04 de Noviembre de 2008

Lamentablemente, no nos equivocamos quienes en su momento advertimos, con enorme preocupación, que la última reforma de la composición y las normas que gobiernan al Consejo de la Magistratura afectarían la independencia e imparcialidad de nuestro Poder Judicial. Hoy, hasta los propios jueces, por boca del presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, señalan el despropósito republicano que constituyó esa reforma y la enorme presión que se ejerce sobre los jueces desde el Consejo, y directamente a veces desde el Poder Ejecutivo.

Esa reforma, que fue impulsada personalmente por la actual presidenta de la Nación -por entonces ocupaba una banca de senadora nacional-, ha servido para manipular groseramente las designaciones judiciales de modo de hacerlas recaer en personas afines a quienes conducen la administración del país y, peor aún, ha logrado imposibilitar que los candidatos efectivamente idóneos e independientes pudieran acceder a ellas, hasta llegar al extremo de anular concursos cuando sus ganadores no resultaron del agrado del poder de turno.

La gravedad institucional de lo expuesto es enorme. La ciudadanía lo advirtió en su momento, pero el oficialismo hizo pesar su sincronizada mayoría legislativa. Las consecuencias están a la vista. En un sistema republicano, la Justicia es una barrera contra la arbitrariedad, incluida la que con frecuencia se origina en el Poder Ejecutivo, y no un mecanismo de impunidad para los afines o de injusta persecución para los disidentes, como parecen pensar los estrategas del Gobierno.

Es que la manipulación referida está dirigida, frecuentemente, a tratar de asegurar impunidad para las irregularidades de los propios gobernantes, lo cual es inaceptable, o para discriminar abiertamente a los autores de una misma conducta persiguiendo a unos y alentando a otros en función de su apoyo al oficialismo.

El Consejo de la Magistratura, sin el balance de los abogados y jueces, y claramente dominado por los legisladores, esto es por la política, no garantiza como debería la imparcialidad en la trascendente tarea de impartir justicia.

Esta situación se suma a realidades cotidianas que se van acumulando y conforman una situación de deterioro de la imagen de la Justicia.

Por citar sólo un par de ejemplos, es realmente increíble que el juez federal Claudio Bonadío, cuyos fallos son frecuentemente funcionales al poder, pueda esquivar una y otra vez la acción disciplinaria del Consejo de la Magistratura. Bonadío continúa en su cargo, pese a la avalancha de cuestionamientos que en el tiempo se han acumulado sobre él. No habría que descartar que algunas de sus resoluciones afines a los deseos del Poder Ejecutivo, como la reciente prohibición de realizar operaciones con títulos públicos y acciones a las AFJP, tuvieran mucho que ver con esa situación.

A los malos ejemplos deben sumarse actitudes de la cuestionada jueza federal María Romilda Servini de Cubría, cuyos fallos también suelen coincidir con las aspiraciones del poder central cuando de ejercer la jurisdicción electoral se trata. La magistrada pretende remover de los buscadores más utilizados en Internet todo su triste historial, que ella considera ofensivo, como si la gente no tuviera memoria.

También siguen sin resolución las acusaciones que penden sobre el juez federal de Zárate-Campana, Federico Faggionatto Márquez, acusado, entre otras graves irregularidades, de haberse quedado con parte de una cosecha de soja sobre la que pesaba una medida cautelar.

Acusaciones como éstas deben ser prontamente resueltas, pues el solo hecho de estar pendientes es un agravio a la Justicia, mucho peor si resultan fundados los cargos.

Mientras todo esto sucede, el Consejo de la Magistratura investiga selectivamente la actividad de los magistrados en sintonía con las conveniencias del Gobierno. Ha averiguado sin justificativo alguno qué han hecho los distintos jueces ante los cortes de ruta durante la protesta del campo, pero no se ha interesado por episodios similares cuando los protagonizaron partidarios del Gobierno. Ni qué decir sobre la inquietud que debería provocar en este órgano la inaceptable parálisis de las numerosas causas por corrupción que languidecen en los tribunales, seguramente sabedores de que una simple auditoría provocaría resultados demoledores.

Muchas de estas conclusiones fueron avaladas días atrás, en un debate organizado por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y LA NACION, en el cual se coincidió en cuestionar la injerencia del kirchnerismo en la Justicia y en afirmar que cada vez se investiga menos a los funcionarios públicos acusados de corrupción.

En tanto el Consejo de la Magistratura siga, como hasta ahora, dominado por la política partidaria, la imparcialidad de la Justicia será sistemáticamente vulnerada. El Consejo, en su actual composición, es incompatible con la independencia del Poder Judicial, lo cual es sumamente grave para la salud de la República. Reproducción textual del editorial del Diario La Nación del 31-10-2008