06 de Abril de 2009

La justicia, en problemas / Una intimación de la Corte sigue sin tener efecto

Retrasa el Gobierno la designación de 48 jueces. El Consejo de la Magistratura envió los candidatos hace 10 meses; hay 200 juzgados vacantes

La Corte declaró incostitucional la actuación de algunos jueces subrogantes Foto: Archivo

Mientras los tribunales vacantes se acumulan, la presidenta Cristina Kirchner tiene demoradas 48 designaciones de jueces al no expedirse sobre las ternas que le envió el año pasado el Consejo de la Magistratura. Retrasa así, desde hace diez meses, la conformación de la lista de jueces suplentes que le permitiría al Congreso nombrar a magistrados subrogantes sin violar la Constitución. Los tribunales acéfalos ya son 200, más del 20 por ciento de los juzgados nacionales y federales.

Como consecuencia, los expedientes se acumulan, los juicios se demoran y cada vez son más los jueces que deben repartir su tiempo para hacerse cargo de tribunales vecinos.

Según la jueza de la Corte Suprema Carmen Argibay, la mora en la designación de magistrados es una de las causas que impiden que las juicios sobre derechos humanos avancen con celeridad. "Si quieren que aceleremos los juicios, primero nombren los jueces que no tenemos", le recriminó Argibay al Gobierno el mes pasado.

La Presidenta respondió: "Los únicos que pueden juzgar y encarcelar en la Argentina son los jueces. No hay causas paralizadas porque falte un juez titular. Todas tienen un subrogante".

A su vez, voceros de la Secretaría de Justicia dicen que "no han vencido los plazos legales para presentar las listas, ya que la actual legislación así lo establece" .

El problema es que si no se cubren las vacantes -depende del Consejo de la Magistratura- y el Gobierno no remite al Congreso su lista de candidatos a magistrados suplentes, siguen en sus cargos los jueces subrogantes nombrados por el Consejo, lo que para la Corte es inconstitucional.

El máximo tribunal advirtió que ellos fueron designados en violación del procedimiento que establece la Constitución Nacional, que exige la intervención del Poder Ejecutivo y el Congreso en el trámite.

Su debilidad radica en que así como los nombró, en cualquier momento el Consejo (donde el oficialismo tiene un enorme poder) podría removerlos. Además, muchos de ellos concursan para ser jueces titulares y, como cualquier postulante, sólo pueden entrar en alguna terna de candidatos si cuentan con el voto de al menos uno de los consejeros kirchneristas.

Hace casi dos años, el fallo Rosza de la Corte ordenó terminar con estos subrogantes, a quienes declaró inconstitucionales. Para no generar un caos en los tribunales, dio por válidos los fallos que éstos habían firmado y le fijó un plazo de un año al Congreso para que dictara una nueva ley que previera un nuevo sistema para nombrar suplentes. El mensaje de la Corte fue claro: en un año, los subrogantes tenían que desaparecer.

Pero eso no sucedió. Al filo del vencimiento del plazo impuesto por el máximo tribunal, el Congreso sancionó su ley, que estableció que mientras un juzgado estuviera vacante, iba a ser ocupado por un juez vecino o bien por quien eligiera el Senado de un listado que debía enviarle el Poder Ejecutivo.

El problema fue que la ley dispuso que hasta que la Presidenta no enviara la lista, los actuales subrogantes seguirían en su cargo. Y Cristina Kirchner todavía no la remitió.

"Extrema preocupación"

La Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional, la más representativa de las agrupaciones de jueces, manifestó ayer su "extrema preocupación" por esta situación. "La actitud del Gobierno es de una gran hipocresía", dijo ayer su presidente, Ricardo Recondo, a La Nacion. "Dicen que cumplen porque sacaron una ley de subrogancia, pero si después no la ponen en práctica, no sirve para nada", declaró. "El problema es la gran cantidad de vacancias y la debilidad de los subrogantes, que no cuentan con las garantías que otorga la Constitución a los jueces", afirmó.

La nueva ley establece que en caso de "recusación, excusación, licencia o vacancia", la Cámara de la jurisdicción que corresponda designará como suplente a "un juez de igual competencia de la misma jurisdicción, teniendo prelación el juez de la nominación inmediata siguiente en aquellos lugares donde tengan asiento más de un juzgado de igual competencia" o, en su defecto, nombrará por sorteo a alguno de los conjueces incluidos en la lista confeccionada por el Poder Ejecutivo, que debe contar con el acuerdo del Senado.

El Gobierno formará esa nómina con "abogados de la matrícula federal", dice la ley.

De acuerdo con el artículo sexto de esta norma, las actuales subrogancias "subsistirán hasta que se instrumente" el nuevo procedimiento de reemplazo.

"Estamos dentro de un círculo vicioso", dijo el senador radical Ernesto Sanz a La Nacion. "Si se pone en marcha la nueva ley, a los subrogantes los pone el oficialismo y, si no, quedan los que están ahora, a quienes su debilidad por la subrogancia los hace vulnerables ante el poder". Paz Rodríguez Niell, para LA NACION

Así se elige un juez

• Consejo de la Magistratura. Cuando se produce una vacante, es el organismo el que abre el concurso. Los postulantes se anotan, rinden un examen, se evalúan sus antecedentes y se forma una terna de candidatos que se remite al Poder Ejecutivo.

• El Poder Ejecutivo. Una vez que el Consejo de la Magistratura pone en marcha el sistema de elección de jueces, la Casa Rosada elige a uno de los tres candidatos que le envió el Consejo y manda la designación al Senado.

• Senado. El último paso de la designación de un magistrado pasa por el Senado. Allí debe darse el acuerdo final para que un candidato, seleccionado por el presidente de la Nación, se convierta en juez. Después, un decreto presidencial lo pone en funciones.