LA JUSTICIA, UNA INSTITUCIÓN
AL BORDE DEL COLAPSO

19 de Junio de 2009

La Justicia atraviesa una situación crítica como resultado de una política de relegamiento institucional de larga data, que le ha provocado un serio desajuste con las demandas de la sociedad y un marcado retraso operativo y tecnológico. Por esto, una ministra de la Corte Suprema consideró que el sistema está al borde del colapso. 

En un lapso muy breve se han sucedido pronunciamientos de miembros de la Justicia de distinto tenor, pero todos coincidentes en la gravedad del actual momento. Primero ha sido la Federación Argentina de la Magistratura, un cuerpo que promovió un inédito reclamo público de los jueces en demanda de soluciones a los problemas estructurales por los que atraviesa el servicio judicial. 

Luego, en un foro organizado por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, al disertar sobre "El trascendente rol de la Justicia argentina en los ciclos de crisis y progreso", señaló que "en Argentina hay una gran litigiosidad por las incoherencias mismas de las políticas del Estado que hacen a la generación de conflictos, pero también a la perduración de los mismos". Para el titular de la Corte, el Estado tiene un severo problema de gestión y adeuda el establecimiento de reglas claras. 

Más recientemente, la jueza de la Corte Suprema Carmen Arjibay declaró que "el colapso de la Justicia hace mucho que existe". Para la magistrada, el aumento de la litigiosidad social ha chocado con una estructura de juzgados que ha quedado notablemente desbordada. Asimismo, sobre la cantidad de juicios que se interponen se ha revelado la enorme responsabildad del Estado, que por ser el principal demandante en la Justicia y por sancionar normas oscuras e incoherentes, alimenta una inflacionaria industria del juicio. 

Aunque de larga data, es marcado el agravamiento del cuadro de dilaciones y deterioro del sistema judicial, el cual expresa la ausencia de una política de Estado dirigida a cumplir con el mandato constitucional de afianzar la Justicia. Esta ausencia de proyecto a largo plazo fue también señalada por el presidente de la Corte, y es una falta que ensombrece el provenir colectivo. Ante las demandas de mejora en el funcionamiento judicial, las respuestas legislativas y administrativas han sido fragmentarias y sin perspectiva estructural, tanto cuando se concretaron modificaciones procesales como cuando se buscaron paliar urgencias como los cargos vacantes. 

También ha tenido un efecto negativo la reforma del Consejo de la Magistratura, que le dio una mayor cabida a la representación política, lo cual ha derivado en la manipulación de denuncias y pedidos de enjuiciamiento en función de criterios de lealtad partidaria que terminan afectando la credibilidad de una institución social básica. El afianzamiento de la independencia y la modernización de la Justicia, entonces, exigen la formulación de una política de Estado bien articulada, que garantice su profesionalización -con un correlativo control disciplinario también técnico- y eficiencia, previendo y evitando la litigiosidad estatal y revirtiendo la excesiva duración de los procesos. 

El costo económico y social de una Justicia colapsada, impotente ante los conflictos y demandas que se le presentan, es elevadísimo y provoca inseguridad jurídica. Por eso resulta imprescindible que trace una estrategia de reforma integral consensuada entre los poderes públicos y los actores del área para recuperar la capacidad operativa de la Justicia.

Tanto miembros de la Corte Suprema como entidades representativas de los magistrados han señalado que el Poder Judicial atraviesa una situación crítica, la cual en gran medida obedece a la ausencia de proyectos de reforma, modernización y afirmación de su independencia. Esta falta debe corregirse a través de una estrategia consensuada entre actores políticos y profesionales.