20 de Enero de 2009
Sobreprecios en
Santa Cruz / Controversia entre organismos de control
Niegan datos a
la fiscalía de Garrido
La Auditoría General de la Nación (AGN) decidió que ya no
le dará información sobre sus casos en trámite al fiscal
nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido,
impulsor de muchos de los expedientes por presuntos casos de
corrupción en la era kirchnerista.
La medida se dio a conocer a
través de una nota dirigida al procurador general, Esteban
Righi, que es el jefe de Garrido, del 30 de septiembre de
2008, que no se hizo pública. El único integrante de la AGN
que no la firmó fue el presidente, el radical Leandro Despouy,
que hoy está enfrentado más que nunca con los auditores del
oficialismo.
La decisión se tomó luego de
que el fiscal de Investigaciones Administrativas solicitó a la
AGN "copias certificadas del informe de auditoría relacionado
con la obra de extensión de la interconexión patagónica hasta
la ciudad de Pico Truncado", sus correspondientes papeles de
trabajo y los nombres de los auditores que lo realizaron. Ese
expediente investiga un presunto sobreprecio de unos $150
millones en Santa Cruz. Cuando Garrido pidió los documentos,
el informe estaba listo, pero todavía no había sido aprobado.
Los argumentos para rechazar el pedido fueron razones de
"confidencialidad".
"Es
un alzamiento contra las competencias propias del Ministerio
Público. Esta decisión puede generar un conflicto de poderes y
comprometer seriamente el éxito de las investigaciones", dijo
ayer Garrido a LA NACION.
El fiscal argumentó que
tiene atribuciones para pedir documentación que es pública, y
sostuvo que "normas reglamentarias que tienen por objeto
resguardar la confidencialidad no pueden ser invocadas para
obstaculizar las investigaciones de un juez o de un fiscal".
No es la única limitación
que sufrió la Fiscalía de Investigaciones Administrativas
(FIA) en los últimos tiempos. En noviembre pasado, Righi
recortó las atribuciones de Garrido, que ya no puede
presentarse en las causas de corrupción y pedirles medidas de
prueba a los jueces, salvo casos excepcionales. Desde
entonces, la relación entre el titular de la FIA y su jefe es
crítica.
A nadie sorprendió entonces
que Righi no hubiera respondido la nota de la AGN y se hubiera
limitado a reenviársela a Garrido.
En aquella nota (la 79/08
P), los auditores le advirtieron al procurador que habían
recibido "reiteradas solicitudes de información" de la FIA
"sobre diversas temáticas", y sostuvieron que su deber de
colaboración con el fiscal se iba a "ver satisfecho" cuando
los informes finales, una vez aprobados, fueran publicados en
Internet.
No sólo los kirchneristas
firmaron esta comunicación. También, los radicales Alfredo
Fólica y Horacio Pernasetti, con quienes LA NACION intentó
comunicarse anoche sin éxito.
El auditor por el
oficialismo Javier Fernández explicó los motivos de la
decisión: "Los informes aprobados están en la Web y si los
pide Garrido o quien sea se los damos, pero nuestros papeles
de trabajo son reservados hasta que se termine la auditoría...
Nosotros no obstaculizamos nada".
-¿Y si el que pide esos
documentos es otro fiscal o un juez?
-No tenemos una decisión
tomada, eso tiene que resolverlo el Colegio de Auditores.
Tampoco lo de Garrido es una decisión final.
El diputado Juan Carlos
Morán (CC-Capital), uno de autores de la denuncia por los
presuntos sobreprecios en el tendido eléctrico de Santa Cruz,
cuestionó la decisión de la Auditoria. "Es parte de una
estrategia del Gobierno de avasallamiento de los organismos de
control. Se recortan las atribuciones de Garrido, se limitan
las funciones de Despouy al frente de la AGN y no se cubre la
vacante en la Oficina Anticorrupción. Todo ayuda a garantizar
la impunidad", dijo.
El auditor justicialista
Oscar Lamberto lo desmintió: "Esto no es más que un problema
de competencia: la Auditoria depende del Parlamento y la FIA
de la Procuración. Si la FIA quiere algún documento, tiene
facultades para pedírselo al Poder Ejecutivo. No necesita que
se lo demos nosotros".
Los auditores kirchneristas
están indignados con Garrido desde marzo de 2007, cuando el
fiscal denunció irregularidades en el contrato de concesión de
los aeropuertos sobre la base de un informe de la AGN que aún
no había sido aprobado por el Cuerpo de Auditores. De hecho,
nunca lo fue. Como el Congreso ya había votado la prórroga de
la concesión, el asunto se declaró abstracto en la AGN.
Paz Rodríguez Niell, LA NACIÓN, columna
del 17-1-2009
Un caso sensible
DOMINGO 4 DE ENERO
Revelación periodística
LA NACION reveló que la
Auditoría General de la Nacion (AGN) investigaba por qué un
segundo tramo del tendido de alta tensión que va de Río Negro
a Santa Cruz costó 48% más caro que el primero
LUNES 5 DE ENERO
Respuesta
Electroingeniería negó que
se la investigara por sobreprecios.
SABADO 10 DE ENERO
Controvesia
La difusión del informe
generó una fuerte polémica dentro y fuera de la AGN, que tiene
mayoría oficialista
JUEVES 15 DE ENERO
Decisión oficial
El kirchnerismo anunció que
le quitará al presidente de la AGN, un dirigente radical, la
oficina de prensa
Protagonistas
MANUEL GARRIDO
Fiscal de investig. administrativas
Tiene a su cargo un
organismo creado por ley para investigar los delitos de los
funcionarios públicos nacionales. Impulsó causas como las
presuntas coimas de Skanska y el supuesto enriquecimiento
ilícito de los Kirchner. En noviembre su jefe limitó sus
atribuciones.
OSCAR LAMBERTO
Auditor de la AGN (PJ)
Es uno de los cuatro
miembros oficialistas de la Auditoría General, que tiene
además tres representantes de la oposición. Firmó la decisión
que "delineó los límites" de la colaboración de la AGN con
Garrido y argumentó que los documentos de trabajo son
confidenciales.
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