03 de Junio de 2009

Sorprende enterarse de que en la ciudad de Buenos Aires se construyan edificios de hasta siete pisos sin permiso

Con razonable asombro, no exento de cierta preocupación, los habitantes de la ciudad de Buenos Aires se han enterado de que son construidos edificios de hasta siete pisos sin autorización alguna. No es para menos que esto sorprenda: los organismos especializados del gobierno autónomo son los responsables de fiscalizar el cumplimiento de las reglamentaciones vigentes, que exigen no realizar obras sin antes contar con el permiso respectivo.

Cae por su peso que esas obras ilegales -construcciones nuevas o modificaciones de edificios ya existentes, y también demoliciones- pueden estar viciadas por anomalías diversas, como ser defectuosas e inseguras y, por ende, acarrearles riesgos a quienes habrán de habitarlas. En el mejor de los casos, hablan a las claras de la existencia de inadmisibles descontroles técnicos y administrativos, cuya subsistencia refleja una paupérrima imagen de los funcionarios supuestamente idóneos a los cuales se les ha encomendado la misión de autorizarlas e inspeccionarlas. Al margen, por supuesto, de que tamaños ilícitos provocan justificadas sospechas de la existencia de actos de corrupción, incluso a pesar de que todavía no se han comprobado irregularidades en ese sentido.

Fuentes gubernamentales arguyen que desde el 1º de enero pasado han sido clausuradas obras anómalas a razón de dos por día. Pero en la mayor parte de esos episodios las interdicciones no tuvieron origen en comprobaciones oficiales directas, sino que fueron promovidas por las 2500 denuncias vecinales concretadas en ese mismo lapso, en gran proporción por presunción de clandestinidad o por falta de medidas de seguridad.

Cabe convenir en que hay trabajos de ese tenor (en especial, las reformas de interiores)que pueden pasar inadvertidos a los ojos de los funcionarios. No obstante esa salvedad, cuesta entender cómo y por qué pudieron avanzar de manera significativa ciertas construcciones de volumen y magnitud considerables: por ejemplo, y según lo consignó hace unos días LA NACION, el avanzado esqueleto de un edificio de siete pisos en Niceto Vega al 5600, erigido sin el correspondiente permiso y clausurado desde hace dos meses, u otra construcción ya terminada y en venta ubicada en Felipe Vallese al 700, en Caballito, que posee dos plantas más que las registradas y aprobadas en los planos.

En cambio, los vecinos dan la impresión de ser más inquisitivos a ese respecto. Desconfían de los controles gubernamentales y, con elogiable compromiso cívico, se preocupan por revelar esas anormalidades. Desde la creación del sistema único de denuncias, en 2005, han ingresado en él 21.700 intervenciones vecinales; en 2008 y en lo que ha transcurrido de este año ya han sido registradas 7176.

Es alentador, por lo menos, que las autoridades locales se hayan preocupado por introducir correcciones a las probables fallas de los procedimientos de autorización y fiscalización de las obras. Admitidas las deficiencias, fue incrementada la cantidad de inspectores en la calle. Las inspecciones van a sorteo y se dispuso dividir a la ex Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro en dos reparticiones: la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, dedicada a controlar el trámite de cada obra, y la Dirección de Fiscalización y Control, coordinada por la Agencia Gubernamental de Control, encargada de verificar que las obras estén en regla.

Tales modificaciones son, sin duda, positivas. Sería deseable que pudiesen revertir las situaciones de ilegalidad subsistentes. Así y todo, esta realidad en particular sigue siendo inquietante, si ya sea por exceso de burocracia, desidia, falta de idoneidad y/ o corrupción se ha llegado a estos extremos en materia edilicia.