11 de Noviembre de 2008

La gota de agua: apenas dos semanas antes de que el procurador general de la Nación limitara el poder de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, el fiscal Manuel Garrido había denunciado al funcionario del momento, Amado Boudou, el director de la ANSES que se convirtió en estrella del kirchnerismo con la estatización del sistema previsional. Garrido lo acusó de malversación de caudales públicos, desobediencia, violación de la Ley de Ética Pública e incumplimiento de deberes del funcionario público. Después de cinco años de soportar las denuncias del fiscal, el vaso de la paciencia K rebasó. Ahora, si un juez de primera instancia desestima la denuncia, la FIA no podrá apelar y la investigación sobre Boudou se ahogará en el olvido.

La historia que terminó con la resolución de Esteban Righi que restringió el poder de la FIA para investigar hechos de corrupción comenzó con una cifra: 1.336.257.806 pesos. Se trata de los fondos que la Administración Nacional de la Seguridad Social debía enviarle a Córdoba para financiar la Caja de Jubilaciones provincial y que nunca depositó. O lo que es peor: se trata de una deuda del Estado nacional con ese distrito que la ANSES ocultó deliberadamente, según detectó la auditoría de la Defensoría del Pueblo de la Nación que dio origen a la denuncia de Garrido.

EL CASO. En abril de este año, el defensor del Pueblo, Guillermo Mondino, inició un expediente para establecer el estado de las transferencias de la ANSES a la Caja de Jubilaciones cordobesa. Mondino solicitó la información, pero Boudou se la negó. En Córdoba afirmaban que les debían al menos 500 millones de pesos.

El 5 agosto, Mondino envió a un grupo de funcionarios al edificio de la ANSES para obtener la documentación. Nuevamente, Boudou denegó la información. La misma escena se repitió al día siguiente con un agregado: el director ejecutivo de la ANSES aseguró que la Nación no tenía ninguna deuda con Córdoba, a diferencia de lo que sostenía el gobernador Juan Carlos Schiaretti, por esos días enemigo declarado de la Casa Rosada.

El defensor del Pueblo pidió intervención judicial. El juez federal Norberto Oyarbide habló por Mondino y le ordenó a la ANSES abrir sus libros. En septiembre, y ya con los papeles en la mano, el equipo de la Defensoría del Pueblo llegó a una conclusión: entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de julio de 2008, la Nación había acumulado una deuda de 2.013 millones de pesos con la provincia. Mondino, entonces, le recomendó a la ANSES que normalizara las transferencias utilizando los recursos que para ese fin estaban asignados en el Presupuesto 2008.

Boudou dijo que “ni”: pasó de hablar de la deuda inexistente a admitir que en realidad le debían a Córdoba 676.994.474 pesos. Pero faltaban 1.336.257.806 pesos que, habiendo sido asignados en el Presupuesto para ese fin, nunca llegaron a su destino. Las transferencias a la Caja de Jubilaciones estaban suspendidas desde septiembre de 2007 y, según la Defensoría del Pueblo, esa decisión “no respondía a fundamento alguno y era arbitraria”.

La reticencia de Boudou a brindar información de carácter público, su negativa a girar los fondos y la arbitrariedad para dictar medidas administrativas, motivaron la denuncia que Mondino presentó ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. El defensor del Pueblo pidió que se indagara al funcionario K por cuatro delitos: “Desobediencia por la férrea y reiterada negativa de la ANSES en responder”; “incumplimiento de los deberes de funcionario público” por no solicitar la remisión del dinero presupuestado; “malversaciones de caudales públicos”, por destinar el dinero reclamado a una finalidad no prevista en la ley, y violación de la Ley de Ética de Pública, por incumplir con su obligación de “mostrar la mayor transparencia en las decisiones adoptadas sin restringir información”.

El fiscal de Investigaciones Administrativas hizo suya la auditoría de Mondino y le dio curso a la denuncia. “Existirían elementos de conocimiento suficientes para suponer la posible comisión prima facie de delitos de acción pública”, afirmó Garrido. El expediente se abrió en el fuero Criminal y Correccional Federal el 22 de octubre, un día antes de que la Presidenta anunciara el fin de las AFJP. Hoy, Amado Boudou está cerca de heredar los más de 85 mil millones de pesos de ahorros que administra el sistema de capitalización. La denuncia no se lo impedirá. La reciente decisión del procurador general, Esteban Righi, de limitar las funciones de la FIA, restringió las posibilidades de Garrido para impulsar la causa. Ésa fue la última de las 46 denuncias penales contra funcionarios kirchneristas que presentó la FIA desde 2004 y que esta semana fueron condenadas al archivo. Critica De la Argentina

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recortan facultades al ente anticorrupcion

Para el fiscal Garrido “esto es un problema institucional”

El periodista y columnista de PERFIL entrevistó ayer por la mañana en su programa radial, que sale al aire por AM Del Plata, al fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, a quien el procurador general de la Nación, Esteban Righi, le restringió la posibilidad de continuar investigando a funcionarios del gobierno de CFK.

Garrido. Comandó las principales causas contra el kirchnerismo.

—Estoy preocupado por esto. ¿Qué significa?

—Significa que a partir de ahora la fiscalía va a poder hacer muchos menos cosas que las que venía haciendo.

—Y esto, ¿con qué objetivo?

—El objetivo no lo sé. No puedo descifrar el objetivo, yo lo único que puedo decir es que efectivamente la ley es una ley muy mal hecha, muy mal escrita y que, lamentablemente, siempre que hay que interpretar las facultades de los órganos de control se las interpreta de la manera más restrictiva posible, eso es lo único que le puedo decir. Creo que efectivamente la ley es una ley que ya le había recortado facultades a la fiscalía. Eso es interesante por la historia de la fiscalía, la propia resolución del procurador lo va mostrando. Que en los 46 años de existencia que tiene la fiscalía, tiene que atravesar distintas crisis y sucesivamente las leyes que se van dictando te van recortando facultades. Pero lo que ocurre ahora es que la ley que está vigente es muy mala y que había dado a lugar a muchas discusiones. Finalmente, la interpretación que ahora adopta el procurador es una interpretación lo más restrictiva posible de esas facultades, de la forma como debe ser interpretada esa ley

—Recordamos para el público, que entre las investigaciones que usted llevó adelante está la del INDEC, la de la manipulación de los datos con testimonios muy claros, o causas como el supuesto pago de sobreprecios por la reconstrucción de vagones contra el secretario de Transporte Ricardo Jaime. ¿Quiere decir que a estas cosas, aun cuando usted tenga los datos, no las va a poder investigar más?

—Acá lo que hay que tener en cuenta es que los fiscales y los gobiernos pasan y las instituciones quedan. No es un problema mío personal. Sino que lo que está en juego son las atribuciones del organismo de control que, según esta resolución, es un organismo para hacer sumarios administrativos y no una fiscalía especializada en investigar corrupción. Esto implica, por ejemplo, que sobre determinados casos, la fiscalía podrá continuar haciendo investigaciones preliminares, pero una vez que esas denuncias sean realizadas ante la Justicia, va a perder intervención, salvo que la denuncia sea originaria de la fiscalía. En la practica usted bien sabe que cuando hay un hecho de corrupción importante, enseguida se hacen denuncias en tribunales, directamente con el recorte del diario, con lo cual, la fiscalía difícilmente pueda alguna vez ejercer la acción penal subsidiaria o intervenir en esas causas judiciales. Esta es la consecuencia de esta interpretación restrictiva de la norma.

—En el caso del INDEC, usted investigó, aportó datos, testimonios de funcionarios que decían cómo se manipulaban los datos y después fue a la Justicia federal y siguió avanzando. ¿Esto quiere decir que esto usted no lo va a poder hacer más?

—No. El caso del INDEC es un buen ejemplo porque en ese caso los senadores que hicieron la denuncia vinieron primero a la fiscalía, en el mes de febrero de 2007, cuando nosotros estábamos haciendo una investigación preliminar. Los mismos senadores fueron a hacer la denuncia ante la Justicia, eso significa que cuando nosotros terminamos nuestra investigación, ya había una causa en la Justicia. Nosotros le pasamos nuestra investigación, con nuestras conclusiones, a Stornelli, que las compartió, pero ahora esto significa que si el día de mañana esa causa se cierra, la fiscalía no va a poder apelar esa decisión.

—¿Esto significa que los funcionarios políticos quedan fuera del accionar de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas?

—No quedan fuera en el ámbito de las investigaciones preliminares, pero una vez que haya un caso judicial, en el 99 por ciento de los casos, la fiscalía va a quedar afuera de poder apelar las decisiones que los favorezcan, o de que la fiscalía pueda aportar pruebas, o sugerir medidas de prueba o aportar elementos a las investigaciones judiciales.

—Usted pudo hablar con el procurador de la Nación del por qué de esta limitación, que parece sin sentido, porque le quita a la Justicia federal el aporte de un organismo que le puede dar elementos de prueba muy importantes...

—Esta decisión que se dicta es la respuesta a los pedidos que nosotros veníamos haciendo sobre los problemas que había, sobre la discusión que existía. La propia resolución hace mención de que en algunos casos no se nos había admitido la presentación de escritos o también en el caso de la apelación de un medida cautelar, cuando nosotros cuestionamos la renegociación con Aeropuertos Argentina 2000. Obviamente que nosotros manifestamos cuál era nuestro criterio. Lo que me parece importante es que más allá de la acción del procurador, lo que está claro es que el señor procurador está interpretando una norma deficiente y de hecho creo que ya con la ley que estaba vigente, la Argentina estaba en problemas en cuanto poder sostener que tenía un organismo especializado para investigar corrupción. De hecho, algún medio levantó mi opinión sobre lo que dije el jueves en un foro público sobre que cuando nosotros estabamos en la oficina Anticorrupción, nos decían que estabamos usurpando las funciones de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.

A la oficina anticorrupción, la ley que la crea le reconoce la posibilidad de querellar y en ese momento decían cómo la Oficina Anticorrupción querellaba si eso lo hacía la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Ahora, cinco años después, nos venimos a desayunar que tampoco era así, que la fiscalía tampoco puede ejercer esas funciones. O sea, que si era una usurpación lo de la oficina y la fiscalía no las tiene, entonces creo que deberíamos revisar y esto es una responsabilidad del Congreso Nacional: revisar cuál es el diseño de los organismos que tienen que investigar y perseguir corrupción y si éste satisface los estándares que los países se han impuesto para luchar contra el fenómeno de la corrupción.

—¿Usted entiende, cree, está convencido, sospecha de que lo que ha buscado el Gobierno es efectivamente limitar las investigaciones sobre funcionarios importantes del poder político sospechados de corrupción?

—Yo no puedo hacer inferencia, esa información yo no la manejo. Lo que creo es que esta interpretación recorta facultades de la fiscalía. Esto es de acá para el futuro, para cualquier gobierno, y creo que es un problema institucional para el país, mas allá de cualquier gobierno. Por Nelson Castro para el Diario Perfil.

 

Un dolor de cabeza para los K

Las investigaciones de Manuel Garrido fueron un constante dolor de cabeza para el gobierno de Néstor Kirchner. Asumió el control de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas hace cinco años, casi en sintonía con el desembarco del kirchnerismo en Balcarce 50. Bajo su control, los principales escándalos de corrupción pasaron por sus manos: El supuesto enriquecimiento del ex presidente Néstor Kirchner, la manipulación de índices del INDEC, la bolsa de Felisa Miceli y las presuntas coimas de Skanska. Ahora, con la reciente decisión de la procuración, en muchas de esas causas, la fiscalía no podrá apelar los fallos judiciales ni ejercer cualquier accion penal contra funcionarios.Reproduccion textual de Diario perfil entrevista de Nelson castro, periodista