24 de Febrero de 2009
Corrupción sin
fronteras
Se
calcula que las coimas del sector privado al público llegan a
un trillón de dólares al año en el mundo. Pese a casos de gran
repercusión mediática como Skanska, Siemens e IBM-Banco
Nación, en la Justicia argentina nunca hubo condenas.
El
10 de diciembre de 2007, el mismo día que
Cristina Fernández de Kirchner
juraba como
presidenta de la Nación, un grupo de ocho expertos en
políticas anticorrupción aterrizaba en el aeropuerto de Ezeiza
con una misión clara: evaluar el esfuerzo del Estado argentino
para combatir el soborno transnacional, un negocio que, según
estimaciones del
Banco Mundial,
mueve aproximadamente un trillón de dólares al año.
Los expertos internacionales -tres funcionarios
de Brasil, tres de España, y dos de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD, por sus siglas en
inglés), que impulsó en 1997 la sanción de la Convención que
busca combatir el soborno transnacional- se reunieron en
privado con unos cincuenta funcionarios, jueces, fiscales,
abogados y expertos de la sociedad civil. En octubre del año
último hicieron público su informe, que además de críticas
incluyó una serie de recomendaciones. En junio próximo se
reunirán nuevamente, en París, para evaluar qué pasó con sus
consejos. Y, según todas las fuentes consultadas, descubrirán
que la Argentina no avanzó demasiado. Por no decir nada.
De hecho, la historia judicial argentina no
registra todavía ninguna condena por soborno transnacional.
Los casos del frigorífico norteamericano Swiftgate, el de la
empresa alemana Siemens (allanada esta semana por la Justicia)
y el de la compañía sueca Skanska son, actualmente, tres de
los ocho que se tramitan en los Tribunales contra empresas
extranjeras que habrían coimeado a
IBM-Banco Nación: más de
US$ 21millones en coimas Foto: Archivo
funcionarios
argentinos, según el informe 2008 de
Transparencia
Internacional
(TI) sobre el avance en la implementación de la Convención de
la OECD.
Y, de acuerdo con ese mismo reporte, en el país
sólo se tramita una causa por soborno transnacional contra una
empresa de bandera argentina, Industrias Metalúrgicas
Pescarmona Sociedad Anónima (IMPSA), que está acusada de haber
pagado 14 millones de dólares en coimas a funcionarios de
Filipinas en la licitación de una represa hidroeléctrica.
Todos los que saben del tema son bien
escépticos: a la Justicia sólo llega aquello que por alguna
razón no salió como se esperaba. En cambio, un número
impreciso de sobornos (¡varios cientos o miles!) se pagan en
silencio a cambio de contratos o negocios millonarios.
Tres funcionarios, tres jueces federales, dos
fiscales y dos expertos consultados para esta nota vaticinan
que el triste récord de cero condenados por soborno
transnacional en la Argentina difícilmente se modifique.
Advierten que las causas en general prescriben tras más de una
década de investigaciones, trámites y pilas de papeles que van
hacia otros países y contadas veces regresan con respuesta de
autoridades de otros Estados.
"Estos casos generalmente se descubren mucho
después de que ocurren y, como en nuestro país las penas
contra funcionarios públicos son muy bajas, hay que hacer
curiosas construcciones jurídicas para no considerar
prescriptas las acciones desde el inicio.
De hecho, acá una pequeña
estafa con una tarjeta de crédito o una protagonizada por una
gitana que hace el toco mocho tienen la misma pena que una
defraudación multimillonaria contra el Estado", se sincera un
juez federal porteño.
Un colega suyo, que también habla en estricto
off de record , agrega otra dificultad para que estas
investigaciones prosperen y se dejen atrás los magros
resultados judiciales de las últimas décadas:
"Aun
cuando en mi caso tengo real interés en avanzar, lo cierto es
que generalmente pruebo la maniobra financiera pero jamás
logro deshacerla y acreditar en el expediente los pagos
ilegales, porque las operatorias financieras se vuelven
imposibles de rastrear si ni siquiera Uruguay acepta responder
nuestros exhortos. Somos un país bananero y casi ninguno de
los países del llamado primer mundo colabora con nuestras
investigaciones, que pueden perjudicar a sus empresas. Por
eso, es clave la presión internacional para que los países,
centrales o no, cumplan con sus normas".
Recomendaciones ignoradas
Las recomendaciones del
Grupo de Trabajo de la OECD
fueron precisas para la Argentina: reformar el artículo 258
bis del Código Penal para otorgarle jurisdicción a los jueces
argentinos para que investiguen a los nacionales que cometen
el delito de soborno en el extranjero, crear un sistema
especial para la protección de denunciantes de casos de
corrupción del sector público, establecer un sistema de
responsabilidad para las personas jurídicas (las sociedades y
no sólo las personas físicas), reformar el artículo 204 del
Código Procesal Penal de la Nación para garantizar un acceso
irrestricto a la información sobre estas causas en el Poder
Judicial, e impulsar que los Estados provinciales tomen las
medidas necesarias para crear una base de datos con
información de casos de corrupción.
"No hubo avances sustanciales en este tiempo y,
si la OECD evalúa negativamente al país, ello tendrá impacto
en nuestra economía. Aún faltan algunos meses para la
revisión. Si hubiera decisión política, se podrían hacer
muchas cosas y demostrar que hay voluntad de avanzar", dice el
fiscal de investigaciones administrativas, Manuel Garrido.
La Argentina firmó la Convención de la OECD en
1997, durante el gobierno de Carlos Menem, pero sólo la
ratificó en 2001, durante el gobierno de Fernando De la Rúa y
cuando la mayoría de las empresas estatales había sido
privatizada. Fue sólo entonces cuando entró en vigencia el
tratado, y cuando como país nos obligamos internacionalmente a
perseguir a este delito.
La mayoría de los casos de soborno transnacional que tramita
la Justicia, según el reporte de TI, ocurrió durante el
gobierno de
Menem, que
terminó hace más de una década.
Los affaires de la norteamericana IBM por la informatización
de la DGI y el Banco Nación; la investigación del llamado
monumento a la corrupción de la represa Yacyretá por la
participación de la empresas italiana Ansaldo Energía SpA, y
la causa contra la francesa Thales Spectrum por la
privatización del espectro radioeléctrico, tienen entre los
acusados a funcionarios menemistas, igual que el caso Siemens
o el ya cerrado Swift.
El resto
tuvo lugar durante la gestión de Néstor Kirchner:
Skanska y el de la compañía francesa Accor Service,
investigada por haber ofrecido un soborno para parar una ley
que cambiaba el reconocimiento legal de los vales de almuerzo.
Este mes se sumó una denuncia de Garrido que podría ser un
nuevo caso de soborno transnacional: el fiscal acusó por
presuntos pagos de sobornos millonarios a nueve empresas
contratistas del Estado en hechos cometidos durante el
gobierno de Kirchner, entre las que figura Telefónica, de
capital español.
Laura Alonso, directora
ejecutiva de Poder Ciudadano,
coincide en
que las deudas del sector público reseñadas hace más de un año
por los expertos siguen igual. Pero además pone el foco en el
sector privado. "Los datos confirman, nuevamente, que la
corrupción no tiene fronteras y que los esfuerzos aislados de
los Estados nacionales no son suficientes si no se profundiza
una política global al respecto. Además, es muy claro que no
son los Estados nacionales y las instituciones supranacionales
los únicos que pueden hacer algo al respecto. El sector
privado tiene un rol relevante a la hora de promover la
transparencia e impulsar el desarrollo de los países."
Por eso, para Alonso, el desafío radica no sólo
en fortalecer las políticas públicas de transparencia y
anticorrupción hacia el interior de cada gobierno, sino
también en el fomento e impulso de comportamientos
transparentes entre los Estados y las compañías de bandera
nacional en el extranjero. "De allí que tenga especial valor
la Convención de la OECD y su seguimiento y cumplimiento",
opina.
Entre las medidas que podrían adoptar las empresas para
reducir el soborno transnacional, los expertos mencionan, por
ejemplo, la importancia de que se doten de Códigos de Etica
y/o Conducta que regulen el accionar de sus empleados,
accionistas y otros miembros de la cadena de valor, y
garanticen su efectiva implementación; que adopten el Capítulo
VI "Lucha contra la corrupción" de las Líneas Directrices de
la OCDE para Empresas Multinacionales; que implementen dentro
de la empresa canales de comunicación o denuncia anónimos y
protección a los denunciantes de casos de corrupción; que
instrumenten políticas de control interno y externo (auditorías)
en materia financiera, contable y de gestión, y que adhieran a
iniciativas como los "Principios Empresariales para
contrarrestar el Soborno" de
Transparency International y Social Accountability
Internacional, Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)
o Publish What You Pay (PWYP).
La OECD nació como la organización
intergubernamental que cobijaría a los países que abrazaran el
binomio democracia-libre mercado. Hoy la integran 30 países
miembros y 10 invitados, entre ellos, la Argentina.
Tradicionalmente fue un foro de adopción de recomendaciones de
altísimo valor político y muy respetadas, pero nunca hasta la
Convención Antisoborno había dictado normas obligatorias.
La Convención fue fruto de diez años de trabajo
y su origen fue una ley que en 1988 dictó el Congreso de los
Estados Unidos: la primera enmienda a la Foreign
Corrupt Practices Act (FCPA).
Esa era entonces la única ley que, con relativa aplicación en
el mundo, criminalizaba las conductas de soborno que los
nacionales realizaban en el extranjero.
Luego de varios años de silencio impuesto por
la imagen negativa que podría generar una queja, el sector
empresarial estadounidense puso de manifiesto la desventaja
competitiva que representaba la unilateralidad de la norma en
el comercio internacional y comenzó a presionar por
situaciones de igualdad, fuera ésta lograda dentro del país,
con la derogación de la FCPA, o fuera del país, a través de la
internacionalización de la regla.
El gobierno de los Estados Unidos tomó este
último camino y, luego de resistencias y dilaciones de los
representantes de la Unión Europea, liderados por Francia y
Alemania, finalmente todos acordaron avanzar con
la sanción de la Convención.
"Entre 1994 y 2000, el Departamento de Comercio
estadounidense reportó más de 350 contratos internacionales
que habían sido obtenidos mediante sobornos y en los cuales
multinacionales estadounidenses decían haber perdido
oportunidades de negocios por 26.000 millones de dólares.
Desde que entró en vigor la Convención, la cifra empezó a
bajar lentamente. Entre 2001 y 2005, por ejemplo, reportaron
200 contratos y pérdidas de oportunidades por 13.000
millones", precisa Guillermo Jorge, profesor de Derecho de la
Universidad de San Andrés y consultor de empresas
multinacionales y organismos internacionales en soborno
transnacional.
Aunque Jorge coincide con el escepticismo
general, está convencido de que el panorama sería peor sin los
esfuerzos de la OECD en el mundo: "En 10 años de vigencia, se
iniciaron más de 150 investigaciones por soborno
transnacional, se impusieron sanciones a más de 30
multinacionales grandes y actualmente hay casos abiertos en 26
países miembros del tratado".
No hay cálculos oficiales ni extraoficiales
disponibles de cuántos sobornos transnacionales se pagaron en
la Argentina en la última década, pero algunas cifras ayudan a
dimensionar el fenómeno.
El Banco Mundial, que hasta hace algunos años
consideraba que la corrupción era imposible de medir, ahora
señala que una aproximación conservadora del grado de sobornos
del sector privado al sector público en todo el mundo da una
estimación anual de aproximadamente un trillón de dólares.
Jorge no arriesga un número, pero asegura que
entre los expertos no hay ninguna duda de que las empresas de
los países centrales pagan más en sobornos que lo que sus
gobiernos aportan para el desarrollo de los Estados menos
avanzados.
La Argentina no ha hecho nada en el último
tiempo para ayudar a evitarlo. ¿Lo hará antes de junio o se
resigna al aplazo? Reproducción textual de la nota de la
periodista Laura
Zommer, La Nación.
El estado de las causas
IBM-Banco Nación:
Se investiga el "Proyecto Centenario" mediante el cual IBM se
comprometía a informatizar 525 sucursales del banco Nación a
cambio de 249 millones de dólares. En ese caso, abierto en
1994, esperan ser juzgados
ex
directores del Banco Nación y de IBM.
Un contrato similar entre IBM y
la DGI,
de mediados de los 90, también está bajo investigación y en
esa causa hay 17 procesados que esperan ser juzgados. Se
pagaron allí sobreprecios que la justicia estimó en 120
millones de pesos.
Siemens:
la Justicia argentina investiga el contrato,
luego anulado, entre Siemens y el gobierno de Carlos Menem
para la confección de los DNI. Esa causa, iniciada hace una
década, estuvo casi cerrada y ahora fue reactivada. Está en el
juzgado federal de Ariel Lijo. La empresa reconoció en un
informe de auditoría que pagó sobornos a funcionarios del
gobierno de Menem, pero se busca precisar quiénes pagaron,
quiénes cobraron y mediante qué mecanismo financiero fue
girado el dinero.
Tickets alimentarios:
Dos empresarios, uno de ellos de la
Cámara de
Empresas de Servicios de Vales Alimentarios
(Cevas), están procesados por intentar sobornar con un máximo
de 20 millones de pesos a legisladores para aprobar una ley
que beneficiara al sector. Finalmente el Congreso anuló el
sistema de pagos con vales alimentarios.
Empresas fantasma:
El fiscal nacional de Investigaciones
Administrativas, Manuel Garrido, denunció "pagos de sobornos"
de parte de nueve empresas contratistas del Estado en hechos
cometidos durante el gobierno de Néstor Kirchner. La
presentación apunta
a Telefónica, a las constructoras Perales Aguiar, Vezzato,
Vialbaires y Caminos del Valle
y a cuatro compañías que operaron con algunas de las firmas
fantasma que habían proveído de facturas falsas a Skanska para
disimular pagos de coimas en la construcción de gasoductos.
También alcanza a "los funcionarios públicos
que habrían sido sobornados" con esos fondos negros, generados
entre 2003 y 2007. La denuncia está radicada ante el juez
federal Norberto Oyarbide.
Caso Skanska:
el caso se investiga en dos causas diferentes.
En el fuero federal, donde se investiga el presunto pago de
sobornos de la empresa a funcionarios nacionales,
el juez Norberto Oyarbide
demora la resolución de la situación procesal de dos ex
funcionarios indagados,
Néstor
Ulloa (Nación Fideicomisos) y Fulvio Madaro (Enargas),
y de otros 30 imputados. El juez Javier López Biscayart
procesó el año pasado a Ulloa y a una decena de directivos de
Skanska por evasión impositiva. Después de más de un año de
aquel fallo, la Cámara en lo Penal Económico aún no confirmó
el procesamiento de Ulloa.
Thales Spectrum:
Se investiga a
Carlos
Menem
y a un grupo de empresarios y funcionarios de su gobierno por
una estafa millonaria al Estado en el contrato de concesión
del espacio radioeléctrico, firmado en 1997. En diciembre del
año pasado, la Cámara Federal porteña confirmó los
procesamientos que había dictado el juez Sergio Torres contra
del ex secretario de Comunicaciones Germán Kammerath, otros
ocho ex funcionarios menemistas y
ex directivos de Thales Spectrum, entre los que está Germán
Neuss.
La causa había sido cerrada por el hoy
ex juez
federal Jorge Urso,
pero la Sala II de la Cámara revocó esa resolución a partir de
un planteo de la
Oficina Anticorrupción
(OA). En enero de 2004, Néstor Kirchner dispuso la anulación
del millonario contrato con Thales.
Diario La
Nación.
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