06 de Mayo de 2009
La Corte reclamó
al Poder Ejecutivo que acelere la creación de cargos
Envió una nota
a la Jefatura de Gabinete para solicitarle que arbitre los
medios para que se concrete a la brevedad la creación de 750
puestos.
Massa y
Lorenzetti, tras la reunión en la que
el Gobierno prometió que autorizará una partida de
fondos Foto: Archivo
La Corte Suprema reclamó hoy
al Gobierno que autorice la asignación de partidas para la
creación de 750 cargos judiciales como medida para acelerar
los juicios. La entrega de fondos había sido acordada hace
casi dos meses tras un encuentro entre
el jefe de Gabinete, Sergio Massa, el presidente de la
Corte, Ricardo Lorenzetti, y los jueces Juan Carlos Maqueda
y Elena Highton.
Según informa la página de la
Corte, la asignación de partidas había sido acordada en
marzo último, pero, hasta el momento, no fue efectivizada
por el Poder Ejecutivo. En este contexto, el secretario
general de Administración de la Corte
Suprema de Justicia, Daniel Marchi, envió hoy una
nota a la Jefatura de Gabinete de la Nación, donde le
solicitó que arbitre los medios necesarios para que se
concrete a la brevedad la creación de 750 cargos en la
planta del Poder Judicial, para atender las necesidades de
personal en los juzgados.
La Corte explicó que la suma
necesaria para cubrir aquellas vacantes, de 36 millones de
pesos, ya está disponible, pero necesita de la autorización
administrativa de la Jefatura de Gabinete y de una ley del
Congreso para crear los nuevos cargos. Polémica. El acuerdo
entre el máximo tribunal de justicia y el Gobierno fue
alcanzado luego de que la presidenta
Cristina Kirchner criticara a la Justicia por la
demora en los juicios contra la represión, lo que fue
respondido en duros términos por jueces de la Corte.
En ese contexto, el
presidente de la Corte dijo que el nuevo personal se
dedicará a acelerar no sólo las causas de derechos humanos,
sino todos los expedientes, penales, laborales,
previsionales o civiles.
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Casación
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la Justicia
Sin tapujos, desde hace por lo menos
dos años, el Gobierno ejerce una abierta presión sobre casi
todos los jueces que integran la Cámara de Casación, el
máximo tribunal penal de la Nación, arguyendo
malintencionadamente que han demorado la tramitación de los
juicios sobre la represión y que en algunos casos han
beneficiado a algunos de los imputados con esas causas al
otorgarles la excarcelación.
Obviamente, una de las herramientas de
presión es el Consejo de la Magistratura, órgano que, al
contar con mayoría oficialista, puede disponer, al antojo de
los deseos del Poder Ejecutivo, la apertura de un juicio
político contra los camaristas, como lo ha hecho en algún
caso.
En 2007 comenzó un fuerte hostigamiento
al camarista Alfredo Bisordi, presidente de la Cámara de
Casación, con acusaciones públicas formuladas por el
entonces presidente Néstor Kirchner,
quien sostenía que Bisordi trababa el avance de los juicios por violaciones a
los derechos humanos. El ataque presidencial se tradujo en
escraches en el domicilio particular del magistrado, donde
vive con su madre, en una investigación que se le abrió en
el Consejo de la Magistratura y en un pedido de licencia por
razones de salud presentado por Bisordi, quien finalmente se
acogió el año pasado a la jubilación y su renuncia fue
aceptada por Cristina Kirchner.
Sin embargo, la presión continuó y este
año el senador kirchnerista Nicolás Fernández
propuso al
Consejo de la Magistratura, que él integra, una auditoría en
la Cámara de Casación para evaluar la conducta de cinco de
sus jueces. Su proyecto apuntaba a "acreditar las
imputaciones formuladas" por el secretario de Derechos
Humanos, Eduardo Luis Duhalde, quien acusó a los camaristas
de demorar las causas que investigan crímenes del último
gobierno de facto y de beneficiar a ex militares.
Poco antes, el Gobierno había impulsado
denuncias por mal desempeño contra casi todos los jueces de
la Casación, entre ellos, contra Luis García, Guillermo Yacobucci, Eduardo Riggi, Guillermo Tragant y Angela
Ledesma, paradójicamente por haber cumplido con la ley al
disponer la liberación de un grupo de represores que
llevaban varios años detenidos sin condena.
No caben dudas de que el kirchnerismo
se encuentra muy urgido por mostrar avances en las causas
por la represión durante el gobierno de facto. La defensa de
los derechos humanos ha sido una de las banderas de Néstor
Kirchner desde su arribo al poder; bandera que, como es
sabido, jamás empuñó durante sus largos años como gobernador
de Santa Cruz ni antes, como intendente de Río Gallegos.
Sin embargo, el discurso kirchnerista
de los derechos humanos había quedado solamente en eso: en
mero discurso (que le ganó la adhesión de un grupo de
intelectuales y periodistas), mientras que, por diversos
motivos, la mayoría de los cuales no pueden achacarse a los
camaristas de Casación, los juicios no avanzaban. Así,
cuando se desnudaba el cariz proselitista del discurso, se
produjo la desaparición de Jorge Julio López, testigo en uno
de los escasos juicios que se llevó a cabo. Hasta el
momento, esta desaparición no fue esclarecida, como tampoco
el secuestro y posterior liberación de Luis Gerez, otro
testigo.
Urgido por la falta de
resultados, el kirchnerismo apuntó contra la Cámara de
Casación. La presión trascendió las fronteras, y hace pocas
semanas un centenar de jueces de América latina denunció que
el Poder Ejecutivo argentino afecta la independencia del
Poder Judicial con las denuncias por mal desempeño de sus
funciones, presentadas contra los camaristas.
La
Federación Latinoamericana de la Magistratura, que agrupa a
representantes de 14 países del continente, afirmó durante
su última reunión, realizada en El Salvador, que las
imputaciones realizadas con el ficticio argumento del mal
desempeño en el ejercicio de la magistratura ocultan la
disconformidad con el contenido de decisiones adoptadas y
expresan una grave e inaceptable afectación a la
independencia de quienes las dictaron.
Igual que cuando gobernó Santa
Cruz, el kirchnerismo ha sacrificado la división de poderes
en favor de su perpetuación. Cualquier presión del Poder
Ejecutivo sobre los jueces contraría los principios
republicanos, mucho más cuando se pretende remover a
magistrados por cumplir con la ley. Esta inexcusable
agresión al Poder Judicial no sólo puede afectar el
desempeño de los camaristas en el presente, sino que también
demuestra que lo que impulsa al oficialismo es la venganza
antes que el valor supremo de la justicia.
Editorial del diario La Nación del día 04-05-09.