24 de Febrero de 2009

Superpoderes versus república

La permanencia, hace ocho años, de los superpoderes del PEN es un símbolo de cómo se gobierna al margen de la Constitución

Así como en la economía, según la recordada ley de Gresham, "la moneda mala expulsa a la buena", en el orden político podría afirmarse que la práctica institucional malsana degrada inexorablemente los principios republicanos. El caso de los denominados superpoderes tipifica, como pocos, el desborde en que ha incurrido el Poder Ejecutivo, acompañado por una nueva "mayoría automática" que esta vez anida no en la Corte Suprema, como ocurría hace algunos años, sino en el Congreso de la Nación.

El término "superpoderes" alude a la delegación de atribuciones que hace el Poder Legislativo a favor del jefe de Gabinete de Ministros para reasignar libremente partidas presupuestarias, una vez aprobada la ley de presupuesto. El mal ejemplo de la jurisdicción nacional ha sido imitado de inmediato por varios gobernadores provinciales a quienes sus respectivas legislaturas también han otorgado idénticos superpoderes.

El tema, de la manera que lo plantea la Constitución, no es ciertamente menor y su gravedad pondrá en funcionamiento, tarde o temprano, distintas instancias del Poder Judicial, aunque a veces ellas puedan aparecer aletargadas frente a las presiones del poder político y sus obedientes representantes en el Consejo de la Magistratura.

Si se analiza con cuidado el texto de la ley vigente que fue promulgada por el ex presidente Kirchner, se verá que las facultades que se otorgan al jefe de Gabinete son tan amplias "para disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias", que quedan comprendidas "las modificaciones que involucren a gastos corrientes, gastos de capital, aplicaciones financieras y distribución de finalidades". A tal fin, la ley exceptúa al funcionario de lo establecido en el artículo 15 de la ley 25.917, que es la que expresamente prohibía esa facultad. No deja de ser llamativo que esta norma también fuera promulgada por Néstor Kirchner en 2005 con la finalidad, según su artículo 1°, de contribuir a la responsabilidad fiscal y "dotar de mayor transparencia a la gestión pública". Cabría pensar que, al avanzar contra sus pasos, derogando una prohibición establecida por una ley de su propio gobierno, el cónyuge presidencial optó por dejar de lado toda transparencia y privilegió, en cambio, la posibilidad de manejar a su arbitrio importantes partidas presupuestarias.

Según los especialistas en la materia, durante 2008 el Poder Ejecutivo Nacional, mediante un mero decreto de necesidad y urgencia y más de veinte decisiones administrativas de la Jefatura de Gabinete, amplió el presupuesto nacional y transfirió partidas por más de 40.000 millones de pesos.

En realidad, el tema de los superpoderes se suma, con toda su obvia gravedad, a una larga serie de decisiones del matrimonio presidencial que evidencian una inequívoca voluntad de gobernar al margen de los cauces institucionales. Hay Poder Judicial, pero el Consejo de la Magistratura kirchnerista sobrevuela los fallos de los jueces y tribunales inferiores creando una presión que vulnera el espíritu de independencia de los magistrados. Hay Poder Legislativo, pero sus integrantes son convocados de urgencia para aprobar los proyectos del Ejecutivo, sin siquiera posibilidades de alterar una coma. Tanto es así, que los legisladores que se alzaron contra la voluntad del matrimonio presidencial, en oportunidad de discutirse la lamentable resolución 125, todavía están purgando las consecuencias de su gesto de independencia.

Hay provincias, pero el federalismo languidece sin recursos y sin ley de coparticipación federal, pendiente del capricho del poder central. Hay democracia, pero las elecciones se convierten en una justa desigual entre los que manejan a sus anchas los fondos públicos, la distribución de las boletas electorales y el recuento primario de los votos, y quienes se atreven a desafiar, sin elementos, los desbordes oficialistas. Hay elección de funcionarios, pero tanto en la Nación como en algunas provincias los que están en el poder recurren a cualquier estratagema (reformas legales o constitucionales mediante) para perpetuarse en el cargo. Hay un Instituto Nacional de Estadística y Censos, pero sus datos son flagrantemente falseados. Hay, en fin, una ley de presupuesto, pero su contenido es meramente indicativo para quienes manipulan sus partidas tanto como su voluntad o improvisación le permiten.

Desde esta perspectiva, el tema de los superpoderes, en una pretendida "emergencia", que se arrastra nada menos que hace ocho largos años, constituye un símbolo visible de una manera de gobernar que erosiona constantemente las bases esenciales de la república. Reproducción textual del editorial del Diario la Nacion del 22-02-09.