19 de Junio de 2009
La Justicia
atraviesa una situación crítica como resultado de una
política de relegamiento institucional de larga data, que le
ha provocado un serio desajuste con las demandas de la
sociedad y un marcado retraso operativo y tecnológico. Por
esto, una ministra de la Corte Suprema consideró que el
sistema está al borde del colapso.
En un
lapso muy breve se han sucedido pronunciamientos de miembros
de la Justicia de distinto tenor, pero todos coincidentes en
la gravedad del actual momento. Primero ha sido la
Federación Argentina de la Magistratura, un cuerpo que
promovió un inédito reclamo público de los jueces en demanda
de soluciones a los problemas estructurales por los que
atraviesa el servicio judicial.
Luego,
en un foro organizado por la
Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa,
el presidente de la Corte Suprema,
Ricardo Lorenzetti, al disertar sobre "El
trascendente rol de la Justicia argentina en los ciclos de
crisis y progreso", señaló que "en Argentina hay una gran
litigiosidad por las incoherencias mismas de las políticas
del Estado que hacen a la generación de conflictos, pero
también a la perduración de los mismos". Para el titular de
la Corte, el Estado tiene un severo problema de gestión y
adeuda el establecimiento de reglas claras.
Más
recientemente, la jueza de la Corte
Suprema Carmen Arjibay declaró que "el colapso de la
Justicia hace mucho que existe". Para la magistrada, el
aumento de la litigiosidad social ha chocado con una
estructura de juzgados que ha quedado notablemente
desbordada. Asimismo, sobre la cantidad de juicios que se
interponen se ha revelado la enorme responsabildad del
Estado, que por ser el principal demandante en la Justicia y
por sancionar normas oscuras e incoherentes, alimenta una
inflacionaria industria del juicio.
Aunque
de larga data, es marcado el agravamiento del cuadro de
dilaciones y deterioro del sistema judicial, el cual expresa
la ausencia de una política de Estado dirigida a cumplir con
el mandato constitucional de afianzar la Justicia. Esta
ausencia de proyecto a largo plazo fue también señalada por
el presidente de la Corte, y es una falta que ensombrece el
provenir colectivo. Ante las demandas de mejora en el
funcionamiento judicial, las respuestas legislativas y
administrativas han sido fragmentarias y sin perspectiva
estructural, tanto cuando se concretaron modificaciones
procesales como cuando se buscaron paliar urgencias como los
cargos vacantes.
También
ha tenido un efecto negativo la reforma del Consejo de la
Magistratura, que le dio una mayor cabida a la
representación política, lo cual ha derivado en la
manipulación de denuncias y pedidos de enjuiciamiento en
función de criterios de lealtad partidaria que terminan
afectando la credibilidad de una institución social básica.
El afianzamiento de la independencia y la modernización de
la Justicia, entonces, exigen la formulación de una política
de Estado bien articulada, que garantice su
profesionalización -con un correlativo control disciplinario
también técnico- y eficiencia, previendo y evitando la
litigiosidad estatal y revirtiendo la excesiva duración de
los procesos.
El costo
económico y social de una Justicia colapsada, impotente ante
los conflictos y demandas que se le presentan, es
elevadísimo y provoca inseguridad jurídica. Por eso resulta
imprescindible que trace una estrategia de reforma integral
consensuada entre los poderes públicos y los actores del
área para recuperar la capacidad operativa de la Justicia.
Tanto
miembros de la Corte Suprema como entidades representativas
de los magistrados han señalado que el Poder Judicial
atraviesa una situación crítica, la cual en gran medida
obedece a la ausencia de proyectos de reforma, modernización
y afirmación de su independencia. Esta falta debe corregirse
a través de una estrategia consensuada entre actores
políticos y profesionales.