pasa aquí, también dicen que los gobiernos anteriores y el actual son “muy permeables” al lobby de las entidades financieras, los operadores bursátiles y los estudios de abogados. Más, desde luego, las acciones de los propios funcionarios.

La Argentina es miembro pleno del GAFI, lo cual significa casi una garantía de confianza. Pero después de una larga a lista de amonestaciones, quedó en zona de riesgo. ALCADIO OÑA , clarin

PROCESAN CON PRISIÓN PREVENTIVA AL "NARCOCONCEJAL" K DE FORMOSA

El destituido Héctor Palma, un hermano y un primo quedarán tras las rejas en la investigación de los 701 kilos de cocaína hallados en su campo.

El juez Marcos Bruno Quinteros, a cargo del Juzgado Federal Nº 1 de Formosa, este viernes procesó con prisión preventiva al ex concejal Héctor Hugo Palma, en el marco de una causa por almacenamiento de estupefacientes, informó CIJ.

El magistrado dispuso la misma medida para Jesús Palma, un hermano del destituido funcionario K, y para Alfredo Palma, primo de ambos. Los tres acusados se encuentran detenidos.

El "narco-concejal" formoseño Héctor Palma, destituido a fines enero por el Concejo Deliberante de Estanislao del Campo, rompió el silencio hace poco menos de un mes. "Soy inocente de todo lo que se me imputa y ahora estoy frente a la justicia para demostrar mi inocencia", había afirmado cuando ingresó por primera vez al Juzgado.

En la investigación, el 18 de diciembre, efectivos de Gendarmería Nacional detectaron 701 kilogramos de cocaína y en una pista de aterrizaje clandestina en un campo de su propiedad, en el paraje Ranero Cue, en Formosa. Palma estuvo prófugo durante 12 días y fue arrestado en una localidad correntina el 30 de diciembre.

El edil kirchnerista afirmó en enero que la supuesta pista de aterrizaje clandestina "era para caballos", informó el diario local El Comercial. "Precisamente la idea de él junto a otras personas era tener un hípico en su campo, y por eso la idea era comenzar a preparar una pista de carrera de caballos y esto se vio suspendido por el tema del arrendamiento”, aseguró su letrado. Y Palma sostuvo ante el juez que le había alquilado el campo a "unos salteños" y que desconocía lo que hacían en él.

PROCESAN CON PRISIÓN PREVENTIVA AL EX CONCEJAL DE FORMOSA DETENIDO POR ACOPIO DE DROGAS

El juez dispuso la medida para el ex edil, imputado en la causa que investiga el hallazgo de 701 kg de cocaína en un campo de su propiedad, su hermano y su primo

El ex concejal Héctor Hugo Palma, destituido de su cargo tras ser imputado por el hallazgo de 701 kilos de cocaína en un campo de Formosa, fue procesado con prisión preventiva por el juez Marcos Bruno Quinteros, a cargo del Juzgado Federal Nº 1 de Formosa.

El magistrado dispuso la misma medida para Jesús Palma, un hermano del destituido funcionario, y para Alfredo Palma, primo de ambos. Los tres acusados se encuentran detenidos.

En la investigación, el pasado 18 de diciembre, efectivos de Gendarmería Nacional detectaron 701 kilogramos de cocaína en un campo de propiedad de Palma, ubicado en el paraje Ranero Cue, en Formosa.

Palma fue detenido la localidad correntina de Saladas luego de darse a la fuga en diciembre cuando supo que Gendarmería Nacional había allanado, el 18 de ese mes, un campo de su propiedad en el paraje Ranero Cue, donde efectivos de la fuerza encontraron en el monte 701 kilos de cocaína de máxima pureza.

Los gendarmes encontraron en el monte una franja de terreno limpio y acondicionado como pista de aterrizaje, que al parecer fue utilizada en dos oportunidades para llevar la droga hasta el predio.

A fines de enero, Héctor Hugo Palma fue destituido de su cargo de concejal de la localidad de Estanislao del Campo por decisión unánime de los miembros del Concejo Deliberante.

 CRIMEN DEL HACENDADO: MÁS PRUEBAS DE UN PLAN MACABRO

Nuevos testigos afirman que vieron a Raúl Menocchio en el pueblo el día que mataron a Manuel Roseo. La fiscal cree que hubo maniobras previas para adueñarse de su fortuna tras el asesinato. “El hombre de las mil caras” quedó muy comprometido

PRECAUCIONES. MENOCCHIO POCO ANTES DE UNO DE LOS TRASLADOS. FUE CUSTODIADO POR DECENAS DE POLICÍAS.

La justicia penal del Chaco sigue apuntando a Raúl Menocchio como principal sospechoso por el asesinato del terrateniente Manuel Roseo, aunque ahora la investigación está dirigida a ver si “El hombre de las mil caras” mantenía algún vínculo con otro detenido de la causa, un empresario detenido en Rosario.

Se trata de Claudio Alfredo Gómez, un hombre que apareció en la historia porque el año pasado inició contra Roseo una demanda de escrituración por campos que supuestamente le había comprado . Pero el dueño de la estancia La Fidelidad logró frenar la acción al plantear que en realidad nunca había concretado esa operación, en la que se había fraguado su firma .

Roseo se enteró de la maniobra por pura casualidad y se movió a tiempo. Así evitó ser despojado de las 150.000 hectáreas que La Fidelidad tiene en el Chaco. Poco antes, había descubierto que con otro trámite trucho, concretado por un empresario radicado en Corrientes, se había intentado quitarle las otras 100.000 hectáreas de su estancia, situadas en el sur de Formosa. Para eso, incluso, se utilizó a un “falso Roseo” que apenas acreditó su identidad con un certificado de tramitación de DNI..

Pocos meses después, y cuando las batallas legales por esos fraudes todavía estaban abiertas, Roseo fue asesinado. El crimen se ejecutó en la mañana del 13 de enero, en la humilde vivienda que el terrateniente tenía en Castelli, 300 kilómetros al oeste de Resistencia y a unos treinta del acceso a La Fidelidad. La víctima, de 75 años y origen italiano, había comprado las tierras a Jorge Born en 1972.

Por el doble homicidio (también fue asesinada Nelly Bartolomé, cuñada de Roseo), Menocchio fue detenido en Corrientes, el 25 de enero. Él reconoció que se había visto con Roseo en Castelli, pero aseguró que fue porque le había comprado las 150.000 hectáreas chaqueñas a cambio de 40 millones de dólares ya pagados.

La situación del vidrioso empresario (que tiene causas judiciales pendientes en Argentina y Paraguay por otros crímenes con víctimas del mundo de los negocios) se complicó porque varios testigos afirmaron haberlo visto en Castelli no sólo el 6 de enero (la fecha en la que el imputado dice haber estado con Roseo para entregarle los últimos 6 millones de dólares de la operación inmobiliaria) sino también en horas próximas a los asesinatos. Además, ni el secretario de Roseo ni su abogado estaban al tanto de la supuesta transferencia de las tierras. En su defensa, Menocchio esgrime un boleto de compra-venta labrado en una escribanía de Posadas, donde se ve una firma de Roseo.

Los investigadores creen que es tan falsa como la de los casos anteriores. Las pericias para determinar si eso es así aún no fueron concluidas.

Hay también testigos que afirman haber visto a Menocchio acompañado de Salvador Borda, un ex convicto por homicidio que está sospechado de haber sido uno de los sicarios a cargo del crimen de Castelli.

En el caso de Gómez, su situación tampoco es sencilla. Objetivamente, la muerte de Roseo lo favorecía en la marcha del juicio de escrituración por las tierras que habría intentado adquirir fraudulentamente. Su pareja es una escribana que habría intervenido en la operación, y fuentes policiales dicen que en su domicilio se hallaron fotos de la casa del terrateniente. ¿Parte de la inteligencia previa para ejecutar los asesinatos? Por estas horas, la fiscal del caso, Rosalía Nis, busca determinar si había una conexión entre Gómez y Menocchio.

¿Son sólo dos personajes que tenían un mismo interés por las tierras de Roseo y lo llevaban por caminos paralelos? ¿O uno de ellos fue el “Plan B” del otro para alcanzar sus objetivos? Son dos de las preguntas que plantea el rompecabezas que Nis cree estar cerca de completar. SERGIO SCHNEIDER , Resistencia. Especial Diario CLARIN

 LOS JULIA, LA DROGA, EL LAVADO Y EN TODO, EL PODER Y  LA POLITICA

LOS HERMANOS JULIÁ SIMULABAN UN EXITOSO CRECIMIENTO DE SU ACTIVIDAD

En el entorno atribuían el incremento patrimonial a que habían conseguido un cliente poderoso

Los allegados y amigos de la familia Juliá se aferran a una única convicción en medio del marasmo en que los sumió el tráfico de 944 kilos de cocaína a Barcelona: la certeza de que Gustavo y Eduardo Juliá simulaban ante su familia y su círculo íntimo un quehacer empresarial que, hoy rozando el grotesco, exageraba su legalidad y se jactaba de un inesperado golpe de suerte.

Ni sus otros dos hermanos, Guillermo y Ricardo (comodoro pasado a disponibilidad, el primero, y ex agente de la SIDE, el segundo, procesado por falso testimonio y luego sobreseído en la causa por la muerte de Carlos Menem hijo), ni sus esposas e hijos jamás sospecharon una arista de ilegalidad en sus quehaceres empresariales, según afirmaron sus allegados a La Nación.

Ello, a pesar de que en el último año, su incremento patrimonial había sido por demás ostensible. Al menos a los ojos de los vecinos, que veían cómo de la casona de Perú 1256, en las barrancas de Acassuso, entraban y salían autos alemanes (BMW X6 gris y Audi Q5 blanco), cuando antes la familia se movía en vehículos de marcas nacionales. Todo en la misma casa que durante una década se negó a pagar los $ 800 mensuales en seguridad que brinda la cooperativa Siempre Alerta.

Tan insospechado era su vínculo con el narcotráfico colombiano que, días antes de la detención de los Juliá en El Prat, su hermano Guillermo, de 52 años, desde Punta del Este hacía público su por entonces único desvelo: su inminente y esperado ascenso a brigadier. "Si no me ascienden, pido el retiro", se envalentonaba diciendo el comodoro ante sus amigos, días antes de Año Nuevo. En Buenos Aires, en tanto, el devenir familiar de los Juliá transcurría como de costumbre.

Amelia Domínguez, la mujer de Gustavo, ambos de 48 años, que lo esperaba para salir de vacaciones, celebraba el título de licenciada en administración de empresas de la Universidad de San Andrés, de su hija mayor, Eugenia o "Maiu" para los íntimos, y el buen rumbo estudiantil de sus otros tres hijos varones.

Con un promedio destacado, la primogénita, de 22 años, quien también estudia arquitectura en la UBA, fue siempre una estudiante ejemplar y destacada deportista, al igual que su padre, ex esgrimista y rugbier convertido en un competitivo triatlonista. "Los hijos de Juliá nunca mostraron las estridencias del dinero mal habido. «Maiu» a veces iba en bici a la universidad, a pesar de que los chicos tienen un Peugeot 207 para su uso; hasta llevaba su propia vianda y participaba en tareas solidarias como las de Un Techo para Mi País", según la recuerdan.

Muchos de sus compañeros la envidiaron el año pasado cuando, gracias a los US$ 30.000 de reserva anticipada, su padre le aseguró la vacante para un intercambio estudiantil en la universidad suiza de St. Gallen. Allí se instaló durante seis meses y, de paso, despuntó el vicio delsnowboard y del esquí en los Alpes suizos junto a su hermano Juan Ignacio.

Preocupación

Con su celular apagado desde que estalló el escándalo, todos los consultados temen por las futuras oportunidades laborales cercenadas para una alumna brillante, que desconocía los manejos turbios del padre y a la vez lo creía un santo.

"Al más pequeño, Manuel, se lo ve ido. Y tan deprimido desde la detención del padre que muchos temen las consecuencias psíquicas en el seno de una familia que se tragó una farsa: la del padre hiperexitoso que había conseguido un cliente poderoso", apuntan quienes los conocen íntimamente.

Además de las causas por cohecho y de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública por su paso como gerente financiero del PAMI, causas que esperan el juicio oral, a Gustavo Juliá la AFIP también lo querelló y le embargó bienes. Desde 2007, le reclama una deuda de casi $ 300.000 por evasión fiscal de sus empresas.

Con aparentemente menores ingresos y hasta enero sin esos sobresaltos judiciales, el devenir familiar del ex piloto de Austral Eduardo Juliá ("Piluso"), de 50 años, se dibujaba mucho menos dispendioso. Separado de su mujer, Evangelina Cutó, una secretaria de 39 años, el mayor de los Juliá alquilaba un dormy de dos ambientes en el Boating Club, un exclusivo barrio náutico de San Isidro.

"Parecía el más hábil de los hermanos y era al revés. En el negocio aeronáutico, que es extremadamente chico, no estaban bien considerados", comentó otra fuente de ese rubro. Era vox populi la sobrefacturación de los vuelos de Medical Jet a PAMI. Esas suculentas ganancias fueron ofrecidas por los Juliá a otros prestadores aéreos, cuando faltaban aviones. Pero era tan evidente la diferencia de precios que varios empresarios rechazaron el negocio ante el temor de terminar presos.

"Nunca tuvieron una intensa vida social en San Isidro porque no son originalmente de allí. No van al CASI ni al SIC ni al Náutico. Crecieron en el barrio de Belgrano y gran parte de su adolescencia transcurrió en Mendoza, en un colegio marista, ya que su padre, José, estuvo años destinado en la base de El Plumerillo, en Mendoza, como parte de la elite de cazadores [pilotos de aviones caza]", recordó un compañero del fallecido brigadier Juliá, jefe de la Fuerza Aérea entre 1989 y 1993.

Los hijos heredaron la habilidad para los negocios del padre, pero lo superaron en intrepidez, según apuntó la misma fuente, y recordó la súbita disponibilidad de hangares a fines de los 80 y de salones VIP en Aeroparque para la empresa aérea Royal Class, de Yabrán, cuando ninguna firma del rubro podía acceder, por entonces, a esos "privilegios". Loreley Gaffoglio , LA NACIÓN

 LA NACION, EN SANTA CRUZ DE LA SIERRA

LA DROGA DEL NARCOJET LLEGÓ A LA ARGENTINA EN CAMIONES

Así lo afirmó la policía boliviana, que colabora con su par española

. Foto LA NACION / 

SANTA CRUZ DE LA SIERRA, Bolivia.- Desde hace dos días las autoridades bolivianas investigan las actividades del cartel colombiano que habría contratado a los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá para enviar los 944 kilogramos de cocaína a Barcelona, España.

Para los investigadores, los narcotraficantes colombianos contrataron mano de obra local para sacar la droga de esta ciudad en camiones. Luego cruzaron la frontera por el paso Yacuiba-Salvador Mazza y de allí fueron al galpón que los hermanos Juliá alquilaron a 30 cuadras de la Base Aérea de Morón.

La primera reunión entre los hermanos Juliá y uno de los gerentes del cartel colombiano para planear el envío del cargamento a España se habría concretado en un lujoso hotel de esta ciudad, entre el 16 y el 18 de abril pasado. Si bien nadie recuerda a los Juliá en el hotel cinco estrellas Los Tajibos y afirman que no se alojaron aquí, allegados al colombiano John Wilson Díaz Vélez, uno de los investigados por la policía local, y uno de los colaboradores de los empresarios detenidos en Barcelona, España, aseguraron que la reunión se concretó en este complejo cinco estrellas, de amplios jardines poblados de palmeras, estilo colonial y lujo asiático, que cuenta con todos los servicios y el confort de un hotel de esta categoría.

No fue casual que saliera de esta zona de Bolivia, casi invadida hoy por los carteles colombianos, la cocaína que la policía española secuestró cuando el moderno jet de los hermanos Juliá aterrizó en El Prat, Barcelona.

Según un fiscal boliviano que fue consultado por La Nacion y que solicitó mantener su nombre en reserva, después de Colombia, en el Departamento de Santa Cruz de la Sierra se concentra la mayor cantidad de laboratorios clandestinos para la producción de clorhidrato de cocaína de alta calidad, de América del Sur.

Según el coronel Gonzalo Quesada, director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), se inició una investigación preliminar para tratar de establecer los vínculos entre un grupo de colombianos que está operando en la zona de Santa Cruz de la Sierra. Uno de ellos, identificado como Jesús María Osorio Torres, fue detenido cuando intentaba pasar 174 kilogramos de cocaína por el aeropuerto internacional Viru Viru.

"Tenemos la hipótesis de que Osorio Torres es uno de los representantes más importantes del cartel del Norte del Valle en la región y estaría relacionado con otro colombiano, Díaz Vélez", indicó Quesada, desde La Paz.

En una conversación que mantuvo con La Nacion, el coronel Fernando Amurrio Ordoñez, a cargo de la delegación de la Felcn, en Santa Cruz de la Sierra, refirmó los dichos de su superior y admitió que la Fiscalía de Sustancias Controladas había iniciado una investigación en las últimas horas, por pedido de las autoridades españolas.

"No me compete a mí hablar de carteles de la droga, aunque sostengo lo que dijo mi jefe, el coronel Quesada", afirmó Amurrio Ordoñez, vestido con chaleco antibalas, con la pistola 9 mm en la sobaquera y custodiado por agentes con ropa de fajina y que no dejaban de mostrar sus fusiles FAL.

Han jurado venganza

Semejante despliegue de medidas de seguridad y armamento no es casual. En Santa Cruz de la Sierra los narcotraficantes han jurado venganza contra la policía y los fiscales que allanaron cinco laboratorios con capacidad para producir 100 kilogramos diarios de clorhidrato de cocaína en los últimos tres meses.

La semana pasada los representantes del Ministerio Público se reunieron con los representantes del Ministerio de Gobierno de la Nación en esta ciudad, para denunciar que tenían la información que indicaba que los narcotraficantes iban a cometer atentados con bombas contra los fiscales que encabezaron las investigaciones de los tres casos grandes en los que se desbarataron fábricas de cocaína.

Uno de esos casos se conoció como Tormenta Blanca. Uno de los detenidos por este hecho fue el mencionado Osorio Torres. También fue apresado el teniente de la Felcn, Julio René Navia, a quien el ministro de Gobierno boliviano, Sacha Llorenti, calificó como "integrante de una familia de delincuentes". Tal afirmación se fundó en el hecho de que el padre del subteniente Navia es un coronel de la Felcn que también fue procesado por su colaboración con bandas de narcotraficantes.

Durante la audiencia que anteayer presenció este enviado en el sexto piso del Palacio de Justicia, se determinó que Navia, que fue a tribunales con una fuerte custodia y vestido con un chaleco antibalas por miedo a que lo asesinen, siga preso junto con Osorio Torres, el supuesto nexo de los Juliá, en el penal de Palmasola. Al subteniente Navia lo acusaron de haber cobrado US$ 1.500.000 para dejar pasar droga por el aeropuerto internacional de Viru Viru.

Otros sospechosos

A Osorio Torres, un ex defensor del Deportivo Independiente Medellín, de 51 años, y a Díaz Vélez, la policía boliviana agregó los nombres de otros dos sospechosos de integrar el grupo que habría contratado a los Juliá.

Se trata de Guillermo Giraldo y John Jairo. El caso de Giraldo es el más llamativo. En la agenda del teléfono de Gustavo Juliá que la policía española le secuestró en Barcelona, aparecían dos números, uno con característica de La Paz, a nombre de Henry, y otro con característica de Santa Cruz de la Sierra, a nombre de MEM.

Según uno de los investigadores consultados ayer por La Nacion, el número que figura a nombre de MEM correspondería a Memo, tal el sobrenombre de Guillermo, igual que en el caso de Henry. Por tal motivo, la policía boliviana ya comenzó a investigar si ese teléfono corresponde al mencionado sospechoso. Este cronista llamó a esa línea, pero nadie respondió.

LA DROGA EN NÚMEROS15

fueron los detenidos durante la operación Tormenta Blanca. Entre ellos hay tres colombianos, uno de los cuales estaría involucrado con el grupo que contrató a los hermanos Juliá.

US$ 2500

Es la suma que cuesta el kilogramo de clorhidrato de cocaína de alta calidad, que es elaborada en laboratorios clandestinos instalados por colombianos en ciudades de Bolivia.

? 30.000

Es el monto que aproximadamente pagan los traficantes de drogas europeos por cada kilogramo de clorhidrato de cocaína de alta pureza que salió de Bolivia y pasó por la Argentina. Gustavo Carabajal , Enviado especial, LA NACIÓN

FUNCIONARIOS DE LA ADUANA RATIFICARON QUE EL NARCOAVION NO FUE REVISADO

Seis agentes de la agencia gubernamental confirmaron hoy ante la Justicia que la aeronave Challenger 604 detenida en España con 944 kilos de cocaína no había sido controlada en el aeropuerto de Ezeiza

Cárcel catalana de La Modelo, donde se encuentran presos los hermanos Juliá y Matías Miret

Funcionarios de la Aduana ratificaron hoy que el avión con el que Matías Miret y los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá llevaron 944 kilos de cocaína a España no habría sido revisado en el Aeropuerto de Ezeiza antes de partir el 1º de enero a España.

Seis agentes de la Aduana que trabajan en Ezeiza declararon ante el juez en lo Penal Económico Alejandro Catania que cuando se conoció públicamente el caso, "los comentarios" eran que el Challenger 604 no había sido revisado, informaron fuentes judiciales.

Los testigos no pudieron confirmar los dichos porque, explicaron, se desempeñan en áreas administrativas que no son las encargadas de revisar los aviones.

Los testimonios se suman a los que este miércoles brindaron ante el magistrado otros dos agentes de la Aduana que sí dijeron que la nave no fue revisada.

A partir de la semana que viene, Catania le tomará declaración al personal de la Aduana que tiene a su cargo el control de los aviones y cuyas áreas fueron nombradas por los testigos de ese organismo que declararon hasta ahora.

MAFIA DE LOS MEDICAMENTOS: OYARBIDE PROCESÓ AL SUCESOR DE CAPACCIOLI

Se trata de Juan Antonio Rinaldi, ex Superintendente de Servicios de Salud, acusado de integrar una asociación ilícita y comercializar productos o servicios con marca falsificada. Además, el magistrado imputó al ex comisario Salerno y a miembros de la Bancaria.

El juez federal Norberto Oyarbide procesó hoy a Juan Antonio Rinaldi, el sucesor de Héctor Cappacioli, recaudador en la campaña presidencial de Cristina Kirchner 2007, en la Superintendencia de Servicios de Salud, al ex comisario y empresario José Luis Salermo y a un grupo de miembros de la obra social de la Bancaria en la megacausa por la mafia de los medicamentos.

Rinaldi, quien en noviembre de 2008 asumió la Superintendencia de Servicios de Salud, con un fuerte apoyo gremial y especialmente apuntalado por Hugo Moyano, quedó procesado como supuesto integrante de una asociación ilícita y por comercializar productos o servicios con marca registrada falsificada o fraudulentamente imitada. El juez Oyarbide no dispuso la prisión preventiva, aunque ordenó trabar embargo sobre sus bienes hasta alcanzar la suma de cinco millones de pesos.

Capaccioli ya había sido procesado por Oyarbide, acusado de los delitos de "asociación ilícita, defraudación a la administración, negociaciones incompatibles y encubrimiento" y por "malversación de caudales públicos". 

En tanto, José Salerno, detenido el 31 de enero junto a otras cinco personas, quedó imputado en carácter de organizador de una asociación ilícita dedicada a comercializar medicamentos vencidos y robados. El ex comisario fue socio de Damián Ferrón, una de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez. 

 

El resto de los procesados, según el Centro de Información del Poder Judicial, son: 

- Ana Maria Kapfer (jefa de enfermeras de OSBA): procesamiento sin prisión preventiva en función de los artículos 210 y 201 del Código Penal y 31 inciso d de la ley 22.362. Embargo por 200.000 pesos.

- Ana María Navas (funcionaria de APE): procesamiento sin prisión preventiva en función de los artículos 210, 174 inciso 5º y 248. Embargo de 400 mil pesos.

- Carlos Alberto Bonanno (farmacéutico de OSBA): procesamiento sin prisión preventiva en función de los artículos 210 y 201 del Código Penal y artículo 31 inciso d de la ley 22.362. Embargo por 150.000 pesos.

- Sabrina Andrea Allegrino (directora técnica de la farmacia de OSBA): procesamiento sin prisión preventiva en función de los artículos 210 y 201 del Código Penal y artículo 31 inciso d de la ley 22.362. Embargo por 250.000 pesos.

- Héctor Ricardo Chiavaroli (director médico del Policlínico Bancario): procesamiento sin prisión preventiva en función de los artículos 210 y 201 del Código Penal y artículo 31 inciso d de la ley 22.362. Embargo por 500.000 pesos.


- Elena Graciela Bincovich: procesamiento sin prisión preventiva en función de los artículos 210 y 201 del Código Penal. Embargo por 500.000 pesos.

- Jonatan Emmanuel Rivera: procesamiento sin prisión preventiva en función del artículo 210 del Código Penal. Embargo por 200.000 pesos.

- Gustavo Gabriel Veneziani: procesamiento sin prisión preventiva en función del artículo 210 del Código Penal.  Embargo por 500.000 pesos.

- Susana Patricia Yannaccio: procesamiento sin prisión preventiva en función de los artículo 210, 201, 174 inciso 5º del Código Penal. Embargo por 200.000 pesos.

- Gastón Komet: procesamiento sin prisión preventiva en función del artículo 210 del Código Penal. Embargo por 500.000 pesos.

- Víctor Luis Méndez: procesamiento sin prisión preventiva en función del artículo 210 del Código Penal. Embargo por 200.000 pesos. Gustavo Carabajal , Enviado especial, NOTA DE LA REDACCIÓN: Procesa al sucesor de Cappacioli, lógico, sin prisión, no como a Venegas que tiene delitos menores y a Cappacioli ni siquiera lo vuelve a indaga. Como le reprocha la Cámara del Crimen, abre tantas variantes para que todo conduzca a la nada!

 

QUÉ REVELÓ LA APERTURA DEL EXPEDIENTE DEL NARCOAVIÓN DE LOS HERMANOS JULIÁ

Gustavo y Eduardo permanecen detenidos junto al piloto Matías Miret en la brutal "Modelo" de Barcelona. Las pesquisas continúan bajo estricto secreto.

 

La fachada de "La Modelo", la cárcel de Barcelona donde están presos los hermanos Juliá. | Foto: Cedoc

La apertura parcial del secreto de sumario en la causa por el Narcojet de los hermanos Juliá, por el que Gustavo y  Eduardo quedaron detenidos en España junto al piloto Matías Miret cuando intentaron ingresar con 944 kilos de cocaína en Barcelona, aporta datos fundados para probar una cuestión clave, desmentida en un principio por el gobierno argentino: la droga se cargó en Morón y salió de Argentina. 

La investigación local al mando del juez Alejandro Catania apunta a la falta de control y a una presunta red de complicidades que permitió que el Challenger de los hermanos Juliá pasara dos meses estacionado y haya sido ambientado por un ingeniero en la base aérea de Morón. 

De acuerdo a información publicada hoy por el diario Clarín, el magistrado reconoce como esencial acceder a datos de la aeronave (para obtener el peso del jet, su consumo de combustible, precisiones sobre el despegue y aterrizaje) y a las declaraciones de los tres detenidos en la cárcel "La Modelo" de Barcelona. 

El único de los detenidos que se negó a declarar fue Gustavo Juliá, el menor de los hermanos, que se responsabilizó por el tráfico de droga a la Madre Patria. Por ahora, quedó en secreto la investigación del dinero con el que se alquiló la aeronave y las posibles complicidades en los controles de Morón y Ezeiza, y la conexión española con los argentinos. 

La hipótesis que afirmaba que la droga se cargó en nuestro país, y ahora se confirmara en la causa española, había sido apuntada semanas atrás por tres fuentes desde que estalló el escándalo: un allegado del piloto Matías Miret, su mujer Agustina Conil y también por el vicepresidente español Alfredo Pérez Rubalcaba. El Gobierno argentino en un principio lo negaba, luego debió reconocerlo.

El expediente. La apertura parcial de la causa aporta otros datos fundamentales. El primero: el proveedor de la cocaína es el Cartel del Valle, considerado el tercero en importancia en Colombia y con nexos en Bolivia. Por otra parte, se cayó la hipótesis de un cuarto pasajero que se barajó en los inicios de la investigación. SERGIO SCHNEIDER , Resistencia. Especial, DIARIO CLARIN

 LA DROGA, MÁS CERCA DE LA POLÍTICA

Las ramificaciones del narcotráfico se acercan cada año más a la política en la Argentina .

Desde 1991 cuando estalló el caso Yoma, que involucró a la entonces directora de Audiencias de la Presidencia Amira Yoma, su esposo Ibrahim Al Ibrahim y Mario Caserta en una operación de lavado de narcodólares, los escándalos se van multiplicando.

También, el debate. En el 2005, Elisa Carrió acusó al ex presidente Eduardo Duhalde de “controlar” la droga en Buenos Aires y terminaron en un juicio. Allí Carrió puntualizó que era “uno de los responsables políticos del crecimiento” del narcotráfico por controlarlo ineficientemente y Duhalde advirtió que “los próximos 20 años van a ser peores en materia de droga ”. El ex presidente tenía razón.

Primero se descubrió, en el 2007, un caso en Salta. La Justicia procesó al ex diputado provincial del PJ Ernesto José Aparicio por tráfico de drogas.

Luego, el 7 de agosto del 2008, Sebastián Forza y dos de sus socios aparecieron asesinados en General Rodríguez.

Clarín descubrió que Forza donó $ 200 mil a la campaña de Cristina del 2007. Forza, además de maniobras con remedios adulterados, había empezado a incursionar en el tráfico de efedrina a México. De allí en adelante, se descubrieron otros aportes sospechosos que llevaron a que, la semana pasada, el juez Oyarbide procesara al ex superintendente del Servicio de Salud y recaudador de Cristina, Héctor Capaccioli, por lavado de dinero. Es más, la Corte volvió a estudiar un pedido de la DEA para extraditar a Ibar Pérez Corradi, otro de los involucrados en la mafia de los medicamentos, a EE.UU. por un caso de drogas.

En diciembre pasado, la Justicia secuestró 12 kilos de marihuana en la camioneta oficial del diputado del PJ del Chaco Edigio García en la que viajaban su hijo, un primo, el chofer y una cuarta persona. García negó estar vinculado al narcotráfico y estepó: “Me pasaron la factura por oponerme a algunos pedidos del gobierno de Jorge Capitanich, que es donde están los narcopolíticos”.

Y esta semana, la Justicia avanzó sobre los casos del narcoavión y procesó con prisión preventiva al concejal del PJ de Formosa, Héctor Palma, que tenía 700 kilos de cocaína en su campo.

Hay más casos y el problema no sólo es del kirchernismo sino a todos los partidos políticos, las policías y la Justicia.Y de la sociedad argentina en general, que es tolerante con la corrupción política que sirve de telón de fondo a la droga. Para la ex ministra de Salud Graciela Ocaña los “ductos” de los sobornos políticos son ya tan grandes que por allí se filtra dinero negro proveniente de la droga. Para tener una idea de esos “ductos”, el presidente de la Asociación de Bancos Argentinos, Jorge Brito, reveló a la embajada de EE.UU. que el “35 % de la economía argentina se mueve en negro”, según WikiLeaks.

DANIEL SANTORO , COLABORARON. AGENCIAS SALTA Y CHACO.CLARIN

SE CONFIRMA QUE KIRCHNER VOLÓ CON UN AVIÓN DE LOS JULIÁ

Lo hizo en la campaña presidencial del 2003. La casa de Santa Cruz pagó un millón de pesos a una de las firmas de los hermanos presos en España desde enero de este año. Cuando estalló el caso del narcoavión, el Gobierno lo había negado.

UNO DE LOS PAGOS. CHEQUE DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ ENTREGADO A FEDERAL AVIATION DE LOS JULIÁ EN 2003.

EN BARCELONA. EL CHALLENGER DECOMISADO POR LA GUARDIA CIVIL ESPAÑOLA

Ni bien se conoció el caso del narcoavión, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, negó que la empresa Medical Jet, de los Juliá, haya trabajado alguna vez para los Kirchner. Tenía razón. La compañía aérea de los Juliá con la que Néstor Kirchner hizo muchísimos vuelos de su campaña electoral del 2003 fue, en rigor, Federal Aviation S.A.

Clarín accedió a documentos que prueban ese hecho. Por algunos de sus vuelos de campaña, los Kirchner le pagaron a los Juliá 139 mil pesos a través de un cheque emitido por la Casa de Santa Cruz el 19 de junio del 2003. Kirchner, en esa fecha, ya era Presidente.

La relación de los hermanos Juliá con el poder político era fluida. A pesar de que la Casa Rosada se desligó de ellos, lo cierto es que los hermanos acusados de narcotráfico siguieron volando con el más íntimo entorno presidencial, sobre todo con el empresario Lázaro Báez, uno de los mejores amigos de Néstor y Cristina. También fueron contratados por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, quien voló con ellos en al menos dos oportunidades durante fines del 2009 (Ver página 6). El cheque de los Kirchner a Federal Aviation fue firmado en el 2003 por el entonces director de tesorería de la Casa de Santa Cruz, José Matías Bezi. Ese organismo público pagó entonces algunos de los vuelos proselitistas de quien era gobernador de la provincia patagónica.

Los Juliá llevaron a Néstor Kirchner a distintos puntos del país durante su frenética campaña del 2003. Quien piloteaba la nave K era Eduardo “Piluso” Juliá, contaron fuentes de Aeroparque “Piluso” está preso en España junto a su hermano Gustavo. El 2 de enero, junto a un tercer pasajero, Matías Miret, llegaron al aeropuerto de Barcelona con un Challenger 604 que transportaba además a 944 kilos de cocaína.

La nave de Federal Aviation en la que volaba Kirchner era de menor porte que el jet secuestrado por la Guardia Civil española. Se trataba de un Lear Jet 25 matrícula LV-ZTH.

Clarín accedió a un solo cheque de Santa Cruz para Federal Aviation pero los viajes del entonces candidato Néstor con los Juliá habrían tenido un costo total de más de un millón de pesos , contaron fuentes del mercado que estuvieron al tanto de las operaciones.

Los Juliá son hijos de un ex jefe de la Fuerza Aérea de Carlos Menem, el brigadier José Juliá. Desde que son muy jóvenes tuvieron trato con el poder político y militar. Ni bien fueron detenidos en España, el Gobierno se desligó rápidamente de ellos y los vinculó con el sindicalista Luis Barrionuevo, quien admitió haber sido en el pasado cliente de Medical Jet. La Casa Rosada negó, sin embargo, que los Juliá hayan llevado a los Kirchner alguna vez. Su principal argumento era que fue Néstor Kirchner quien echó del PAMI a Gustavo Juliá. Pero aun después de ese hecho, los hermanos de la polémica fueron contratados por uno de los mejores amigos de los Kirchner, el empresario Lázaro Báez. Tanto voló Báez con los Juliá que terminó por comprarles un avión por un costó que sobrepasó el millón y medio de dólares.

Es un Lear Jet patente LV-SZS. Gustavo Juliá solía jactarse de sus contactos con el poder, contaron algunos de sus amigos.

A las 20:44 del 1 de enero del 2011, los Juliá salieron de Ezeiza con un jet de lujo cargado con una tonelada cocaína. Fue descubierta en España.

NICOLÁS WIÑAZKI ,CLARIN

 

DOS FACTURAS REVELAN QUE SCIOLI TAMBIÉN CONTRATÓ A LA EMPRESA

Usó los servicios de Federal Aviation en octubre del 2009 para viajes oficiales.

 

“Federal Aviation S.A, Servicios Aéreos ... y todo lo que usted necesita a la hora de volar”. El slogan de la empresa de los hermanos Juliá, presos en España por transportar en su avión una tonelada de cocaína, alcanza ahora un significado metafórico no pensado por el marketing. El lema se lee en dos facturas de Federal Aviation emitidas a la gobernación bonaerense, que prueban que, además de los Kirchner, también el gobernador Daniel Scioli voló con esa compañía.

Según los documentos a los que accedió Clarín, Scioli contrató al menos dos veces a la empresa aeronáutica de los Juliá. Federal Aviation le mandó el 19 de octubre del 2009 dos facturas a la “Unidad Gobernador de la Provincia de Buenos Aires”: el monto total cobrado para trasladar al mandatario bonaerense a distintos puntos de su provincia fue de más $81.107 .

La primer factura es por “servicio de traslado aéreo realizado el día 08 octubre”. La ruta detallada a continuación es “AEP-SAN FERNANDO-OLAVARRÍA-LA PLATA-AEP”. Scioli efectivamente estuvo en Olavarría el 8 de octubre del 2009: junto al intendente local, José Eseverri, entregó escrituras en el marco de un plan para regularizar propiedades de miles de vecinos. El monto que cobraron los Juliá por haber llevado al mandatario desde San Fernando a esa localidad bonaerense, dejándolo después en La Plata, fue de $33.813.

La segunda factura de Federal Aviation a la gobernación bonaerense es por un viaje a Mar del Plata y Coronel Suárez, con destino final La Plata. Esos vuelos se hicieron el 15 de octubre del 2009. Scioli estuvo ese día en Mar del Plata encabezando el II Congreso Nacional de Calidad Turística. En Coronel Suárez, el gobernador inauguró una línea de producción de calzado junto a autoridades nacionales.

Clarín consultó a Scioli sobre su relación con Federal Aviation. Desde la gobernación contestaron que cuando los aviones oficiales de la provincia no están “operativos”, algo que suele pasar seguido, se contratan entonces a distintas empresas de aviación para que realicen los viajes del mandatario. Scioli no recuerda haber volado con los Juliá, pero admitió que e s probable que los haya contratado alguna vez ante la falta de naves oficiales para moverse por la provincia . Negó tener alguna otra relación con los empresarios aeronáuticos, hoy presos en España por narcotráfico. NICOLÁS WIÑAZKI. CLARIN

NARCOAVIÓN: EL JUEZ TOMÓ MEDIDAS PARA SEGUIR LA RUTA DEL DINERO

Pidió a EE.UU. y a Uruguay los movimientos de las cuentas de los Juliá.

Días después de la detención de los hermanos Juliá en Barcelona, hubo un movimiento bancario que alertó a los Estados Unidos.

La cuenta que Gustavo Juliá tiene en una sucursal del Chase Bank de ese país, tuvo una transacción particular. Cerca de 400 mil dólares salieron de esa cuenta pero su principal titular ya estaba detenido en la cárcel “El Modelo” de Barcelona, junto a su hermano Eduardo y el copiloto Matías Miret. Los tres habían llegado al aeropuerto El Prat de Barcelona en un avión Challenger 604 con 944 kilos de cocaína de máxima pureza.

La Justicia argentina ahora busca la ruta del dinero que permitió que los Juliá puedan acceder a un millonario leasing. El juez penal económico Rafael Caputo libró dos exhortos a los Estados Unidos y otro a Uruguay para conseguir información sobre ese contrato. Según confirmó Clarín, Gustavo Juliá firmó ese leasing en representación de la empresa GG Gold, creada en 2009 y radicada en el estado de La Florida, en los Estados Unidos. Además, Caputo quiere que la Justicia norteamericana remita toda la información sobre las empresas “Jet Lease” y “604 Jet LLC”. Esas compañías son las que participaron en el contrato de alquiler del Challenger 604, matrícula N600AM, que los Juliá guardaron en el aeródromo de Morón.

Según confirmó este diario, Gustavo Juliá acordó pagar 250 mil dólares cada tres meses, además de un depósito de 400 mil dólares. Tal como ya sostuvo Clarín, para todas las operaciones bancarias Juliá utilizó la cuenta n° 4462287933 del Chase Bank, a nombre de GG Gold. En esa cuenta también aparece Gustavo Luaces, su socio, como uno de los autorizados para realizar operaciones. Luaces es una pieza clave en la investigación, porque se cree que él sería el vínculo con los carteles colombianos que habrían sido los proveedores de la droga. Luaces también está mencionado en la causa que investiga el crimen narco de Unicenter, en julio de 2008. La Justicia argentina pidió a EE.UU. información de todas las transacciones bancarias de esas dos cuentas. Además, se encontró una cuenta bancaria en Uruguay. Desde allí se giraron a la cuenta de GG Gold, 250 mil dólares. Un monto que coincide con los pagos que tenían que hacer los Juliá para poder cubrir el uso del avión Challenger. “Juliá aseguraba que esa empresa la tenía para la exportación de piedras preciosas”, aseguró a este diario un conocedor del mercado aeronáutico que supo tratar con Gustavo Juliá.

Estos movimientos hacen crecer la hipótesis de que los Juliá no estaban operando solos en el negocio de la aeronave, sino que tenían un aparato detrás para el financiamiento. La Justicia investigó con detenimiento todas las cuentas de los Juliá, sin embargo en ninguna de ellas se encontraron rastros que permitan certificar que estaban en condiciones de afrontar un negocio de esas características. ¿Quién más participaba de los negocios de los hermanos Juliá? Por ahora es una incógnita, aunque la ruta del dinero parece aportar datos.

 La trama del envío de 944 kilos de cocaína

 El 1° de enero de 2010, los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá y el copiloto Matías Miret fueron detenidos en el aeropuerto El Prat, de Barcelona, luego de aterrizar en un Challenger 604, matrícula norteamericana, con 944 kilos de cocaína de máxima pureza. 

L a Justicia argentina investiga la pista local y busca determinar en qué lugar se acondicionó el avión y fue cargada la droga. La principal sospecha judicial apunta al aeródromo de Morón. En ese sitio estuvo estacionado el avión antes de viajar a España. El juez en lo penal económico Rafael Caputo le tomó declaración testimonial a oficiales y suboficiales, así como a empleados que trabajan para una empresa de seguridad privada. Mientras, la Justicia de España extendió, la semana pasada, el secreto de sumario de la causa por 45 días más. JUAN CRUZ SANZ , CLARIN

 LOS JULIÁ HABRÍAN COBRADO 3 MILLONES DE DÓLARES POR EL TRASLADO DE LA DROGA

Ese sería el acuerdo sellado por los argentinos para llevar la cocaína a España. La participación de un cartel boliviano. La falta de controles, en la mira.

 

El Challenger 604, el jet que los Juliá usaron para trasladar la droga, no siquiera fue revisado Morón y Ezeiza. | Foto: Cedoc

Los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá, los argentinos detenidos en España con un cargamento de 944 kilos de cocaína, habrían cobrado 3 millones de dólares por el traslado a razón de 3 mil dólares por cada paquete de un kilogramo cada uno. 

Los investigadores creen que ese era el acuerdo con los argentinos para el envío del cargamento en un vuelo privado - enmarcado dentro de una red transnacional de narcotráfico - aunque en las cuentas bancarias en Argentina no registraron ingresos de tan importante suma y sospechan que pudieran haber girado el dinero a paraísos fiscales. 

Una opción es que los argentinos hayan usado parte del dinero para "evitar" los controles habida de que, tal como se probó hasta el momento, nunca existieron: mientras el jet Challenger 604 permaneció estado en un hangar de la base aérea de Morón, entre el 17 y el 30 de diciembre de 2010, nadie lo revisó. Situación que se repitió en la partida desde el aeropuerto internacional de Ezeiza. 

Con la información obtenida hasta el momento, se vuelve a señalar al supuesto Cartel del Valle, en Santa de Cruz de la Sierra, una organización boliviana que fue mencionada en el inicio de la investigación cuando incluso se ligó la "narcomodelo" colombiana Angie Sanclemente. 

El contacto con la red, publicó el diario La Nación, habría sido en el mes de abril del año pasado. Desde entonces, los Juliá hicieron viajes con cargamentos al país europeo que en ningún caso superaron los 100 kilos de droga.